Existe una metáfora conocida en ámbitos políticos y empresariales, la del elefante que se metió en la habitación, del que nadie quiere ni le interesa hablar, a pesar de que todos saben que se encuentra ahí. Algo así como un voluminoso problema que no se quiere afrontar. Pues bien, esta historia bien resume la posición adoptada por los Petro, Gustavo y Nicolás, padre e hijo, en el caso del presunto ingreso de dineros irregulares o no declarados, al menos, en la campaña o precampaña presidencial de 2022. Asunto que sigue provocando entre perplejidad e indiferencia.

Sus nuevos señalamientos formulados esta semana contra la Fiscalía por violación de derechos, el denunciado “golpe contra la Constitución” o el anuncio de una cruzada legal ante la CIDH, que emprenderá el equipo legal del exdiputado en demanda de garantías para sus procesos, han reconducido la atención de la opinión pública.

Ahora, en vez del hecho como tal, se habla más de los excesos en los que habría incurrido el ente acusador, basados en aparentes motivaciones políticas, según análisis soportados en el extenso historial de desencuentros entre el mandatario y Francisco Barbosa, quien toma distancia, reclama que “no se politice una situación meramente judicial” y, en todo caso, le pide a los Petro probar sus acusaciones sobre presiones.

Ahí vamos. En la medida en que el silencio sobre lo realmente importante, esas verdades que reclama el país comienza a ser tan ensordecedor, muchos son los que, convenientemente, parecen olvidar o relativizar lo hasta ahora evidente: la presunta financiación ilícita de la campaña o precampaña del hoy jefe de Estado, por la que el exdiputado Petro irá a juicio. Ciertamente, este ha sido un movimiento estratégico que los ha llevado a retomar la delantera o a pasar a la ofensiva en un momento definitivo para la gobernabilidad del Ejecutivo, que actuando como un dique intenta tapar una grieta por un lado, cuando se le abre otra en un punto distinto. Preocupa.

El riesgo es que haga agua, un escenario totalmente inimaginable, porque es la institucionalidad la que quedaría a la deriva. Puede ser solo una percepción sobre el incierto rumbo que ha tomado este escándalo, pero la revelación de circunstancias tan poco transparentes, de difícil comprensión para los ciudadanos, resulta desalentadora.

Si bien es cierto que la filtración judicial del interrogatorio del señor Petro Burgos en presencia de su entonces abogado, como advirtió su actual defensa, es ilegal y carece de validez probatoria, también lo es que si no hay retractación, como hasta ahora no ha ocurrido, lo mínimo que se esperaría es que los organismos competentes actúen en consecuencia. La Fiscalía, por tanto, compulsa copias a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo Nacional Electoral para que indaguen la posible ocurrencia de delitos relacionados con la financiación de la campaña. A partir de ahí, todo inicia. Es lo más razonable.

De entrada se precisa que estos organismos, con competencias definidas, son los llamados a investigar y resolver la existencia o no de conductas delictivas en este caso, para lo que deberán otorgar plenas garantías a los implicados. No será fácil. En el camino tendrán que esmerarse para no caer en vacíos e inconsistencias que podrían instrumentalizar o politizar sus decisiones.

Construir confianza es una obligación constante de las entidades del ordenamiento jurídico del Estado que, dicho sea de paso, no son ideales. Pero, irse al extremo de poner en tela de juicio sus fallos, flaco favor le hace a la institucionalidad. Si no son lo esperado, pues, habrá que cambiarlas, pero la ley del embudo no funciona en democracia. Mejor, más claridades y menos controversias.

En el Atlántico, la cuestión se torna aún más espinosa. Lo declarado por Petro Burgos sobre los recursos entregados a la campaña por el clan Torres, liderado por el megacontratista Euclides Torres ha arrinconado contra la pared a reconocidas figuras de esta casa política que guardan silencio. No siempre fue así. En septiembre de 2021, previo al masivo acto de la famosa P en la Plaza de la Paz en Barranquilla, alardeaban de su poderío en todo sentido. ¿Fue solo el acto de La Arenosa o pagaron los Torres otros eventos en ciudades de la Costa? ¿Y si fue así, obtuvo algo a cambio? ¿Qué acordó Euclides Torres con el electo mandatario durante su encuentro en Italia?

De momento, el presidente Petro admite que Torres financió lo que él llama “reunión política”, la de la P hace dos años en la ciudad, y deja claro que la campaña aún no había comenzado. Cierto. Pero siendo un precandidato como ya era, que encarnaba, además, el cambio en la manera de hacer política, decidido a romper con esas prácticas que enlazan la contratación pública con la financiación de campañas, cómo no vio ese elefante en la habitación. O fue que no lo quiso ver.

Puede que lo ocurrido no sea ilegal, de acuerdo, eso las investigaciones lo determinarán, pero ética y moralmente deja mucho que desear que no se estimaran riesgos. En este episodio recobra validez aquello de que no hay cuña que más apriete que la del mismo palo.