Como si de coleccionar polémicas y peleas se tratara la función de un jefe de Estado y de su Gobierno, el colombiano se ha vuelto experto en esos menesteres. Cada semana expertos, políticos, analistas y, en consecuencia, los medios de comunicación deben ocuparse de examinar, revisar, interpretar y tratar de entender las razones de cada nuevo desencuentro del primer mandatario.

Después de una intensa semana de opiniones, llamados y decisiones diplomáticas por cuenta de la guerra en la Franja de Gaza, la última ‘pelea’ del Gobierno nacional es por cortesía del propio presidente Gustavo Petro y coadyuvada por su canciller, Álvaro Leyva.

Ese rifirrafe comenzó con la carta que envió el presidente a la Organización de las Naciones Unidas refrendando, como debe ser, y sobre todo con su proyecto bandera de paz total, su apoyo irrestricto al acuerdo de paz de 2016 suscrito con las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Farc.

El tema es que en esa carta el mandatario colombiano no solo se refiere a que hay que respetar dicho acuerdo en su integralidad y sin “modificación alguna”, sino que le recuerda a la Jurisdicción Especial para la Paz –creada mediante el Acto Legislativo 01 del 4 de abril de 2017 como parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición– sus obligaciones.

Menciona el jefe de Estado en la misiva, enviada el pasado viernes, que la JEP tendrá que cumplir “sin dubitación alguna” con la normatividad que permitió su creación para garantizar justicia. Pero además enfatiza en que “tendrá que tener en cuenta toda la competencia personal a ella asignada. Esta no podrá ser limitada ni condicionada”. Entre otras cosas, también le recuerda a este organismo judicial –que tiene autonomía administrativa, presupuestal y técnica– que no podrá limitar o condicionar el derecho a la verdad, porque “esquivarlo o eludirlo conllevaría responsabilidades”.

De inmediato el presidente de la JEP, el magistrado Roberto Vidal, le reviró al Gobierno nacional y en un comunicado público dejó claro el papel de la jurisdicción que preside, asegurando que hasta el momento ha tomado decisiones con absoluta independencia de todos los poderes públicos

Aclara que la JEP solo está sometida a los mandatos de la Constitución Política y a las normas que rigen el Estado de Derecho, por lo cual nadie –ni siquiera los firmantes del acuerdo de paz de 2016: Gobierno y ex-Farc– pueden emitir órdenes y orientaciones sobre el sentido de sus decisiones.

La cosa no paró allí. Porque ahí mismo el ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva, publicó en su cuenta de X casi que un regaño al llamado del presidente de la JEP, en la que menciona que el comunicado del magistrado Vidal es fruto del desconocimiento del significado de una declaración unilateral de Estado ante el Consejo de Seguridad de la ONU. “Pena. Gustavo Petro, jefe de Estado, está obligado a cumplirla y hacerla cumplir. In claris non fit interpretatio”, cerró Leyva con esta frase en latín que quiere decir que “en las cosas claras no se hace interpretación”.

En una sesión anterior del Consejo de Seguridad de la ONU, el propio Leyva había criticado el rol de la JEP, señalándola de estarse “descarrilando” por no aceptar paramilitares bajo su competencia y afectando así –según el canciller– los derechos de las víctimas a la verdad.

Más allá de las diferencias de criterios y de posiciones frente a los temas relacionados con la paz y el conflicto armado en el país, es menester propender por la independencia de cada poder público. La paz es y tiene que ser un propósito común a todas las esferas del Estado.

Claro que el presidente tiene la obligación, como jefe de Estado, de velar por la seguridad y tranquilidad de todos los ciudadanos. Pero, ciñéndose a la ley, la Jurisdicción Especial para la Paz tiene la autonomía para actuar en el cumplimiento de las funciones para las que fue creada.

Los trapos sucios se lavan en casa, sí es que cabe la comparación para llamar la atención sobre la necesidad de que en el interior de las instituciones y en el marco del respeto se puedan debatir las diferencias para el gran propósito de la paz, y no en los escenarios internacionales a los que el país debe llegar con unidad de criterio como un Estado democrático y serio.