El negacionismo del presidente Gustavo Petro ante las amenazas de estructuras ilegales contra las elecciones regionales de este domingo se ha dado de bruces contra la barbarie criminal de estas organizaciones.

En una misma jornada, la del pasado viernes, mientras el jefe de Estado desestimaba las alertas emitidas por entes de control, el Clan del Golfo mató a tres militares en un ataque armado en Tierralta.Ese municipio hace parte de más de un centenar de territorios considerados en riesgo extremo. También en Córdoba, un policía fue asesinado hace pocas horas.

Es lamentable que, en la víspera de una cita electoral tan relevante para las regiones por el poder político local en juego, el mandatario envíe un mensaje que desmoraliza. Por un lado, a comunidades intimidadas o confinadas por el violento accionar de ilegales que si el Estado no lo evita les impedirán ejercer su derecho al voto, como en anteriores ocasiones. Y, por el otro, a miembros de la Fuerza Pública que arriesgan sus vidas para preservar la democracia, metiéndose en la boca del lobo, en zonas donde los violentos ejercen un férreo control territorial y social.

Los graves hechos de Gamarra, Cesar, en los que una funcionaria de la Registraduría murió durante una asonada instigada por personas descontentas con decisiones electorales responden a lo advertido por la Defensoría del Pueblo sobre el riesgo de disturbios derivados de conflictos sociales. De modo que ni es “una burbuja con la intención de generar votos” ni los jefes de los organismos de control se inventaron que la actual es una de las campañas más violentas de los últimos años.

Si por sus recurrentes choques con las cabezas de Fiscalía, Procuraduría o Defensoría o, simplemente, por su conocida tendencia de llevar la contraria, el mandatario considera que sus alertas sobre alteraciones del orden público son puros embelecos, pues debería revisar los informes sobre violencia electoral revelados por grupos de la sociedad civil.

Todos dibujan un crítico panorama por la violencia desatada por organizaciones ilegales y mafias políticas, que suelen darse la mano para quebrantar o socavar la libre voluntad de los electores.

Mientras la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) habla de 325 víctimas, 37 asesinatos y 51 atentados en el último año, la Misión de Observación Electoral (MOE) eleva los crímenes a 41 y señala que la violencia política, la más alta desde 2007, creció un 92,1 %, comparada con el proceso de 2019. Realidad preocupante, pero aún más alarmante en el contexto de ceses el fuego en curso que, contrario a lo que se esperaría o a lo que la lógica indicaría, no redujo la violencia.

Más bien su capacidad de contagio se extendió en regiones como el Cauca, donde el Estado Mayor Central (EMC), al mando de ‘Iván Mordisco’, ha levantado un fortín inexpugnable. Solo después de varios intentos, el Ejército pudo ingresar a El Plateado, en Argelia, para ofrecer garantías a candidatos y votantes. Y no es la única con dificultades.

Como si el ambiente no estuviera lo suficientemente enrarecido, el vergonzoso comunicado en el que la principal disidencia de Farc había sido convocada al acto oficial de instalación de las votaciones en Popayán, divulgado por la oficina del Alto Comisionado y desautorizado, luego, por el presidente, demostró una vez más la improvisación, fragilidad y descoordinación de la política de la paz total.

Ciertamente, actores de la institucionalidad electoral, tanto en comités nacionales como en encuentros locales, se esforzaron por anticiparse a eventuales escenarios de riesgo, pero no lograron articularse para ser efectivos, quizás porque el celo los devoraba y terminaban agarrados. Con lo que, a estas alturas, no se sabe si hará falta trasladar mesas, como en el pasado.

El Gobierno intenta frenar en seco la inmensa corrupción electoral enquistada como un cáncer social en Colombia, con un inédito sistema de recompensas. Habrá que ver qué tanto hace desistir a ‘mochileros’ y casas de compra de votos de criminales de cuello blanco, lo de menos es su signo ideológico, de ejecutar sus impresentables estrategias. O si se trata solo de maquillaje.

La suerte está echada. Casi 39 millones de ciudadanos estamos convocados a las urnas para elegir a autoridades locales y regionales, tras una campaña que por muchos aspectos, sobre todo por las mentiras, manipulaciones e interferencias indebidas del Gobierno nacional y de algunos territoriales, cercanos a él, ha sido asquerosa.

Está por verse si la elección se convierte en una suerte de referendo de la gestión del presidente Petro o si esto afectará el tránsito de sus reformas en el Congreso. Aún es incierto. Por lo pronto, cumplamos a conciencia con el deber constitucional y aferrados a la ley, exijamos que nuestra Fuerza Pública actúe con libertad para asegurar la normalidad de una jornada que en la Colombia profunda se encara con mucho temor.