Las imágenes que le dieron la vuelta al país y causaron indignación en las que disidentes de las Farc pertenecientes al llamado Estado Mayor Central que comanda ‘Iván Mordisco’ inauguraban obras públicas en dos municipios de Nariño en los últimos 15 días pusieron una vez más en la discusión pública el alcance y expansión de los grupos armados criminales que operan en el país.

Como si se tratara de autoridades legítimamente reconocidas, los hombres armados cortaron cinta de inauguración, echaron discursos y organizaron con las comunidades –seguramente coaccionadas por ellos– actos públicos con muestras de talento y hasta con cura y virgen a bordo.

El primer hecho ocurrió en el municipio Policarpa, en donde el Frente ‘Franco Benavides’ presidió la inauguración de una vía, y cuatro días después se conocieron las imágenes de otro evento con tarima y todo, esta vez en El Rosario, también para la entrega de otra vía por parte del mismo frente.

Sobre el particular el gobernador nariñense enfatizó en que dichas obras se realizaron con dineros producto de las extorsiones a campesinos y comerciantes del Departamento.

No faltaba más que estos criminales, utilizando las armas y delinquiendo pretendan imponer su ley en los territorios mostrándose como los salvadores y como quienes pueden traer desarrollo y seguridad a las comunidades, por demás altamente vulnerables e indefensas frente a la presión de los delincuentes.

A qué nivel de degradación y cinismo se ha llegado en el territorio nacional que en medio de la paz total que promueve el Gobierno pareciera que los grupos armados ilegales han encontrado el caldo de cultivo perfecto para extender sus tentáculos criminales y su accionar en buena parte del territorio nacional, al punto de suplantar al Estado y las instituciones legalmente constituidas para garantizar el bienestar y la seguridad a los ciudadanos.

Los más recientes informes sobre paz y conflicto de organismos internacionales y de organizaciones no gubernamentales en el país advierten sobre la expansión de estas organizaciones armadas, situación que fue objeto de debate en el Congreso de la República.

Con base en los informes de Indepaz, Pares, MOE, ONU, Defensoría del Pueblo, Amnistía Internacional y el propio Ministerio de Defensa, se reveló que el grupo criminal que mayor expansión ha tenido es el Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc –EMC–, que ha aumentado su presencia un 39,5 % con 3.480 miembros en 166 municipios (15 % del país).

También han alargado sus tentáculos criminales el Ejército de Liberación Nacional a 215 municipios con 6.100 integrantes (ocupa casi el 20 % del territorio nacional); el Clan del Golfo, en 270 municipios (24 % del país), especialmente en el Caribe y en el Pacífico; y ni qué decir de las Autodefensas Gaitanistas de la Sierra Nevada, que con 1.100 miembros controlan totalmente el Magdalena.

Se preguntan los colombianos –inevitablemente– si valdrá la pena el esfuerzo y la mano tendida del Gobierno nacional, en su propósito de impulsar la llamada paz total, de pactar ceses el fuego, instalar mesas de negociación y ofrecer alternativas, si lo que están demostrando todas estas organizaciones es una ausencia total de voluntad de poner fin al conflicto y al sufrimiento de miles.

Tras conocerse la captura de cuatro presuntos responsables del secuestro del papá de Lucho Díaz y de que todo se trató de una subcontratación de un grupo delincuencial para cometer el rapto, el comandante del Eln, Antonio García, muy campante, salió a decir que todas sus estructuras tienen la orden de realizar “operaciones militares” para financiarse, porque son una “organización pobre como la mayoría de los colombianos”.

Frente a este cinismo y a este crecimiento desbordado de la criminalidad, el Estado, en su conjunto, no puede claudicar en la defensa de los colombianos. Necesitamos una institucionalidad más sólida que nunca que haga presencia con la Fuerza Pública y con inversión en cada rincón del territorio colombiano. Los tentáculos criminales no pueden ser más grandes ni más poderosos que los de un gobierno soberano y elegido popularmente para dirigir todo un país.