La inexplicable dilación en el nombramiento de los comisionados expertos de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) ha acentuado el riesgo de un triple apagón en el sistema energético colombiano. ¿Qué tan reales podrían ser estas amenazas advertidas al Gobierno nacional de manera insistente durante los últimos meses por la Contraloría General, la Procuraduría, exministros de Minas y Energía, actores del sector y hasta los mismos usuarios?
¡Totalmente posibles! Por lo pronto, el fantasma de vacío institucional en la ahora desmantelada CREG, encargada de regular el mercado de la energía, se convirtió ya en una preocupante realidad, que coincidió con un incremento del 19 % en el valor de las tarifas en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira, operados por la empresa Air-e, tras el vencimiento de la vigencia en septiembre del Pacto por la Justicia Tarifaria que fijaba restricciones a los aumentos. Situación difícil, de larga data, extenuante para los habitantes del Caribe, en la que el Ministerio de Minas y Energía, en cabeza del ingeniero eléctrico Omar Camacho, no ha mostrado la diligencia esperada. En primer lugar aparece el riesgo regulatorio que bien podría declararse como un apagón consumado. Es inédito como desconcertante que en un momento crítico como el actual, ad portas de lo más duro de ‘El Niño’, la CREG no tenga capacidad de tomar ninguna decisión normativa ni regulatoria para encarar actuaciones de generadores, transmisores, comercializadores u otros agentes del mercado en relación, por ejemplo, con la conformación del volátil precio de la energía en bolsa, o de las tarifas, porque no cuenta con quórum necesario
¿Quién es el directamente responsable? De acuerdo con la Ley 2099 de 2021 los seis expertos en asuntos energéticos de dedicación exclusiva que, con los ministros de Energía y Hacienda más el director de Planeación integran la entidad, son nombrados por el presidente de la República para períodos de cuatro años. Eso no ha sucedido hasta ahora. De hecho, el presidente Petro sí designó en abril a cuatro encargados para suplir las vacantes por renuncias y suspensiones. A todos se les vencieron sus periodos hasta que la CREG quedó en interinidad, luego de la renuncia de su director ejecutivo, José Fernando Prada. Hace unos días, el jefe de Estado nombró en propiedad a Omar Prias. Pero todavía faltan cinco. ¿Por qué no lo hace si urge dar respuesta a esta crisis?
En segundo término aparece el riesgo financiero, a tenor de las dificultades de sostenibilidad cada día más insalvables que mantienen contra las cuerdas a las comercializadoras, buena parte de ellas estatales. Detrás de su crisis de liquidez se sitúa la opción tarifaria que difirió en 2020 el aumento en los precios de la energía a los usuarios tras una resolución de la CREG en el gobierno de Duque. En el caso de Air-e y Afinia también se debe incluir lo correspondiente a las pérdidas técnicas y no técnicas, entre otros rubros que al final abultan el valor que pagamos los usuarios.
En definitiva, este pasivo no deja de crecer, el saldo se acerca a los $6 billones y resulta a todas luces impagable o irrecuperable. Si no se encuentra un mecanismo que regule la formación del precio en bolsa, el vertimiento de agua de los embalses sin generar y demás asuntos claves del actual esquema a cargo de generadores, no será posible conjurar la amenaza de una eventual limitación de suministro por insuficiencia financiera de los agentes del mercado de energía. Sobre todo, porque muchas de las comercializadoras tendrán que salir a adquirir energía en bolsa quedando aún más expuestas a precios que se estima volverán a dispararse, luego de haber alcanzado valores históricos de $1.500 kilovatio/hora, una vez se registre el descenso en los aportes hídricos por el impacto de ‘El Niño’ en los próximos meses, según previsiones del Ideam.
El tercer riesgo es el energético por el alto grado de estrés al que se encuentra sometido el Sistema Interconectado Nacional (SIN), consecuencia del retraso en la ejecución de proyectos de generación, transmisión y subtransmisión. Poco o nada se habla de ellos, pese a que algunos por ser de energías renovables se supone que hacen parte del ADN del Gobierno. Aún más incertidumbre. Así que volvemos al mismo punto de partida. Las decisiones regulatorias del sector energético pasan por las manos de la CREG, pero si no está integrada no delibera ni existe. El presidente Petro tiene la última palabra para evitar que los ciudadanos sean los paganinis de estos apagones que, más allá de su origen o antecedentes, se han agudizado por una serie de circunstancias actuales que debe atender y resolver su Ejecutivo. Es lo lógico y esperado. Actúen.
