El Gobierno acaba de crear el Ins- tituto Nacional de Vías Regionales (Invir) para intervenir 33 mil kilómetros de vías terciarias que se encuentran en total abandono. Entre otras razones porque buena parte de esta red de caminos comunitarios o vecinales, la más extensa del territorio nacional, es responsabilidad o está a cargo de municipios pequeños, distantes y con un reducido número de habitantes que casi nunca por razones de su escaso presupuesto cuentan con recursos para destinarlos a su construcción, mejoramiento o conservación. Sus prioridades son otras, de modo que se ven obligados a moverse entre trochas, con todo lo que ello trae consigo.
Sin manera de garantizar accesibilidad o transitabilidad a corregimientos, veredas o municipios en zonas apartadas de la geografía nacional, su desarrollo económico y social, así como cualquier mejora en la calidad de vida de sus habitantes no será viable. Seamos honestos. Basta con recorrer los territorios de la Colombia profunda para comprobar la relación directa que existe desde siempre entre pobreza, ruralidad y aislamiento geográfico, realidades que condenan a una perenne
situación de precariedad a las comunidades campesinas, grupos étnicos o poblaciones vulnerables que no tienen cómo trasladar sus productos desde los centros agrícolas a los mercados ni tampoco encuentran la forma de comercializarlos a precios justos y competitivos.
El Gobierno justifica la creación del Invir, sancionado a partir de las facultades extraordinarias otorgadas por el Congreso al presidente Petro en el Plan Nacional de Desarrollo, en la necesidad de cerrar la deuda histórica que limita la integración de lo rural con lo urbano. Cierto e ineludible. Aclara que el Instituto Nacional de Invías, que ha sido clave en la construcción y conservación de los caminos terciarios no desaparecerá, sino que trasladará sus competencias y personal encargado de estas funciones al nuevo organismo, que dependerá del Ministerio de Transporte.
Mantener la capacidad técnica de la nueva entidad resultará fundamental para alcanzar sus metas. Sería un error garrafal prescindir de quienes saben cómo hacer esta labor tras haber acumulado años de experiencia por su trabajo. Improvisar a estas alturas o, aún peor, politizar el Invir, convirtiéndolo en moneda de cambio al servicio de los intereses del Gobierno en las regiones, para feriar sus recursos con los clanes políticos locales, terminaría siendo un despropósito.
Las funciones del Invir se han establecido de una manera más amplia que las contempladas en los objetivos del liquidado Fondo de Caminos Vecinales, creado en el gobierno de Alberto Lleras Camargo, en 1960. Aunque en esencia apunta a lo mismo. En este caso, desde el Viceministerio de Infraestructura se indica que la entidad podrá “celebrar negocios, contratos y convenios” de manera directa con juntas de acción comunal, comunidades rurales, cabildos, organizaciones populares u otras formas de organización social, para intervenir las vías terciarias como parte del programa “Caminos comunitarios para la paz total”. También se espera que trabaje de la mano con los gobernadores y alcaldes que asumirán sus cargos a partir del próximo 1 de enero de 2024.
En Colombia, los hechos han demostrado que ningún proceso de contratación, pese a que estén sujetos a los principios de ley, transparencia o responsabilidad, logra blindarse totalmente contra las omnipresentes embestidas de la corrupción. Los riesgos son aún mayores cuando se trata de contratación directa que, aunque permitida por la normativa de la administración pública, exige redoblar controles para reducirlos a cero. En este sentido, Invir trabaja en un manual de contratación y anticipa la apertura de una oficina que velará por las buenas prácticas. Hacen lo correcto. Es imprescindible acompañar a las comunidades en la formulación de sus proyectos, capacitarlas en la gestión que adelantarán en sus territorios y, sobre todo, rodearlas para asegurar la transparencia en el manejo y ejecución de las inversiones con gran responsabilidad.
El esquema de contratación no es lo único que preocupa. La calidad de las obras financiadas con recursos públicos tiene que garantizarse para que lo comido no salga por lo servido. Es inevitable que surjan dudas sobre quién hará la interventoría o en qué términos o condiciones se establecerán los plazos para la entrega de las obras. El Ministerio de Transporte, que prepara un revolcón en su arquitectura institucional para dinamizar su portafolio de proyectos, según argumenta, debe atender todas las inquietudes para que no se conviertan en terreno abonado para disputas políticas o alienten desconfianzas e incertidumbres entre las mismas comunidades.
