Gremios de la región Caribe acosados por la arremetida de los violentos comenzaron a denunciar abiertamente los atropellos de los que son víctimas. Se hastiaron de tanto abuso e intimidación y hacen bien en levantar la voz. Porque no solo están enfrentando el accionar de los armados ilegales, que los han arrinconado al borde de la desesperación, sino que además tienen que afrontar la indolencia e inoperancia del Gobierno nacional y de autoridades territoriales, a los que les ha quedado grande ofrecer respuestas a las peligrosas amenazas de la criminalidad.
Los llamados se producen desde diferentes sectores económicos, pero en el fondo comparten un mismo clamor e impotencia ante los reiterativos ataques de estructuras del crimen organizado, mafias del narcotráfico, otros grupos al margen de la ley y bandas de delincuencia común en su contra. En el río revuelto en el que se ha convertido la seguridad en el país, las tantas formas de ilegalidad que nos acechan se sienten casi que legitimadas para buscar su porción de ganancia. No se trata de alarmismo, sino de un pragmático realismo que ha desbordado cualquier previsión
Quienes han puesto el dedo en la llaga de un Estado superado por los acontecimientos criminales en la región Caribe son los bananeros del Magdalena, Cesar y La Guajira, representados en ASBAMA. Su extensa denuncia publicada en periódicos nacionales el pasado domingo, entre ellos EL HERALDO, da cuenta de la crítica situación que afrontan por los ataques de “bandas de narcotraficantes”, a las que señalan de “usar el banano de exportación como vehículo para sus actividades ilícitas”. Hablan de amenazas a trabajadores de fincas, graves incendios, afectaciones a predios y otros actos delictivos que ponen en jaque la seguridad y viabilidad de un sector que genera 50 mil empleos directos y formales. Lo ocurrido ya se puso en conocimiento de la Fiscalía.
Los bananeros no son los únicos hostigados por los violentos. Navieras que transportan carga en el río Magdalena con destino a puertos en el Caribe completan casi dos meses de ataques. Los afectados responsabilizan directamente al Clan del Golfo, organización criminal en expansión permanente que ha convertido el sur de Bolívar en un laboratorio de guerra debido a sus cruentas disputas con el Eln y disidencias de Farc por el control del narcotráfico y la minería ilegal. Impala, la empresa más importante del sector, anunció suspensión de operaciones hace unos días, a la espera de la intervención de autoridades que reestablezcan mínimas condiciones de seguridad.
Detrás de este desastre que nos retrotrae a nuestros peores tiempos de descarnada violencia aparecen las ‘urgencias’ de los ilegales por hacer crecer sus finanzas ilícitas. Extorsión, terrorismo, narcotráfico…no se puede considerar nada distinto a una embestida criminal, ni mirar hacia otro lado, tampoco desconocer lo que pasa cuando se encuentra en serio riesgo la seguridad e integridad de miles de trabajadores de estas compañías que, pese a sus esfuerzos para mantenerse a flote, sienten cada día más cómo su viabilidad se ve seriamente comprometida.
Coinciden los bananeros con los navieros, estos últimos respaldados además por la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP), que el Gobierno nacional está en mora de actuar para garantizar el normal desarrollo de sus actividades con la seguridad que se requiere. Por su parte, los habitantes de las grandes ciudades tampoco pueden ignorar ni desentenderse de lo que ocurre, por ejemplo, en las fincas bananeras del Magdalena o en el sur de Bolívar. Porque lo cierto es que las disputas que se libran en esos territorios, muchos de ellos sin dios ni ley, que mantienen en zozobra permanente a comunidades de la ruralidad, se aproximan cada vez más a los centros urbanos. Si las cosas van a peor, todos seremos vulnerables. Nadie desea eso. ¿O sí?
Basta de resignarse a perder más espacios frente a criminales que desafían al Estado forzando la salida del Ejército de sus enclaves, como sucedió en El Plateado a causa de un acuerdo falaz. O que de manera cínica aseguran que no secuestran, sino que retienen prisioneros. El mundo al revés. Se hace tarde para recuperar la dignidad de las instituciones, especialmente de la Fuerza Pública, para impedir que se sigan vulnerando los derechos de los civiles, entre ellos los trabajadores de sectores productivos, y para tener resultados creíbles de una paz total a la deriva.
