¿Era acaso cuestión de tiempo para que Harold Echeverry Orozco, el confeso abusador, asesino y responsable del desmembramiento de Michel Dayana González, de 14 años, en Cali, actuara de nuevo? Probablemente, sí. Este sujeto, según trascendió tras su captura en Villavicencio a donde había huido, registra una denuncia y un proceso penal en etapa de juicio por delitos sexuales. En este último caso por abusar de una adolescente, también en Cali, en 2021, hechos por los que estuvo preso, la Fiscalía le imputó cargos y presentó escrito de acusación. Luego de maniobras dilatorias de su defensa y de la negativa de un juez de control de garantías de conceder una nueva prórroga de su medida de aseguramiento privativa de la libertad, este depredador sexual regresó a las calles. Si esto jamás hubiera sucedido, Michel Dayana, seguramente, continuaría con vida.
Todos los detalles o circunstancias que se han conocido alrededor del crimen son escalofriantes. Por un lado, la lucha que la menor dio por su vida en el interior del taller de carros donde fue violentada el pasado 7 de diciembre, como lo revelaron las lesiones aún visibles en el rostro de su agresor. Y, por otro, la forma cruel en la que este trató de desaparecer las evidencias de su monstruosidad, descuartizando el cuerpo y escondiéndolo en una maleta donde fue hallado.
Su captura en la tarde del lunes, recibida con “alivio inmenso” por la familia de Michel Dayana, que ahora pide para él la máxima condena prevista en la legislación colombiana, no debería desviar la atención sobre un debate que suele ser recurrente en casos como este, en los que no se puede entender cómo un individuo con los antecedentes de Echeverry Orozco, señalado como un depredador sexual de menores, se encontraba libre, sin ningún tipo de vigilancia, seguimiento ni control. Así las cosas, cabe preguntarse: ¿por qué nuestro sistema de justicia resulta en exceso garantista con los victimarios, en vez de asegurar la protección demandada por las víctimas?
No es tolerable que esto continúe pasando en Colombia, donde aún estamos lejos de erradicar las diversas violencias que se ejercen a diario contra niños, niñas, adolescentes y mujeres. Y lo estamos por una simple razón. Pese a las políticas públicas existentes, a las leyes de endurecimiento de penas, incluso a las acciones preventivas, procesos de educación afectivo-sexual o campañas para elevar la conciencia social, se siguen cometiendo crímenes en contra de esta población, además tan aberrantes como el de Michel Dayana. Cerca de 450 feminicidios se han perpetrado este año, en 2022 fueron 612, el 90 % de ellos permanece en la impunidad, de acuerdo con el observatorio de la Fundación Feminicidios Colombia. Mientras, Medicina Legal ha documentado 16 mil 500 casos de presuntos delitos sexuales contra menores durante el 2023.
¿Cuántas niñas, adolescentes y mujeres más, que en algunos casos han denunciado a sus maltratadores, tendrán que engrosar los infames listados de víctimas de abusos sexuales, asesinatos o feminicidios, antes de que el Estado reconozca que algo falla ante nuestros ojos? Si bien es cierto que la actual crisis por la extendida violación de sus derechos humanos no es novedosa ni mucho menos privativa de este Gobierno, su apuesta por hacer de los temas de igualdad de género, inclusión y protección de mujeres una prioridad en su agenda pública parece haberse diluido. El Ministerio de Igualdad y Equidad, creado hace justo un año, está en deuda con la lucha que libran de manera firme y constante las mujeres, incluso contra instituciones y el mismo sistema, para enfrentar las violencias que con sus profundas raíces sociales y culturales las acechan. Nadie debe vivir con miedo, si lo tenemos, nunca seremos realmente libres. No solo se trata de valentía ni de saber cuidarse, que también son indispensables, sino de libertad.
En su despedida, las compañeras de Michel Dayana portaban carteles que decían: “queremos salir a la calle sin el miedo de no regresar”. Ella no pudo, fue interceptada por un depredador sexual que la violó y la mató. Urge encauzar el camino, hacer mucho más: empezando por el Gobierno, hasta ahora tibio para defender a niñas y mujeres, la institucionalidad en general que no se pone de acuerdo para actuar conjuntamente, y, claro, la ciudadanía: familias, empresas, medios de comunicación, que con total irresponsabilidad seguimos banalizando estas violencias.
