El papa Francisco hizo un llamado este domingo a la liberación sin condiciones de los secuestrados en Colombia con un mensaje desde la Plaza de San Pedro, al término de su tradicional Ángelus. “Este gesto, que es un deber delante de Dios, favorecerá también un clima de reconciliación y de paz en el país”, añadió ante los miles de feligreses.

Sus palabras, tan armonizadoras como profundas, solo nos recuerdan que el país sigue estando en el foco internacional por cuenta del flagelo del secuestro, que tuvo una importante disminución tras la firma del acuerdo de paz, pero que, según la Fundación Paz & Reconciliación, Pares, desde 2019 se ha venido recrudeciendo.

Ello revive injustamente en el corazón de los colombianos aquellas décadas en las que el país no salía de la zozobra y el miedo en su día a día y este sábado fue uno de esos, pues se conoció el que sería el primer caso del 2024: el secuestro del registrador delegado de Chocó, Jefferson Elías Murillo, que se dio en la vía que de Quibdó comunica con Istmina.

No más durante el 2023 el país registró –hasta el mes de octubre– un aumento del 72 % en este flagelo, si se compara inmediatamente con el año anterior, según registró en su momento el Ministerio de Defensa. Mientras que Pares, sin contar diciembre, indicó que el año pasado sucedieron 287 casos. Además, los secuestros extorsivos aumentaron en un 81 % con 190 casos, mientras que el secuestro simple cerró con 96 casos y un aumento del 57 %.

Una lectura más amplia indica que el que pasó fue el peor año en esta materia desde 2016 y que, según un informe de Pares, las ciudades más impactadas por casos de secuestro son: Bogotá (24 %), Cali (23 %), Cúcuta (21 %), Medellín (20 %) y Buenaventura (12 %).

La región Caribe, por su parte, no escapa de este drama. En este sentido, la Defensoría reveló también a final de año que eran 13 los secuestrados costeños en poder de grupos armados al margen de la ley como el ELN o las disidencias de las Farc.

El caso más reciente fue el de Julián Alandete, en Uribia, La Guajira, secuestrado el 7 de diciembre y liberado el 28 del mismo mes. Las otras personas que están retenidas son: Juan Carlos Bayter, en El Banco, Magdalena, el 18 de octubre de 2023; Víctor Rincón Campo, en Simití, Bolívar, el 17 de junio de 2023 y Yesenia Tarazona, en La Gloria, Cesar, el 13 de mayo de 2023.

Aunque la mayoría de casos de secuestros en el país son atribuidos al ELN, las disidencias de las Farc o el Clan del Golfo, lo cierto es que, según la Jurisdicción Especial para la Paz, el 60 % de los hechos denunciados entre agosto de 2022 y octubre de 2023 carecen de presunto perpetrador. Esto implica, según ha recalcado la misma Laura Bonilla, subdirectora de Pares, que el mayor reto que tiene el Gobierno nacional es el de combatir el crimen organizado, donde se presenta la mayor cantidad de estos casos.

Así las cosas, el flagelo parece estar lejos de ser controlado por las autoridades; sin embargo, lo que genera mayor preocupación en la ciudadanía es que el Gobierno, que adelanta conversaciones de paz con el Estado Mayor Central y el Ejército de Liberación Nacional, no ha podido registrar verdaderos resultados en este sentido en medio de su ambiciosa política de seguridad de Paz Total.

En este aspecto, el ELN ha sentado en varias ocasiones sus posturas de no ceder ante la presión de la Casa de Nariño para dejar a un lado los dividendos que dejan las economías ilícitas. La disidencia de Iván Mordisco, por su parte, comunicó oficialmente que dejará de secuestrar, un anuncio que carece de credibilidad ante las constantes violaciones a los derechos humanos referidas este año.

Padecer un secuestro, o que algún familiar o amigo tenga que vivirlo, no es más que un acto infame y miserable que degrada la vida y la dignidad, a la par que destruye el proceso de reconstrucción social que con esmero y muchísimos traspiés ha venido construyendo el país. Ningún ser humano debería pasar por tan desagradable acto, y muy especialmente Colombia no debería retroceder en sus avances por erradicarlo. Para ello, no solo el Gobierno nacional debe poner trancas a todas las puertas que grupos criminales abren para efectuar estos delitos, sino que también se requiere de la voluntad de dichas organizaciones de, con hechos, acabar con esta práctica que viola en todos los aspectos los derechos fundamentales de un ser humano.