Daniel Noboa le declaró la guerra frontal a los grupos criminales en Ecuador luego de que el país atravesara una escalada de violencia con motines en varias cárceles, secuestros, explosiones, atentados e incluso el asalto armado a un canal de televisión en la ciudad de Guayaquil.
Su postura le ha valido el apoyo de la comunidad internacional en prácticamente todas las esferas, sumando más de 40 países con mensajes a favor de la resistencia, así como la unión de los tradicionales y antagónicos partidos de la nación para que el mandatario no ceda ante el crimen organizado y sostenga el estado de “conflicto armado interno”, clasificando a di- chas bandas como grupos terroristas y objetivos militares.
La gota que rebasó la copa fue la desaparición de un cabecilla de pandillas que se encontraba encarcelado. Adolfo Macías, alias Fito, fundador de los temidos ‘Choneros’, dejó de ser visto en su celda en la prisión de la ciudad de Guayaquil el 7 de enero, poco antes de que fuera trasladado a un centro de máxima seguridad. Desde entonces, tanto la Policía de Ecuador como las Fuerzas Armadas patrullan las calles del país bajo la instrucción de “neutralizar” a estos grupos y encontrar a ‘Fito’, quien podría incluso ocultarse en Colombia, según se investiga.
Sin embargo, y apenas a unos días de comenzada la cruzada, ya se empiezan a notar los puntos a flaquear de la declaratoria que, aunque arriesgada y necesaria, carece de una estrategia firme que soporte dicha escalada desde todos los frentes, especialmente el económico, pues Ecuador está sumido en una crisis en esa materia de la que no ha podido recuperarse. Tanto así que este viernes Noboa propuso echar mano de algo que en campaña dijo que no haría: subir impuestos.
Aunque en un comunicado el Gobierno anticipó que esta subida no afectará a los productos básicos ni a la vivienda, la salud, la educación y el transporte, para el presidente del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), José Villavicencio, el posible incremento del IVA “es un garrotazo al pueblo, porque lo pagan todos: el que debe subsistir con un dólar al día, al igual que quien tiene grandes fortunas”.
La propuesta ha levantado rechazos inmediatos, aunque aún debe ser estudiada por la Asamblea Nacional (Parlamento), donde Noboa ha logrado la aprobación –en menos de dos meses– de dos leyes económicas urgentes, pese a que la bancada oficialista es minoría. Pero en esta ocasión el tiempo corre en contra del mandatario y las bandas criminales están al acecho. Además, de darse un ajuste así el Gobierno debería apretarse los pantalones en otros gastos, como algunos ya proponen.
En otro frente, pese a que Noboa está recibiendo el respaldo unificado de los partidos para sacar al país del asedio criminal, medidas como abrirle las puertas a la extradición hacia Estados Unidos de ecuatorianos vinculados al crimen organizado requerirán no solo consenso entre los políticos, sino también el apoyo del pueblo ecuatoriano para lograr un cambio en la legislación, pues hasta el momento está prohibida en la Constitución del país. Esto teniendo en cuenta que fueron los mismos ciudadanos quienes hace poco menos de un año rechazaron reformar su Carta Magna para incluir la extradición de personas vinculadas al crimen transnacional, en un referéndum celebrado por el gobierno del entonces presidente, Guillermo Lasso (2021-2023).
Con precisión, la canciller ecuatoriana Gabriela Sommerfeld, quien intervino esta semana ante el pleno de la Organización de Estados Americanos, OEA, dijo buscando el apoyo de los 33 miembros de la entidad que “Ecuador no da más, el terror se ha apoderado del país”.
Por ello, el osado plan de Noboa deberá blindarse por el futuro del que es recordado como un territorio pacífico y que pasó a ser uno de los países más violentos, con 45 homicidios intencionales por cada 100 mil habitantes en 2023, 4.500 asesinatos en 2022, niños reclutados por pandillas, cárceles como centros de operaciones, barrios consumidos por las rencillas criminales y puerto de grandes carteles lejanos como el de México y Albania.
