La extorsión es uno de los delitos que más crece en Colombia. Pese al considerable subregistro, derivado del comprensible temor de sus miles de afectados, las cifras son inobjetables. Entre enero y noviembre de 2023, el Ministerio de Defensa reportó 9.297 denuncias, el dato más alto de los últimos 11 años. La realidad de Barranquilla y su área metropolitana es particularmente lesiva para comerciantes y transportadores, sus principales víctimas. A corte del 10 de diciembre, la Policía conoció 1.701 casos, un 78 % más que en el mismo lapso de 2022, cuando fueron 601.

En el arranque de 2024 las primeras señales han sido desalentadoras. En apenas 72 horas, la escalada criminal de las mafias transnacionales, grupos armados ilegales o bandas delincuenciales, que aún no encuentra techo, se cobró la vida de dos comerciantes en el país. Uno de ellos en el barrio Los Ángeles, de Barranquilla, donde sicarios asesinaron a Hernán Vásquez Ardila, mientras que en el populoso barrio Siete de Agosto, de Bogotá, balearon a Jeison Ferney Vargas.

En ambos casos, las autoridades señalan a la extorsión como móvil de los homicidios. De hecho, Vargas había acudido al Gaula de la Policía el 28 de diciembre para denunciar que ‘Los Satanás’, como se conoce a una de las estructuras delincuenciales más peligrosas de la capital del país, le exigía dinero. Como era de esperarse, los crímenes causaron conmoción entre las víctimas de los intolerables chantajes de un puñado de miserables que, en ocasiones, opera desde las cárceles.

El desafío lanzado por las redes criminales al igual que sus ataques letales se extienden por todo el país, además con aterradora impunidad. No extraña ni sorprende, según nuestra propia experiencia. Hace tiempo la extorsión carcelaria dejó de ser un asunto privativo del Atlántico, donde los jefes de grupos del crimen organizado, como ‘Los Costeños’, ‘Los Rastrojos-Costeños’ o ‘Los Pepes’, pese a estar privados de su libertad, siguieron llamando desde el interior de las prisiones con celulares facilitados por guardianes del Inpec: 33 mil fueron incautados en el 2023.

Valdría la pena que se abra el debate, como ha propuesto el director de la entidad carcelaria, el coronel Daniel Gutiérrez, para restringir el uso de teléfonos públicos a los reclusos en centros penitenciarios. Desde ellos, como se ha comprobado, también se está extorsionando a la gente, cuando no ordenando la comisión de asesinatos. Esto tiene que ser frenado de forma perentoria.

Al Ministerio de Defensa, también al de Justicia, como a la Policía Nacional y al resto de la Fuerza Pública, se les hace tarde para mostrar resultados determinantes en una lucha que luce totalmente desarticulada. En este sentido, la Procuraduría General advirtió, y con razón, “falta de operatividad del Gobierno y del Inpec”, en tanto reclamó la creación de una Unidad Judicial Exclusiva Especializada e Interinstitucional para ponerle fin a un delito que alarma cada día más.

Ahora que la seguridad ciudadana es la bandera común de los alcaldes, al margen de sus diferenciadas estrategias locales, convendría que unificaran acciones para enfrentar de manera conjunta este flagelo, presionando al Ejecutivo para buscar salidas concertadas, en vez de poner en marcha esfuerzos aislados que corren el riesgo de no ofrecer resultados ni tener continuidad.

Es decepcionante constatar cómo la Seccional Atlántico de la Fiscalía solo dispone de tres fiscales antiextorsión, de un total de 150, y de un investigador de apoyo con limitada disponibilidad. En definitiva, lo que se abre es una puerta giratoria para la libertad de procesados por vencimiento de términos. En otras oportunidades, la sorpresa llega por cuenta de individuos que con brazalete del Inpec, como pasó en Barranquilla, cobran extorsiones. Una burla para el sistema de justicia.

Es urgente encarar esta amenaza que perturba la convivencia ciudadana. De no hacerlo las consecuencias podrían ser terribles, de modo que nadie debería ser indolente ante un problema que exige reacción política y social de frente.

En Barranquilla, la estructuración de un equipo de seguridad de alto nivel, integrado por oficiales en retiro, iniciativa del alcalde Alejandro Char, quien ha expresado públicamente su preocupación por el devastador impacto de la extorsión, genera una enorme expectativa. Su papel puede llegar a ser decisivo para cambiar esta asfixiante dinámica criminal. Mientras, no podemos aceptar el juego malévolo de los extorsionistas: ni indiferencia, ni complicidad, ni impunidad. Esta tiene que ser una causa que nos una a todos con gran sentido de la responsabilidad, necesitamos avanzar porque nuestro futuro depende de ello.