¿Es posible que Air-e entregue el recaudo de la tasa de seguridad y convivencia ciudadana, que pagamos los usuarios y que encarece la factura hasta en un 30 %? Es posible. Pero eso no depende de la empresa de energía eléctrica, sino de la Gobernación del Atlántico, en primera instancia.

También de la Asamblea del Departamento, escenario natural donde los diputados debaten cualquier modificación a la normativa del Estatuto Tributario, antes de ser aprobada o no.

En este caso en particular, habría que definir quién, cómo, y desde cuándo asumiría esa responsabilidad. ¿O es que la apuesta es desaparecer el tributo definitivamente? Sin embargo, no se puede desconocer ni olvidar que este gravamen no es privativo del Atlántico, sino de carácter nacional.

La discusión abierta en las últimas semanas acerca de la pertinencia de la tasa en términos de su recaudo, liquidación, pago, e incluso utilidad para financiar estrategias de seguridad en Barranquilla y municipios del Atlántico resulta conveniente, pero debe evitarse que caiga en una aventurada politización que lo instale en un callejón sin salida.

Encontrar fórmulas que sean, antes que nada, favorables a los intereses de los ciudadanos debe marcar el norte de este debate.

Corresponde, entonces, comenzar por el principio para poner el foco en lo fundamental de esta controvertida cuestión. Air-e, al igual que otros comercializadores que suministran el servicio de energía eléctrica en el departamento, por ordenanza de la Asamblea del Atlántico, factura y recauda la tasa de seguridad y convivencia ciudadana para la Gobernación. En su caso, lo hace a partir de octubre de 2020, cuando asumió la operación de manos de la desastrosa Electricaribe, encargada antes de la gestión y, desde entonces, dice que ha trasladado unos $362 mil millones.

Naturalmente, Air-e no puede ni debe quedarse con ese recaudo. Su obligación, por estatuto, es transferir el monto, estimado a día de hoy en $12 mil millones por mes, antes era de $8.600 millones. Hecha esa precisión, también es cierto que en ocasiones ha retrasado o demorado el trámite, superando los plazos límites fijados por la norma, lo que ha derivado en seguimientos de la Contraloría del Atlántico. En otras palabras, sí traslada, pero no siempre lo hace a tiempo, como señala el diputado Gonzalo Baute, quien suma nueve dilaciones en los últimos dos años.

Circunstancia que, al menos, respecto al mes de noviembre y, supuestamente, por el cierre de fin de año, sí reconoce Air-e.

Sin duda, valdría la pena profundizar en cómo se planifican estos procesos a efectos de hacerlos lo más eficientes y transparentes que sea posible. Ahora bien, la norma también especifica que, como agente recaudador, la comercializadora recibirá una comisión de 3 % por año, la cual oscilaría entre $3.000 y $4.000 millones. Otro diputado, Alfredo Varela, acaba de radicar un proyecto de ordenanza para prohibir el pago de esa remuneración y, además, exonerar del cobro de la tasa a familias vulnerables de estratos 1 y 2 del departamento.

Al margen de las entendibles razones detrás de la iniciativa de Varela, la realidad de unas tarifas de energía, cada día más impagables en nuestro contexto, precisa que se debe ir más allá. ¿Es el pago de la comisión a un tercero, una decisión de la Gobernación, en este caso a Air-e, el meollo del asunto? No parece claro. Saquemos a la comercializadora de escena, lo que permitiría, sin duda, una reducción significativa del pago final que hacen los usuarios por el servicio. Pero, entonces, ¿quién haría el recaudo? ¿La Gobernación, como sucede con otros tributos, o se eliminaría la tasa? Tampoco es tan fácil como lanzar una idea, porque si la tasa se deja de cobrar, de dónde saldrían los recursos para financiar inversiones de seguridad requeridas con premura.

Deducir que el recaudo de la tasa ha sido ineficaz o inútil porque no ha reducido la criminalidad en el Atlántico es un argumento liviano, además de imprudente, porque desconoce las numerosas variables alrededor de una doble crisis, compleja por donde se le mire: la de la seguridad y la del costo de las tarifas de energía. En consecuencia, el gobernador Verano, el alcalde Char, los mandatarios municipales, y, por supuesto, los diputados del Atlántico deben entender que encaran una discusión de gran calado con muchas aristas, pero sobre todo de impacto social y económico, en la que tienen que buscar equilibrios para evitar quedar atrapados.