Justo ahora, en la fase de preconstrucción de la perentoria intervención en el canal del Dique, el Ministerio de Ambiente expone una paradoja. En una extensa carta, revelada por EL HERALDO, la ministra Susana Muhamad le solicita a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) elaborar un estudio de impacto ambiental integral para establecer las medidas de prevención, mitigación, corrección, compensación y manejo de los efectos ambientales que ocasionaría “sobre la biodiversidad en todos sus niveles y escalas”, tanto en la hidrovía de 115 kilómetros como en las áreas aledañas, el proyecto Restauración de los Ecosistemas Degradados.

La solicitud de licencia ambiental, que es lo que demanda la ministra y sustenta en argumentos ambientales, técnicos y jurídicos, causó desconcierto, por no decir malestar, en las autoridades regionales. Dumek Turbay, alcalde de Cartagena; Yamil Arana, gobernador de Bolívar, y Eduardo Verano, del Atlántico, coinciden en que la formalización del requerimiento, como parece que ocurriría, tras la apreciación inicial de la Anla, generaría impactos en el cronograma. De hecho, el colectivo Prodique estima que el nuevo trámite demoraría al menos un año el inicio de las obras. Estas, a ciencia cierta, no han comenzado, y se prevé que ocurra en enero de 2025. Aunque por el momento, en la actual etapa, la empresa Ecosistemas del Dique realiza labores de dragado en algunos sectores, mantenimiento de vías aledañas a la hidrovía, relacionamiento social con comunidades del área, mientras define cómo se ejecutarán los trabajos estructurales para habilitar un sistema de compuertas en Calamar, de esclusas en ese mismo punto y en Puerto Badel, todo con el fin de regular la entrada no controlada de caudal y sedimentos contaminantes al canal, al río Magdalena y a la bahía de Cartagena, que integran la estructura ecológica principal.

Rebatir las razones expuestas por la ministra Muhamad, soportada en conceptos de Parques Nacionales Naturales y del Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (Invemar), entre otras valoraciones técnicas, podría dar paso a una extenuante e interminable discusión política, cuando la urgencia del proyecto, claramente ambiental, no da espera. En todo caso, la historia del instrumento de manejo y control ambiental de las obras, iniciada en 2017, cuando por su avanzado deterioro era evidente la necesidad de acelerar la restauración, registra que las entidades que ahora respaldan el trámite de licenciamiento ambiental habían concluido en 2021 que no era necesario. De manera que el proyecto salió a licitación y se adjudicó a finales del 2022. Meses antes, en agosto de ese año, la ministra Muhamad, durante un encuentro de la comisión accidental de la Cámara de Representantes, celebrado en Santa Lucía, sur del Atlántico, confirmó que la licencia ambiental era un instrumento indispensable para la realización del megaproyecto. Si estaba tan claro en ese momento, ¿no habría sido más pertinente que el Gobierno nacional en su conjunto, Cormagdalena, Ministerio de Ambiente, Anla y ANI, se hubieran dedicado a solventar el tema de la licencia antes de adjudicar la obra?

Lo que plantea hoy la funcionaria no es menor, a tal punto que podría redefinir los términos del proyecto, porque advierte que este presenta “falencias y debilidades” frente al manejo de impactos ambientales y no desarrolla estrategias de restauración dentro del plan hidrosedimentológico aprobado por la Anla, sino que se enfoca solo en el manejo hidráulico del canal y en mejoras de la navegabilidad. ¿Cuál sería el precio a pagar en términos económicos para la Nación, tras la adjudicación y firma de un contrato bajo unas cláusulas acordadas, de abastecimiento de agua para los acueductos de la zona, como de tiempos en la ejecución de las obras, si todo se detiene porque habría que estructurar, quizás, un proyecto distinto, para prevenir posibles daños en ecosistemas frágiles y en áreas protegidas que, ciertamente, se deterioran cada día más por las condiciones del canal?

Si la iniciativa se suspende, temporal o definitivamente, ¿también lo harán los necesarios programas de desarrollo socioeconómico y ambiental con comunidades étnicas y no étnicas de la zona? El riesgo de inseguridad jurídica, de desconfianza y malestar social es real. En la buena dirección, la de la unidad regional, los mandatarios de Bolívar y Atlántico buscan un acercamiento con la ministra Muhamad, barranquillera para más señas, a quien le asiste, sin duda, la mejor voluntad de construir un proyecto, con la mayor información posible, basado en el principio de la prevención. Pero, como dice el director de la RAP, Amylkar Acosta, es conveniente evaluar no solo el impacto de ejecutarlo, sino el de no hacerlo. Así que ministra, esperamos prontas señales.