Si enero está siendo un mes durísimo por el impacto del fenómeno de El Niño, con intensas olas de calor, temperaturas récords, incendios forestales catastróficos y una progresiva reducción del recurso hídrico, febrero se anticipa mucho más severo. El perentorio anuncio lo formula el Ideam.

Es indudable que la emergencia que afronta el país no admite más demoras ni vacilaciones del Gobierno nacional, tampoco de las administraciones territoriales, que podrían haber sido más conscientes del difícil escenario con el que se encontrarían. Ahora, sin elección, cada uno, de acuerdo con sus competencias, debe favorecer la mejor respuesta, como espera y demanda la ciudadanía, evitando hacer de una crisis tan profunda como esta, asociada al agravamiento del cambio climático, un nuevo foco de confrontación política. Presidente Petro, solucionen primero.

La magnitud de las conflagraciones que han consumido miles de hectáreas de bosques en santuarios naturales durante la última semana, lamentable tragedia ambiental de la que será improbable recuperarse en el corto plazo, ha mantenido al margen otra situación crítica que no da espera: la del desabastecimiento de agua. Esta es la principal amenaza que encara el Atlántico, donde 12 de sus 22 municipios muestran ya señales de una prolongada sequía que agobia a sus comunidades, en particular a pescadores y productores agropecuarios que reclaman soluciones.

Los bajos niveles del río Magdalena, en el cono sur del departamento, causan zozobra. En la estación de San Pedrito, Suan, el actual registro es de 2.3 metros, cuando hace tan solo 20 días era de 3.8, mientras que en el canal del Dique se sitúa en 1.17 metros y en el embalse del Guájaro en 3.4 metros. Como es de suponer, una de las preocupaciones se centra en garantizar la continuidad en el servicio de agua potable en los municipios en la medida en que aumentan los problemas de captación en las bocatomas de sus acueductos, como sucede en Campo de la Cruz.

El agua, que es un bien extremadamente escaso, lo imaginamos infinito porque al abrir el grifo o la pluma lo tenemos siempre a nuestro alcance. Craso error. No somos conscientes de que ni es inagotable ni mucho menos barato. En una coyuntura tan adversa como la que hoy encaramos en el departamento, tendríamos que ser lo suficientemente responsables para ahorrar, pero en vista de que no estamos acostumbrados a ello ni tampoco hay tiempo para improvisar porque el desabastecimiento ya está aquí, la Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA) anunció un primer paquete de medidas para mitigar los efectos de la falta de agua en sectores claves.

Lo primero, ordena restricciones en el uso, prioriza el que se destina a consumo humano, en tanto limita el empleado para riego de prados, jardines, lavado particular de carros y actividades no autorizadas. En los próximos cuatro meses no se otorgarán concesiones que comprometan la disponibilidad del recurso hídrico y se ejercerá una especial vigilancia sobre los cuerpos de agua. También se prohíben las quemas controladas para preparar los terrenos para las siembras.

Determinaciones necesarias que, sin duda, requieren acuerdos sociales para que sean efectivas. De lo contrario, nos veríamos abocados a acciones más drásticas, como eventuales racionamientos de agua para gestionar la escasez. Urge adaptarse a la nueva situación de crisis hídrica, reflejada también en la disminución del nivel de los embalses, hoy en un 60 % tras caer 10 % en el último mes. Si la tendencia se mantiene, la tarifa de energía podría subir, como reconoció el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, por el incremento en la generación de energía térmica, más costosa que la hidroeléctrica, para suplir la demanda. Si no se ahorra ni se modera el consumo, algo poco realista, no habría como conjurar un alza e incluso un racionamiento.

Afectaciones a las que habría que sumarles el capítulo del sector agrícola, que no descarta alzas en precios de alimentos por pérdidas de cultivos, y el ganadero, que en 45 días acumula pérdidas por $122 mil millones, lo que impactaría el valor de la carne y la leche. Si estos asuntos no se atienden con la diligencia debida, no solo se frenará el descenso de la inflación, la crisis agropecuaria podría derivar en una de inseguridad alimentaria, como advirtieron campesinos y pescadores del Atlántico a EL HERALDO. Menos retórica y más acción, el bienestar de millones de personas depende del liderazgo del Gobierno nacional, de su estrategia para trabajar articuladamente con las administraciones territoriales en la concertación de soluciones viables.