Una vez más, el régimen chavista decidió dar un paso en falso que lo sitúa lejos del único camino posible para Venezuela: el de su reconstrucción democrática. La maniobra represiva para sacar de la carrera presidencial a María Corina Machado, la candidata opositora con más posibilidades para desalojarlo del poder en las elecciones generales previstas para este año, confirmó no solo su talante autoritario, también envió una señal desoladora a la comunidad internacional que ha trabajado en una hoja de ruta, los llamados acuerdos de Barbados, para celebrar unos comicios libres, justos y competitivos, con garantías y en condiciones de igualdad para todos los aspirantes.

Por mucho que países e instituciones se aferraran a algunos indicios expresados por el gobierno de Nicolás Maduro y su entorno para avanzar hacia una vía democrática rumbo a las presidenciales, los hechos mostraron su real voluntad de no ir a ninguna parte.

La decisión con marcado carácter represivo del Tribunal Supremo de Justicia, órgano judicial de bolsillo del gobierno de Nicolás Maduro, que inhabilitó a la dirigente, bajo supuestas acusaciones de corrupción, corrobora que el régimen no cejará en su empeño de bloquear, a como dé lugar, la participación de sus más fuertes contradictores políticos en las elecciones, como hizo en su momento con Henrique Capriles, vetado nuevamente, o con Leopoldo López, preso varios años. Incapaz de salirse de su relato de golpes blandos, conspiraciones para asesinar a Nicolás Maduro o de complots con los que justifica su nueva arremetida contra la oposición, que se ha saldado con decenas de detenidos, el chavismo insiste en que la suspensión de Machado, quien lidera todas las encuestas, no tiene vuelta atrás. De irrevocable por ser cosa juzgada, la calificó el presidente de la Asamblea, Jorge Rodríguez, en respuesta a gobiernos de medio mundo que han condenado la decisión al señalar, y con razón, que “socava la democracia y el Estado de derecho”.

Radicalizado, el régimen no lo entiende así, se cierra al juego democrático y en su involución política lo percibe como un ataque. De modo que el anuncio de Estados Unidos de restaurar las sanciones económicas que había levantado en octubre, en dos semanas las que pesan sobre el oro venezolano y en abril, si nada varía, las del sector petrolero y del gas, anticipa la vuelta a un escenario de máxima confrontación con el chavismo. La Casa Blanca insistió este miércoles que Maduro tiene plazo de dos meses para honrar sus compromisos de celebrar elecciones libres y justas, de lo contrario, advierte, todo será como antes. Aunque, a decir verdad, eso no es tan así.

Se da por descontado que Álex Saab, operador financiero del chavismo, el nuevo presidente del Centro de Inversiones Productivas de Venezuela, y quien fue el premio mayor o figura central del intercambio de presos políticos venezolanos y norteamericanos, elemento crucial de las negociaciones bilaterales en Doha, seguirá libre tras recibir el perdón presidencial de Joe Biden.

Es un hecho irrefutable que podría ahora volverse en su contra en la reñida disputa electoral que el demócrata libra con Donald Trump, de cara a las elecciones del 5 de noviembre. También lo es que Venezuela amenaza con suspender desde el 13 de febrero los vuelos de deportación de migrantes de Estados Unidos hacia Caracas, acordados con el régimen para gestionar la presión por el arribo de sus ciudadanos, que se ha convertido en otro reclamo electoral de la campaña estadounidense. El chavismo sabe cómo jugar sus cartas, lo ha hecho durante los últimos 25 años en los que ha permanecido atornillado en el poder. En su desafiante proclama, un relato extremo de la realidad construido a su imagen y semejanza, en la que se resiste a darle valor a la separación de poderes o a respetar los derechos políticos de la oposición, se presenta como víctima de una “agresión económica” ante la que anuncian una defensa a ultranza. Más de lo mismo.

Cadena de extremismos que ocultan fragilidades con consecuencias impredecibles, en particular para el pueblo venezolano, sumido en precariedad socioeconómica e institucional. María Corina, símbolo de resistencia, anuncia que seguirá firme, asumiendo que la salida para su país es más democracia, no más chavismo. Decisión acertada. Mientras, el Gobierno de Colombia ha guardado durante días un silencio desconcertante e incomprensible que lesiona su tradición diplomática para condenar acciones como esta, propias de regímenes autoritarios. ¡A saber por qué!