Seis meses más se prorrogará el cese al fuego entre el Gobierno y el Ejército de Liberación Nacional. Lo anunciaron las partes al cierre del sexto ciclo de diálogos celebrado en Cuba. Seis meses para que la guerrilla le demuestre al país su verdadera voluntad de paz, con hechos reales, concretos. El más esperado, la liberación inmediata y sin contraprestaciones de los secuestrados.

El fin de los secuestros extorsivos o con fines económicos, como la sociedad civil los llama, o de las “operaciones de finanzas que implican retenciones de personas”, rimbombante expresión con la que el Eln intenta justificar lo injustificable, se situaba, como la misma extensión del cese, en el corazón de la negociación que acaba de terminar. Una no era viable sin la otra. Lo pactado reafirma la exigencia del Gobierno de frenar esta práctica detestable e inhumana, proscrita por el Derecho Internacional Humanitario (DIH), o de ponerle un “compás de espera”, otro eufemismo usado por Pablo Beltrán, negociador jefe del Eln, mientras se continúa dialogando.

Al margen de las formas e interpretaciones que sin duda cuesta digerir, el fondo del acuerdo es que el Eln acepta suspender los secuestros, se compromete a no reclutar menores de edad y a cesar algunas hostilidades contra la población civil, lo cual supone un “paso fundamental”, como estimó la jefe de la delegación del Gobierno, Vera Grabe. Se valora lo logrado hasta ahora, claro, pero como el papel lo aguanta todo y las palabras se las lleva el viento, lo pactado en La Habana debe materializarse en los territorios del país, donde los frentes de guerra Oriental, de Arauca, y Occidental, de Chocó, han sido históricamente renuentes a acatar las directrices del Comando Central (Coce), hoy bajo el mando de alias Antonio García, quien parece tener una agenda propia.

Los elenos, solo ellos, con sus actos, son los responsables de la pérdida de confianza en su proceso, sometido a altibajos permanentes. No se trata de vender soluciones fáciles a un asunto tan complejo, como intentó hacer en un primer momento el entonces comisionado Danilo Rueda, sino de dar pasos certeros para avanzar de manera concertada, con el respaldo de la comunidad internacional y, sobre todo, de no complicar una situación de por sí crítica en términos humanitarios, en regiones como Catatumbo, sur de Bolívar o Cauca. Conviene recordar que aún se está a la espera de conocer cuántas personas tiene secuestradas y si en ese listado de la infamia aparece Juan Carlos Bayter, plagiado el 18 de octubre de 2023, en El Banco, Magdalena.

A estas alturas, cuando se anuncia la creación de un “fondo multidonante”, a instancias de los países acompañantes y garantes y de Naciones Unidas, para hacer sostenible su tránsito a la legalidad y el de la implementación de un eventual acuerdo final, el Eln tendrá que decidir si se encuentra más interesado en dedicarse a la política o en seguir en la guerra. En esta definición, la guerrilla acumula muchos errores. Sin señales claras sobre su apuesta definitiva, no será creíble sentar las bases de lo que vendrá, que debido a su naturaleza no centralizada será muy complejo.

Con sus antecedentes, se hará imprescindible un compromiso efectivo de la organización para construir confianza, también del Gobierno, además de transparencia absoluta en los siguientes ciclos de negociación para que el país tenga certezas sobre lo posible y legal de las cuestiones que se acuerden en la mesa. Sobre el terreno, en el corto plazo, el Mecanismo de Monitoreo y Verificación del cese al fuego es el llamado a conocer las probables vulneraciones de lo pactado.

Las partes se reencontrarán en abril, en Caracas. Entre medias, el acuerdo debe madurarse con la acelerada entrega de los secuestrados. Eso está fuera de duda. El Eln pide que el Gobierno le resuelva “factores de riesgo”. Uno de ellos, el “aumento de la actividad de bandas criminales”, pero que el Ejército no haga presencia en los que considera sus espacios. Difícil así. Estamos en un momento coyuntural, en el que el Ejecutivo debe insistir, como señala el comisionado para la Paz, Otty Patiño, en “transformaciones pacíficas en los territorios” de la mano de la guerrilla, válido, pero sin cruzar líneas rojas ni pagar costosos peajes para cerrar acuerdos que antes parecían impensables.