Francisco Barbosa ya es historia. Culminó su periodo como fiscal General de la Nación, pero la distancia entre las altas cortes, máximas instancias judiciales del país, con el presidente Gustavo Petro se hace cada vez más insondable. Irremediablemente, los ciudadanos son testigos de una crisis institucional que podría derivar en una ruptura aún mayor entre los poderes públicos.

Esta secuela, de las más evidentes, en el enrarecido ambiente de polarización política que tanto daña a nuestra democracia, alcanzó su punto más álgido el pasado jueves durante el asedio “violento e ilegal” a la Corte Suprema de Justicia, calificado así por los propios magistrados, luego de que no se alcanzaran los votos necesarios, 16 es la cifra mágica, para elegir a la sucesora de Barbosa entre las juristas de la terna: Ángela María Buitrago, Amelia Pérez y Luz Adriana Camargo, quienes se mantienen al margen de este grave incendio sin control.

Está así, en buena medida, porque los mensajes divulgados por el jefe de Estado a través de su red social X han repetido la idea, desde el mismo día del bloqueo, que los magistrados nunca fueron limitados en su movilidad ni hubo actos de violencia en su contra, en un intento de relativizar la trascendencia de lo que pasó. Postura incomprensible e inaceptable para los presidentes de los tribunales que, en las últimas horas, le salieron al paso al relato construido por el presidente para, por un lado, desmentirlo sin ambages y, por otro, insistir en que se les otorguen garantías para cumplir con su función constitucional de elegir a la nueva fiscal.

A todos nos debería preocupar que las altas cortes se sientan desprotegidas, intimidadas o que perciban que el jefe de Estado las considera sus opositoras políticas, a tal punto que lo convoquen, como hizo el presidente de la Corte Constitucional, José Fernando Reyes, a reconciliarse con la verdad. El discurso del mandatario y de sus sectores afines sobre una deliberada estrategia para dilatar la escogencia de la sucesora de Barbosa, peligrosa sugestión colectiva, ha situado a la Corte Suprema de Justicia en el blanco de tiro de los extremismos, pasando por alto que en anteriores elecciones este proceso se ha demorado hasta unos 8 meses.

Como le corresponde, la Corte reitera que escogerá fiscal de la terna enviada por el mandatario, no considera aplazar la elección, aunque también insiste en que requiere condiciones de normalidad, un entorno tranquilo, para hacerlo. El actual no parece ser el escenario más propicio.

Ahora bien, los excesos en el ejercicio de sus funciones o la politización de la fiscalía, principal señalamiento durante la gestión de Barbosa, no le da patente de corso al poder Ejecutivo ni a ningún actor social para cercar a los jueces que temen nuevos episodios de agresión y violencia.

En un momento de tanta complejidad como el que atravesamos conviene no confundir los deseos con la evidencia de los hechos. El negacionismo del presidente Petro frente a lo ocurrido la semana pasada y sus insistentes llamados a ejercer una presión de facto para incidir en las decisiones de otro poder público, el de los jueces, como ha quedado demostrado, pese a que se diga lo contrario, abre la puerta a situaciones límite que corren el riesgo de desbordarse o salirse de control. La protesta pacífica, reconocido derecho ciudadano, no es un problema en sí misma, sino su uso como arma política para poner contra las cuerdas a quienes se considere opositores.

Coacción indebida e instigada por narrativas o conjeturas con marcado sesgo ideológico, sin sustento real. Acude, como en otras ocasiones, el jefe de Estado al manido concepto de la guerra judicial o lawfare para declararse un perseguido político, de la justicia, de los entes de control y de otras instituciones a las que acusa de estar en contra de su Gobierno, sus reformas y su defensa de los intereses del pueblo. Insiste, en duros términos, en convocar a la movilización ciudadana para impedir lo que llama “golpe a la democracia” y no permitir la “burla del voto”…

¿Qué tenemos hoy? Más radicalización con dosis recargadas de populismo: combustible adicional sobre un incendio que arderá hasta que el mandatario oiga el nombre de la nueva fiscal.
Presidente, si la verdad es una revolución, como defiende, los magistrados de las altas cortes, donde asegura que la politización recorre sus pasillos, confían en que hable con exactitud sobre el cerco que los violentó. No desaproveche la oportunidad para estar a la altura de su responsabilidad y garantizar las condiciones que permitan concluir la elección de fiscal “sin interferencias”, como le instó la CIDH, que con seguridad la Corte cumplirá con su deber constitucional “a la mayor brevedad”. En medio de sus tantas crisis, este país necesita avanzar.