Si nada se interpone en la estrategia orquestada por el régimen chavista para continuar atornillado en el poder, como lo ha estado durante los últimos 25 años, la carrera del presidente Nicolás Maduro rumbo a un nuevo mandato, el tercero en su cuenta personal, parece imparable.

El 5 de marzo, cuando se conmemoraba el décimo primer aniversario del fallecimiento de Hugo Chávez, el Consejo Nacional Electoral confirmó que los comicios generales se celebrarán el 28 de julio, fecha del natalicio del ‘Comandante Eterno’. Ninguna coincidencia. En la nación vecina, donde la separación de poderes es apenas una quimera, ni una sola decisión se toma ni tampoco se anuncia sin el aval de Maduro y su círculo de confianza, que en la antesala de las elecciones han acudido a maniobras dentro y fuera de la legalidad para asegurarse un nuevo triunfo. Así sea con resultados fraudulentos, como fueron catalogados por la comunidad internacional, los que obtuvieron en las presidenciales de 2018 y por los cuales recibieron sanciones de varios países.

Maduro aún no ha anunciado su aspiración presidencial, pero esta se da por descontada. También se considera un hecho irreversible que María Corina Machado, la principal líder de la oposición, inhabilitada por el Tribunal Supremo de Justicia, acusada de participar en actos conspirativos –tesis cimental del manual de regímenes autocráticos-, no podrá inscribirse para participar en la contienda. El plazo del CNE vence el 25 de marzo y, por el momento, no se vislumbra ni una sola señal de apertura política que encarrile el predecible escenario electoral, que dejaría al heredero de Chávez instalado en el Palacio de Miraflores, al menos, seis años más.

Es probable que el régimen, tan autoritario como cínico en sus argumentaciones, se llene la boca diciendo que sí está cumpliendo su compromiso de celebrar elecciones este año, tal y como lo acordó con la opositora Plataforma Unida, en Barbados, en octubre de 2023. Sin embargo, sus recientes actos represivos e ilegítimos contra Machado y otras figuras de la oposición, nada distinto a lo que ha caracterizado el mandato de Maduro en sus casi 11 años de Gobierno, anticipan que los comicios estarán lejos de ser todo lo libres, transparentes, independientes y justos que se les reclamó. En otras palabras, no contarán con garantías democráticas ni judiciales.

A saber si habrá observación internacional en condiciones de independencia y si podrán votar los más de 7 millones de venezolanos que abandonaron su país en los últimos años acorralados por las carencias de todo y excesos de violencia e ilicitud. A saber si Estados Unidos, al que los negociadores del chavismo le dieron unas cuantas vueltas por su urgencia de petróleo como consecuencia de la guerra en Ucrania, reestablecerán las sanciones del sector petrolero y gasífero cuando venzan, el 18 de abril, los seis meses de licencia otorgados en virtud del acuerdo quebrantado. ¿Reconocerán alguna vez que lo de Alex Saab fue una capitulación precipitada?

Maduro sabe que su impopularidad, el aislamiento social al que le somete la gran mayoría de los ciudadanos, lo expone a una derrota segura con Machado, por eso la saca del camino. Es su vocación autocrática. ¿Pero si no es ella, la oposición tiene a estas alturas un Plan B? Henrique Capriles, otro líder opositor, a quien el chavismo pateó fuera del juego democrático desde hace años, luego de que estuviera cerca de ganar las presidenciales de 2013, pidió unidad contra el régimen para no dejarse dividir, darle cabida a la abstención y sumar otra derrota. Indudablemente, los recurrentes errores de la oposición que han seguido la agenda del chavismo les ha restado credibilidad para posicionarse como una alternativa posible para gobernar el país.

María Corina se resiste, pero todo juega en su contra. Mientras, el cerco represivo del régimen se expresa en detenciones arbitrarias, entre ellas la de la experta en seguridad Rocío San Miguel, o en expulsiones, como la de los representantes del Alto Comisionado de la ONU sobre Derechos Humanos en Caracas y la del canal alemán Deustche Welle. No cabe duda, la deriva antidemocrática del chavismo, con tal de aferrarse al poder, se profundiza. La persecución de sus opositores, críticos y quien piensa diferente lo confirma. Bien lo resumió el líder de izquierda y expresidente uruguayo José Mujica: “Venezuela tiene un Gobierno autoritario que se pasa para el otro lado”. Sin embargo, quienes estamos, literal, del otro lado, seguimos sin advertirlo apenas, en tanto el vecino país se precipita a una nueva crisis de inestabilidad que sacudirá a Colombia.