Acaba la interinidad en la Fiscalía General de la Nación. En la quinta ronda de votaciones, celebrada este martes durante una sesión extraordinaria, la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia eligió a la abogada penalista Luz Adriana Camargo, por 18 votos a favor de un total de 23, para ocupar el influyente cargo en el que permaneció hasta la segunda semana de febrero Francisco Barbosa, a quien desde entonces había reemplazado su número dos, Martha Mancera.
La escogencia de la segunda mujer que se pondrá al frente de la entidad, integrada por 23 mil funcionarios, y, a la postre, su décima cabeza desde sus inicios en 1992, clausura un convulso periodo marcado por duras controversias entre el Ejecutivo y la Justicia, choques motivados por la polarización política, indebidas presiones al alto tribunal para que agilizara su decisión y hasta un reprochable episodio de violencia que afectó a sus magistrados. Increíblemente, cuando el asunto parecía bastante resuelto, la inesperada renuncia a la terna de la otrora candidata más opcionada, Amelia Pérez, como consignó en carta dirigida al presidente, Gerson Chaverra, conocida minutos antes del arranque de la jornada, hizo temer que la elección podría truncarse.
Sin vuelta atrás, los magistrados se pronunciaron con sus votos para zanjar el debate en ciernes. Su determinación fue avalada por reputados juristas, según los cuales no se configuró ilegalidad alguna en la elección. Primero, porque la renuncia fue extemporánea, en vista de que el proceso había comenzado meses atrás y, segundo, porque Pérez dimitió ante la Corte y no ante quien la nominó o ternó, en este caso el presidente Petro, con quien se reunió en medio del revuelo que suscitó. Por tanto, no tenía cómo excluirse de la terna a ser votada e, incluso obtuvo un apoyo.
La historia juzgará cómo su aspiración en pleno ascenso se desplomó de una jornada a otra, luego de que se conocieran señalamientos inapropiados de su esposo, Gregorio Oviedo que, a juicio de los magistrados, podrían haber interferido en su gestión si hubiera sido la fiscal general escogida.
Precisamente, en ello radica la clave de esta crucial elección. En Colombia, no solo hace falta firmeza para perseguir y enfrentar la elevada criminalidad multimodal, la perpetua corrupción institucional o la aterradora maraña de delitos de alto impacto enquistados, cuál cáncer metastásico, en los distintos ámbitos de nuestra sociedad. Tampoco basta únicamente con priorizar el enfoque territorial, fortalecer el análisis criminal tecnológico con sistemas de información y analítica de datos, reforzar la ruta de atención a las víctimas, incrementar los mecanismos de la justicia premial o rediseñar los indicadores de gestión de la Fiscalía General.
Todos esos retos identificados con claridad por la nueva fiscal son propósitos encomiables en el camino de resolver las 3 millones de investigaciones en curso que recibe o de corregir perversos desequilibrios del sistema, muchos de los cuales derivan en absoluciones inexplicables que extienden la sombra de la impunidad a diversos niveles. Sin duda, su principal desafío, el que definirá su impronta, será reivindicar con sus resultados procesales la independencia, autonomía e imparcialidad de la Fiscalía. Sus acciones deben ser las que hablen por el ente acusador, envuelto recientemente en desgastantes polémicas que desvían o distraen su atención, esa es la sensación que queda, de lo que es prioritario en el ejercicio de sus funciones. Reafirmar la confianza de la gente en la Fiscalía, hacer todo lo posible para acercarla al ciudadano de a pie, para que la perciba necesaria, útil, viable, y no como un arma política, también debe ser uno de los derroteros a seguir por Luz Adriana Camargo, quien es reconocida por ser una jurista destacada, formada en derecho penal y criminología, con una dilatada experiencia como fiscal, magistrada auxiliar de la Corte Suprema e integrante de la Comisión Internacional contra la impunidad en Guatemala, donde trabajó codo a codo con el ministro de Defensa, Iván Velásquez.
Lo dicho, su posesión la pondrá al frente de una de las instituciones más trascendentes de Colombia, encargada de investigar y acusar penalmente, algo así como deshacer las más complejas madejas de la criminalidad e ilegalidad, buscando la punta del hilo. Para comenzar algunos ovillos que pondrán a prueba su independencia: las nuevas fibras del caso Nicolás Petro, el rollo de la financiación de la campaña presidencial y los inacabables enredos de Álvaro Uribe. Casi nada.
