Hace bien en pedir perdón el nuevo director de la Ungrd, Carlos Carrillo, a las comunidades de La Guajira por el escándalo de los carrotanques que la entidad adquirió para el departamento. También lo debe hacer, y de rodillas, su antecesor, el señor Olmedo López, quien autorizó la compra de los vehículos echando mano, al parecer, de todo tipo de chanchullos, según ha venido señalando la Contraloría General de la República. No contento con ello, los puso a operar sin las pólizas de seguros exigidas por la ley en un intento desesperado y, sobre todo, irresponsable de acallar las voces que denunciaban la sarta de anomalías alrededor de su gestión.
Este asunto no solo apesta, también por donde hurga el recién posesionado funcionario encuentra pus. Es la sensación que queda en la opinión pública, luego de escuchar sus primeras comparecencias. Ya los medios de comunicación durante semanas habíamos dado cuenta de las barbaridades advertidas en los contratos plagados de irregularidades y con evidentes sobrecostos, del entramado que se urdió entre empresas cercanas para quedarse con el multimillonario negocio y de la limitada utilidad de los camiones cisterna para suministrar agua a las rancherías más distantes del desierto guajiro por sus particulares condiciones topográficas.
¿Lo sabían Olmedo y sus calanchines? Claro que sí, eso es indudable. Comités técnicos en el interior de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo desaconsejaron avanzar en el proceso. Pero aun así, contra viento y marea, siguieron adelante para aprovecharse a como diera lugar de su cuarto de hora en el poder, firmando contratos, aparentemente amañados, muchos de ellos en la región Caribe, una de las más afectadas por el fenómeno de El Niño. ¡Se les apareció la Virgen!
Salta a la vista que no será fácil extirpar el mastodóntico tumor de corrupción, ineficiencia y cinismo que ha crecido en el interior de la entidad, convertida en la bestia negra del Gobierno del Cambio. En el arranque de su mandato la curva de aprendizaje le pasó factura a Javier Pava, quien debió dar un paso al costado por su impericia, inacción e inflexibilidad al frente de la institución encargada, nada más y nada menos, de prevenir y atender los desastres en un país en el que sobreabundan. Su segundo director, el inefable Olmedo, que en el estertor de su agónica salida decidió autovalidarse a través de un comunicado espurio, terminó yéndose por la puerta de atrás soportando un fardo de acusaciones de corrupción que, incluso llegaron desde la misma Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República. Imposible, un descrédito mayor. No existe ningún subterfugio ni coartada que descargue de culpa a quienes se lucraron del infortunio de las comunidades de La Guajira que padecen lo indecible, hasta la muerte de sus seres más amados, por la falta de agua potable. Quienes lo hacen y, lamentablemente, así ha sido de manera recurrente durante décadas, no tienen perdón de Dios, pero tampoco lo deben tener de la justicia humana. Carrillo quien habla con la claridad esperada sobre el desdoro en el que ha caído la entidad que ahora preside debe trasladar sin falta a la Procuraduría, Contraloría y Fiscalía, sus hallazgos, que no deben ser pocos. Y a los organismos de control que no les tiemble el pulso para con celeridad y eficacia producir los resultados que el país demanda por este caso.
La realidad es incontestable. Ha quedado claro que este proyecto, el de suministrar agua a la Alta Guajira, no fue ni bien planificado ni bien estructurado, de manera que terminó siendo un desastre peor que el que buscaba remediar. Más de $40 mil millones costaron los 40 carrotanques, que habrían tenido sobrecostos de $7.760 millones, y que están otra vez parados por la falta de pólizas, que no aparecen. En la Ungrd no aparece el estudio de necesidad para adquirirlos ni el de mercado para establecer precios, pero Carrillo sí encontró que López compró otros 40 camiones por $29 mil millones con el mismo propósito. Lo más indignante es que tampoco operan y, aun peor, ninguno de ellos tiene hoy asegurada una fuente estable de abastecimiento, de modo que al final de todo, la urgente necesidad de agua continúa invariable.
A nadie le cabe duda que esto ha sido una vergüenza en toda la extensión de la palabra que demanda responsabilidades políticas del Gobierno. Por supuesto que la corrupción no es privativa de un partido, de manera que el que se sienta libre de pecado que tire la primera piedra.
Sin embargo, la campaña de Petro, como ninguna otra, enarboló la decencia, transparencia e integridad como sus banderas, exhibiendo una pretendida superioridad moral. Reclamo indefendible que choca ahora contra hechos que involucran a sus ministros, como sucedió con María Isabel Urrutia; a sus financiadores, en el caso de los jugosos contratos con el Estado que favorecerían al clan Torres, o a su hijo Nicolás, quien irá a juicio tras admitir que se quedó con aportes para la campaña presidencial. Nos gobierna el Cambio, sí, pero seguimos anclados en el pasado.
