Hemos afrontado tantas crisis de inseguridad en Barranquilla y su área metropolitana que, al final, nos hemos resignado a padecerla. Pero ese no es el deber ser. O es que acaso es normal que en marzo se contabilicen en el Atlántico casi 50 crímenes, 32 de ellos en la capital del departamento, 9 en Soledad, 2 en Malambo, uno más en Puerto, otro en Galapa y el resto en Usiacurí, Luruaco, Sabanagrande y Campo de la Cruz, sin contar las víctimas fatales de siniestros viales, que también son un escándalo que pasa de agache. En total, van 184 asesinatos en 2024.

Ligados a la extorsión, práctica infame que organizaciones del crimen naturalizaron como algo cotidiano en barrios de Barranquilla y sus municipios vecinos, se reportan varios asesinatos en los últimos días. Uno de ellos, el del comerciante Marco Aurelio Díaz, propietario de un mercado en el barrio Santa Inés, de Soledad, baleado por sicarios en moto durante un ataque. Horas después, dos clientes de un billar de Rebolo, Zuelen Alvear y Francisco Lizcano, murieron en un atentado, aparentemente contra el establecimiento. Pocos días atrás se conocieron los asesinatos del barbero Yeins Logreira y del panadero Diomer Gómez. Ambos sucesos, en el norte.

Es un hecho que la delincuencia le ha perdido el miedo a la autoridad, el respeto a la justicia o a todo aquello que represente la institucionalidad. Algo se rompió en el sistema, quizás por señales erradas de que el crimen paga, en tanto la impunidad campea para quienes delinquen. Por las razones que sean, los ciudadanos se perciben hoy más indefensos, desprotegidos y sin ganas de denunciar.

Arrinconados por el miedo, la rabia, frustración e impotencia que les produce una criminalidad sin contención que atenta contra sus vidas, los despoja progresivamente de sus medios de subsistencia y quebranta su tranquilidad, también la de sus seres queridos, comerciantes se lanzaron este martes a las calles de Barranquilla para advertir su drama. Totalmente comprensible. Lo hicieron con carteles en los que se leía: “Nos están matando”, mientras en cada una de la estaciones de su Vía crucis, la Alcaldía, la sede de la Fiscalía General Seccional Atlántico, la Gobernación y el Comando de la Policía Metropolitana, exhibieron un féretro que visibilizaba su clamor por una intervención estatal que ofrezca una respuesta efectiva al desafío de la ilegalidad.

Su demanda por más acciones de inteligencia que contrarresten la comisión de crímenes, de presencia permanente de las autoridades, en especial de la Fuerza Pública, de labores funcionales de investigación judicial y de una eficiente justicia que acabe con la impunidad no es infundada.

Relativizar los crímenes asociados a la extorsión, a las disputas por el control social de barrios o de las rentas ilícitas e ignorar esta crisis recurrente que cobra vidas en una dinámica macabra que por oleadas se dispara en la ciudad, dejando al descubierto debilidad institucional, desarticulación entre los ámbitos local, regional y nacional, cuando no hechos de corrupción o complicidad de quienes deben velar por la seguridad ciudadana, resulta lo más parecido a darse un tiro en el pie. Por experiencia se sabe que es terreno abonado para la expansión del crimen.

Atlántico aparece como el cuarto departamento de Colombia con la tasa de extorsión más elevada por cada 100 mil habitantes, según la base de datos SIEDCO, de la Policía Nacional. En 2023, los casos aumentaron 96 % en Soledad, 101 % en Barranquilla y 121 % en Malambo, comparados con los de un año atrás. Algunas señales apuntan a que seguirán al alza. Sí, este es un delito demasiado rentable para las organizaciones multicrimen, los Costeños, los Pepes o los Rastrojos Costeños, que han apuntalado su crecimiento o la diversificación de sus fuentes de financiación en la extorsión. Su modelo se ha extendido a nivel nacional con desastrosos efectos.

Si el Gobierno nacional, en cabeza de los ministerios de Defensa y Justicia, no lidera una estrategia de seguridad integral que incorpore, por un lado, acciones estructurales contra las mafias criminales y, por otro, la reforma del Inpec para regular el descontrol de las cárceles, donde operan 24/7 los call centers de la extorsión, los planes de las alcaldías, en el caso de Barranquilla o Soledad, y de la Gobernación, corren el riesgo de desgastarse con rapidez. Esto no es percepción, es realidad, así que hagan algo por favor, los derechos y libertades de todos los ciudadanos se encuentran bajo amenaza por el inobjetable deterioro de la seguridad de nuestros espacios. Tampoco dejemos solas a las víctimas, unidad ante todo, solo así seremos más fuertes.