En el camino que transitamos hacia un racionamiento de energía que por momentos parece insalvable, los colombianos mostramos una resistencia heroica frente a la mediocridad e improvisación del Gobierno Petro. Sus medidas tardías o extemporáneas ante una contingencia advertida hace más de un año atentan contra la inteligencia colectiva de millones de personas que en la actualidad se saben expuestas a afrontar lo impredecible por la visión cortoplacista o negligente actuación del Ejecutivo, en particular de su Ministerio de Minas y Energía.

Ni antes con Irene Vélez, quien ad portas del inicio de ‘El Niño’ en 2023 propuso la desconexión del parque térmico, ni ahora con Andrés Camacho, quien luego de anunciarle al país el 8 de febrero que estábamos a punto de superar el fenómeno climático entró en fase negacionista, relativizando con pasmosa indiferencia los insistentes llamados de distintos sectores para que actuara de forma anticipada, el Ejecutivo adoptó las decisiones preventivas necesarias para conjurar sus previsibles impactos. O, al menos, para postergarlos todo lo que fuera posible.

A estas alturas, inmersos en el riesgo más alto de racionamiento desde 1992, con el inesperado pronóstico de que lloverá menos de lo que se esperaba en lo que queda de abril –de modo que caudales ni embalses se recuperarán lo suficiente-, tras el marzo más seco de los últimos 40 años, y con las térmicas, entre ellas las de la región Caribe, atendiendo el 50 % de la demanda energética nacional, operando casi a su plena carga: 115 gigavatios hora día –el máximo de generación termoeléctrica es de 119 (gWh)-, al Gobierno se le agotan las ventanas disponibles para salir airoso de una crisis con evidentes señales de alerta que, inexplicablemente, desestimó.

¿La vio venir? Sin duda. Ningún otro Gobierno, considerando el enfático y recurrente discurso del jefe de Estado sobre los ruinosos efectos del calentamiento global, se ha expresado tan consciente de la ocurrencia, frecuencia e intensidad de fenómenos asociados a la emergencia climática. De modo que desconcierta el quietismo de sus funcionarios ante lo que era evidente.

¿Por qué Petro no ordenó tomar acciones oportunas, responsables, coherentes, frente a los escenarios extremos pronosticados por ‘El Niño’ desde finales de 2023, fuerte sequía, reducción de fuentes hídricas y elevadas temperaturas, en vez de improvisar ahora con una medida baladí e ineficaz, por no decir abusiva e ilegal, como decretar un día cívico para ahorrar agua y energía? Remedo de racionamiento que salió mal porque casi nadie le copió la ocurrencia.

Todo lo que pudo hacerse bien en el manejo de la crisis, de manera anticipada y, especialmente, articulada con los agentes del sector energético se aplazó, a la espera de condiciones climáticas favorables que, al final, nunca se materializaron. Se perdieron meses valiosos, mientras el nivel de los embalses caía progresivamente acercándose al umbral crítico del 27 %, y la demanda de energía se desbocaba por el calor intratable, en particular en la región Caribe, llegando al 12 %.

El ministro Camacho con la ministra Muhamad, primero estiraron tiempos, dilataron determinaciones, se confiaron, le restaron importancia al asunto y, después, aún sin reconocer que se equivocaron, trataron esta semana de subsanar una situación que alarma, al menos en el inmediato plazo. A destiempo, anunciaron medidas regulatorias, otras que suman más energía al sistema e incentivos económicos para quienes se comprometan a ahorrar en su consumo. Nada distinto a las propuestas que desde mediados de 2023 gremios, académicos o técnicos les pedían revisar para actuar con pertinencia ante los riesgos de un sistema con un problema estructural: una oferta reducida sin reservas suficientes para atender una demanda en constante expansión.

Aunque ninguna más trascendente que esta, al Gobierno se le acumulan las crisis sin que se entienda bien por qué su resistencia a gestionarlas de forma oportuna y de la mano con quienes podrían ser sus aliados, pero que por una vacua dignidad de superioridad moral gradúa de antagonistas. Quizás por ello o por su demostrada impericia, falta de comprensión de cómo funciona lo público o sesgada visión sobre sus inamovibles de siempre es que el ex ministro de Minas Amylkar Acosta afirma que la crisis fue inducida por el propio Ejecutivo.

Lo que ahora vivimos es de tal dimensión que ni siquiera el presidente de la remozada Creg, la otrora crucial comisión de expertos independientes en temas energéticos que por fin estrena cuórum, descarta un apagón. Sin energía eléctrica, el desarrollo socioeconómico del país, de su gente, se sitúa en el filo de la navaja. Con responsabilidad histórica, el Gobierno debe entenderlo así para recuperar el camino, el respeto, la confianza con los agentes del crucial sector energético y demostrar que es capaz de resolver las dificultades de una gestión que sí le tiene que importar.

Llueve, pero queda un largo trecho hasta dejar atrás el apagón, un fantasma del pasado que, increíblemente, volvió. Como nadie, ni el bien informado ministro Camacho, tiene una bola de cristal con conexión directa al próximo fin de semana cuando se estima que se agotarían las reservas hídricas, conviene que afrontemos cada hecho con pragmatismo, capacidad resolutiva, dosis de verdad, sin eufemismos ni sesgos. Tengamos claro que la cuenta regresiva para confirmar un racionamiento ya está en marcha.