Si en Colombia existe una región con una demostrada capacidad de ahorro, también de aguante, en materia energética, es el Caribe. La persistente crisis tarifaria, aún no resuelta pese a los vacuos anuncios del actual Gobierno, heredero de semejante ruina, ha exigido a los usuarios, tanto residenciales como comerciales e industriales, ser todo lo inventivo e innovadores que sea posible para tratar de disminuir el consumo y, en consecuencia, el valor a pagar cada fin de mes.

Que nos vengan a decir ahora que tendremos que asumir un sobreprecio que oscila entre un 30 % y un 100 % más, dependiendo del tipo de usuario, por cada kilovatio extra que consumamos durante los próximos meses, parece un chiste, uno bien malo, que no se compadece con la situación agónica que arrastramos desde hace al menos tres años los habitantes del Caribe y que el resto del país apenas conoce. A decir verdad, lo que nos pasa no les interesa porque no les afecta.

Indudablemente, afrontamos en Colombia una crisis de energía y agua derivada de los efectos del fenómeno de El Niño, y asociada a los de la emergencia climática por el calentamiento global. Decir lo contrario sería ir contra toda evidencia. De hecho, la sequía en el Atlántico es inequívoca. Al bajo caudal del Magdalena o al reducido nivel del Canal del Dique se le añade la escasez de agua en el Embalse del Guájaro, como lo reseñamos hace algunos días en EL HERALDO. Esta coyuntura ha provocado desazón en sus comunidades aledañas por el riesgo de desabastecimiento e inseguridad alimentaria. Conseguir su sustento y el de sus familias dejó de ser una actividad habitual para los pescadores de la zona, convertidos en desplazados climáticos.

Por razones evidentes, en vista de nuestras elevadas temperaturas u otras características propias de este clima tropical, en ocasiones bastante seco, en otras, en exceso húmedo, el Caribe tiene unas condiciones totalmente distintas a las del resto del territorio nacional, con unas necesidades particulares de enfriamiento y refrigeración que al final impactan la demanda. Como en ninguna otra región, esta ha venido creciendo a niveles del 11 % o 12 %, en la medida en que ‘El Niño’ ha recrudecido sus efectos. Que la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) nos mida bajo el mismo rasero que lo hace con Bogotá, Bucaramanga o Manizales para penalizar el derroche en el consumo, como parte del plan de ahorro nacional, parece inequitativo, por no decir, lesivo para el bolsillo.

Este desahogo, a manera de llamado reflexivo dirigido al nivel central que casi nunca suele tenernos en cuenta cuando toma decisiones que nos afectan más a los que estamos –como nosotros– ubicados en las periferias de su reino capitalino que a sus coterráneos del altiplano, no pretende orquestar una rebelión de masas. Aunque debería. No se trata de oponerse, porque sí, al sistema de incentivos con el que el Ministerio de Minas y Energía apuesta por la zanahoria y el garrote para bajar por la fuerza el consumo de un país que transita por el filo del racionamiento, sino de exponer a manera de defensa la situación de una región a la que insisten en hacerle el feo, desconociendo sus realidades, metiéndola en un mismo saco, como han hecho ahora equiparando su elevada demanda energética con la del conjunto nacional. O como han hecho antes imponiéndole un régimen tarifario que es un 30 % más costoso que el del resto de la nación.

Si nuestra dirigencia, comenzando por los congresistas, no se emplea a fondo exigiéndole al Gobierno nacional revisar la conveniencia de la aplicación de la medida para el Caribe o presionando para que se haga bajo criterios diferenciales, a lo sumo, no tendremos más salidas.

Señores parlamentarios, mandatarios, estamos en sus manos. Si no es posible, en aras del uso eficiente de la energía, algo en lo que tenemos aquí sobrada experiencia, nos someteremos a racionalizar al máximo. Nadie quiere ni tiene cómo pagar penalizaciones a su consumo, así toque soportar más calor, vivir a oscuras o renunciar a encender la televisión. Quizás, si en el máster de faquires energéticos que cursamos en la región, algunos alcanzan ahorros significativos es probable que en los meses futuros puedan recibir una gratificación, aunque lo comido podría salir por lo servido, en la medida en que siga creciendo la demanda y con ella el valor del kilovatio.

En el diálogo de sordos que el Caribe sostiene con el Gobierno nacional, con este y con los anteriores, en honor a la verdad, la resolución de la crisis energética ya no se considera una petición, sino una urgencia. Y ni así tenemos eco. De suerte que sin respuestas puntuales al clamor de la región, toca continuar fungiendo como improvisados meteorólogos, cruzando dedos para que llueva, los embalses se recuperen, baje el calor, el ahorro de agua y energía se consolide, entren nuevos proyectos energéticos al sistema y pase todo lo que tenga que pasar, a ver si las propuestas que los actores de la cadena han puesto sobre la mesa empiezan por fin a materializarse, con la voluntad del Ejecutivo, de la Creg y del sector, porque no aguantamos más.