La Contraloría vuelve a rajar al Gobierno del Cambio por su baja ejecución del Presupuesto General de la Nación. Esta apenas alcanza 9,1 % de cumplimiento en inversión, durante el primer trimestre de 2024 y, todavía peor, aparece como la más deficiente, si se compara con el mismo periodo de las tres últimas vigencias: en 2021 fue de 10,3 %; en 2022, de 16,3 % y en 2023, de 11,5 %. Inercia insólita e incomprensible que preocupa al mundo político, social y económico, pero, en particular, desconcierta a quienes votaron por un proyecto que casi dos años después de haber alcanzado el poder aún continúa en construcción.

Es cierto que en cada caso existirán circunstancias propias, sobre todo en el de los sectores más rezagados, que deberán ser revisadas cuanto antes por el Ejecutivo para tratar de revertir sus cuestionables resultados, pero a simple vista la sensación que queda es que mientras más gobiernan más se les dificulta ejecutar los recursos que les fueron asignados por un desbarajuste institucional que no han podido solventar. De manera que justo ahora cuando se acerca el ecuador de su mandato, se repiten las alertas advertidas en anteriores momentos por el Congreso de la República y entes de control sobre sus retrasos en la ejecución presupuestal.

No tiene sentido desconocer la realidad, relativizarla o intentar disfrazarla a punta de excusas. Los hechos son claros, quedan para que se abra el debate y se tomen correctivos. Resulta evidente que la impericia de quienes en la actualidad desempeñan cargos claves en la administración pública o de gobierno, la salida o rotación de funcionarios técnicos de ministerios y departamentos administrativos y la ausencia de indicadores de gestión, mecanismos de seguimiento de avances o de evaluación de objetivos definidos, y, en especial, de un liderazgo con visión estratégica que se ocupe de señalar derroteros, les siguen pasando factura al Gobierno.

Tensiones o discrepancias que han quedado al descubierto en determinados sectores del Gobierno coinciden con su manifiesto rezago en inversión. ¿Por qué será? En el fondo de la tabla está el Ministerio de Deporte, que apenas ha ejecutado el 2,3 % del total de su presupuesto. Este es el que ocupaba Astrid Rodríguez, una de las responsables directas de que Barranquilla perdiera los Juegos Panamericanos, y quien fue reemplazada en marzo por Luz Cristina López, tercera persona en el cargo desde agosto de 2022. La primera había sido María Isabel Urrutia.

En esa misma línea, se encuentra Prosperidad Social que estrenó hace poco su tercer director en este Gobierno, el exsenador Gustavo Bolívar, quien recibió el testigo de Laura Sarabia, que tuvo un paso fugaz tras haber sustituido a Cielo Rusinque. Esta entidad, tan crucial en la apuesta de equidad social para los más vulnerables y que cuenta con un presupuesto de $10,7 billones, solo ha ejecutado el 4 % en gasto de inversión. Algo similar ocurre con la Agencia Nacional de Tierras o el Instituto Nacional de Vías, que cuentan con asignaciones superiores al billón de pesos y sus avances escasamente rozan o superan el 1 %. Otros casos son el del Ministerio del Interior, con una inversión de 0,8 %; Ministerio de Vivienda, con 0,7 %, en medio de alertas por la profunda crisis que atraviesa la construcción, según Camacol; Presidencia de la República, con 0,5 % o Agricultura, con 2,6 %. Caso aparte el del Ministerio de Igualdad que dice la Contraloría tiene una apropiación de $400 mil millones para inversión y aún “no ha ejecutado a nivel de obligaciones”.

No son normales semejantes retrasos, a esta altura del año, y en particular, cuando el país enfrenta una encrucijada por la ralentización de su crecimiento económico, debido a factores internos y externos que demandan poner en marcha, como distintos sectores han reclamado con insistencia, un plan de reactivación que incorpore proyectos financiados con inversión pública.

¿No será que el Gobierno se equivoca en su modelo de ejecución, a juzgar por la situación de letargo puesta de manifiesto por la Contraloría, que antes había enfatizado en su tendencia de hacer cosas por fuera de los cauces establecidos, como cuando decidió no desagregar $13 billones de inversión del Presupuesto, otra razón detrás de las demoras en el ritmo de ejecución?

En total, $99 billones, recursos que son de los ciudadanos, es decir, de todos nosotros, es el monto de inversión del que dispone el Gobierno este año. Y sí, se le hace tarde para acelerar sus indicadores y no quedar rezagado, como le pasó en la vigencia 2023. El Congreso pasa al tablero a los ministros, les pide cuentas y, como anuncia el presidente de la Comisión Tercera, el senador Efraín Cepeda, no descarta castigos a los más ineficientes, aunque del dicho al hecho hay mucho trecho. Lo cierto es que el Ejecutivo tiene que resolver sus desajustes internos que lo dejan al borde de la incompetencia, lejos de los parámetros de madurez y responsabilidad que se le exigen.