Publica la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) una circular que pone los pelos de punta. El documento en cuestión relaciona una propuesta de la empresa Vanti para unificar la remuneración del transporte de gas natural, el de la región Caribe y el del interior del país, que operan distintas compañías, Promigas y TGI, respectivamente. En consecuencia, sugiere crear una tarifa única para estos dos grandes sistemas, que vista con la lupa pequeña: adivinen a quiénes golpearía duramente generando un impacto directo en su costo de vida, lo que dispararía la inflación, sumaría gastos adicionales a la canasta familiar y provocaría incrementos en los precios del combustible para la industria y la pérdida de competitividad de su sector productivo.

¿Alguien gritó los habitantes del Caribe? ¡Bingo! Como no podría ser de otra manera, este estudio elaborado por la Universidad de Los Andes, al que le faltan por cierto varios hervores, porque no analiza en profundidad los impactos de la medida ni da respuesta a elementales inquietudes sobre sus alcances, tiene todo el potencial de desencadenar una serie de efectos perversos para los bolsillos de la gente de nuestra región, vaciados como ya están por cuenta de las impagables tarifas de energía que nos han obligado a caminar sobre el filo de lo imposible.

No nos interesa vender humo, para eso sobran profetas del Apocalipsis; nuestra labor como periodistas es la de lanzar alertas y este es un despropósito en ciernes que agravaría aún más las difíciles condiciones socioeconómicas de usuarios de sectores residenciales, comerciales e industriales del Caribe. Todo, la vida misma, se encarecería si el transporte del gas sube de valor porque los señores de la Creg deciden avalar la nueva forma de calcular su costo. Así de simple.

Parece obvio que si esto ocurre a los usuarios se nos trasladará el aumento. Tienen razón quienes se oponen. Algunas voces se empiezan a escuchar, en EL HERALDO las recogemos, nos sumamos a ellas, porque en definitiva esto no es más que otra injusticia que empobrecerá a las comunidades más necesitadas de este país. Sí, escandaliza que serían los hogares con menos recursos los directamente apaleados con la puesta en marcha de la “agregación de tramos regulados”, objeto central de la iniciativa. La razón es evidente. El Caribe, a diferencia del interior, concentra el mayor número de personas de estrato 1 y 2. ¿O es que no se han dado cuenta todavía?

El asunto es bastante técnico, pero por experiencia sabemos -ahí está la crisis tarifaria de la energía- que si la ciudadanía no hace un esfuerzo por tratar de entender cuál es la metodología o cómo se estima la relación costos vs. beneficios, al final cuando una propuesta tan perniciosa como esta llega a concretarse no queda tiempo ni espacio para llorar. Tampoco para reclamar o dar la pelea en defensa de los intereses de esta región, a la que con demasiada facilidad se le meten goles. A saber si es porque nuestra dirigencia peca por exceso de ingenuidad, flaqueza, desinterés o pervive en una fase catatónica que no le deja levantar su voz para hacerse escuchar.

Lo primero es señalar que la tarifa del transporte de gas tiene un costo para el Caribe, de USD1.18 por mil pies cúbicos (kpc), y otro para el interior del país, de USD2.70/kpc. Si se integran los sistemas como lo prevé la propuesta, el valor resultante sería de USD2.09/kpc. Como las matemáticas no fallan, ese nuevo costo de transporte supondría una disminución de 23 % para la tarifa del interior y un aumento de 77 % para la de la Costa. El sentimiento de desazón es claro.

El análisis de Los Andes sustentado en que el costo del transporte no dependería ya de la distancia recorrida por la molécula entre campos de producción y consumo, como hasta ahora, sino que asume otros factores, como el superávit de la oferta de gas en el interior del país, no ahonda en asuntos que podrían sobrestimar sus beneficios, según la Contraloría General. Entre ellos, los escenarios de escasez del sector o la incertidumbre sobre el futuro de la exploración o explotación de las actuales reservas que alcanzarían para 7,2 años, lo que despierta inquietud por un posible desabastecimiento o la formación de unas tarifas más costosas en el corto plazo.

Ni hablar de los riesgos reales para el Caribe, todos alarmantes, como podrían ser nuevos aumentos en las tarifas de energía por el impacto de un gas más caro en la generación térmica o la deslocalización de industrias hacia el interior del país por costos gravosos, solo por mencionar dos. Conviene tener el mapa completo, no solo la lectura del estudio que reposa en manos de la Creg. Antes de tomar una decisión definitiva, se deben escuchar todas las voces, en particular las de los usuarios de la región que a fuerza de golpes hemos aprendido a no quedarnos callados. La causa del Caribe existe, volvamos siempre sobre ella, defendamos que se nos trate con respeto.