Tienen razón los docentes de Colombia en estar indignados. Los cambios se hacen para mejorar y en la transición a su nuevo modelo de salud ha ocurrido todo lo contrario. En los últimos 15 días, desde que arrancó este proceso, se han multiplicado exponencialmente sus denuncias o quejas por la deficiente prestación de servicios, dificultades o trámites engorrosos para la entrega de los medicamentos y la continuidad de tratamientos de enfermedades crónicas o de alto costo.

Su malestar es totalmente comprensible. Maestros, educadores pensionados y sus familias, algunos de ellos con condiciones médicas extremadamente difíciles, se despertaron un buen día, el primero de mayo para ser exactos, estrenando complicaciones adicionales a las que ya afrontaban. La razón, como ha documentado EL HERALDO tras conversar con los afectados, radica en la implementación a las carreras del nuevo modelo de salud, dirigido y operado por la Fiduprevisora, y estructurado por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, Fomag, que anunció una red con más de 1.500 prestadores a nivel nacional y sin intermediarios.

No ha sido así y el tiempo para solventar fallas que ahora reclaman los nuevos operadores fue lo que le faltó al nuevo modelo para estar afinado en su apresurada puesta en marcha. Porque de lo que se habla es de salud, del bienestar de los maestros y sus beneficiarios es lamentable que los peores pronósticos se hubieran cumplido, ratificando las alertas sobre improvisación e irresponsabilidad que un grupo de docentes, entre ellos algunos miembros de Fecode, su poderoso sindicato, lanzó en su momento para hacer entrar en razón al Gobierno nacional. Pero este desatendió el llamado que buscaba postergar su implementación en aras de ajustarlo mejor.

A estas alturas, cuando los docentes denuncian la deshumanización del sistema en el Atlántico o salen a las calles de Bogotá u otras ciudades a protestar porque no encuentran eco a sus quejas, mucho menos soluciones, se disparan las preguntas, al igual que la confusión en las respuestas. El presidente Petro atribuye el caso al software, la Fiduprevisora guarda silencio y Consalud, el nuevo operador del modelo en Barranquilla, no resuelve las inconformidades. Ante semejante desbarajuste, los docentes reclaman un servicio de calidad, confiable, oportuno, a la mayor brevedad, porque está claro que su derecho fundamental a la salud continua siendo vulnerado.

¿Quién da la cara para asumir responsabilidades frente a este caos? O mejor aún, ¿quién sale en defensa de los intereses de los docentes que terminaron metidos por malas decisiones políticas en un laberinto del que ahora les cuesta salir? Por muchas explicaciones que se intenten ofrecer, si es que alguien lo hace, queda la sensación, por un lado, de ineptitud, y, por otro, de absoluta indefensión, debido a que, como también se anticipó, la Superintendencia de Salud no tiene facultad para intervenir la Fiduprevisora, aunque sí puede sancionar a quienes nieguen servicios.

Se hace tarde para que los directamente involucrados en este despropósito, los ministerios de Educación, Salud, Hacienda y Trabajo, así como la Fiduprevisora y el Fomag, a donde los docentes de Barranquilla y el Atlántico representados en Adeba y Adea han elevado sus denuncias, tomen determinaciones coherentes, pero sobre todo responsables, que solventen sin titubeos estas indecencias con los maestros, en especial con los de más edad o con quienes están más enfermos.

Lamentable que a Fecode –bien sea por su cercanía con el Gobierno, por haber sido parte de la estructuración del sistema o por evitar reconocer sus irrefutables falencias y, de paso, su responsabilidad- le haya costado tanto entender que el asunto no iba a mejorar por sí solo, como se dijo inicialmente, sino que ha pasado de castaño oscuro. Docentes aseguran que nunca se contrataron nuevas clínicas ni que han podido escoger con libertad a sus prestadores de servicios. Más bien lo contrario. Señalan que en medio de este lío descomunal los han mandado a buscar medicamentos en lugares distantes, cuando no los han tenido que comprar ellos mismos. Injusto.

Ahora con todas las alarmas encendidas Fecode reacciona. También lo hace el Ejecutivo. Más vale tarde que nunca, pero tienen que pasar del departamento de carreta a los hechos para superar esta extendida crisis antes de que su nuevo modelo de salud derive en un total fracaso.