Miles de hectáreas anegadas. Miles de familias frustradas e impotentes. La historia se repite y es cíclica. Resulta desolador el panorama que se extiende, como la inundación misma, en la Mojana, donde 11 municipios de Sucre, Bolívar, Córdoba y Antioquia vuelven a estar bajo las aguas del río Cauca, luego de la ruptura del dique que se construye en Cara ‘e gato, en San Jacinto del Cauca.
Poco les duró a los mojaneros la dicha por haber clausurado hace menos de tres meses el boquete abierto en agosto de 2021, casi en ese mismo punto. Sería insensato desconocer todo lo que desencadenó aquel desastre del que aún no se recuperan miles de afectados. Justo por esa herida que aún lastima, esta nueva emergencia ha causado entre los anfibios, como se les conoce a los resilientes habitantes de la subregión, un pesar indescriptible. No solo fueron los 30 meses de titánica lucha para cerrar Cara ‘e gato, la corriente del Cauca también arrastró las esperanzas de quienes hasta se endeudaron para reiniciar sus proyectos de vida y, una vez más, dar la pelea.
Es difícil asimilar que justo cuando la sequía daba señales rotundas de quedar atrás les toque lidiar con un desastre nacional no declarado, producto de las primeras crecientes del río. Obviamente, la angustia como el desconcierto de los damnificados es directamente proporcional a la magnitud bíblica de la inundación que en cuestión de días borró por completo el verdor de sus tierras, anegó los cultivos de arroz recién sembrados y forzó a los arreadores a emprender una veloz trashumancia para que las reses no perecieran por una crecida sin fecha de caducidad.
Como ha pasado en las 33 inundaciones anteriores, documentadas, y además con aflicción, por los mojaneros durante 30 años, los peores efectos de esta tragedia impactan a los más pobres de los pobres. Con una mano delante y otra atrás, miles de familias han dejado sus humildes viviendas, otra vez anegadas, para malvivir en míseros cambuches a las orillas de la carretera. Nadie les dice por cuánto tiempo, porque nadie lo sabe. Sin educación para sus hijos ni atención en salud o acceso a medicinas y, en particular, con hambre, con física hambre, estas comunidades soportan una crisis humanitaria que parece calcada de una generación a otra. Lo hacen con un dolor que excede la impotencia de no encontrar ni antes ni ahora soluciones definitivas que rompan su círculo de pobreza. Solo saben que cuando las aguas se sequen serán aún más pobres.
La pregunta es recurrente, pero no sobra hacerla: ¿alguien conoce, tiene claro cuál es la salida para superar este reiterativo desastre? Porque estas varían enormemente dependiendo de quién las formule. Autoridades políticas, representantes de la sociedad civil que hacen parte del Pacto Social por la Mojana y habitantes de la subregión insisten en que se avance en los trabajos para cerrar los chorros y se aseguren los millonarios recursos que demandan las obras estructurales.
Ambientalistas, por su parte, argumentan que se debe ordenar el territorio alrededor del agua, para que esta inunde ciertas zonas, de modo que habría que reubicar a sus moradores y, ante todo, dejar de invertir plata en construir muros que al final se los lleva el río. Desgraciadamente, este debate no se da en condiciones normales, sino cuando la creciente del Cauca aumenta, lo cual dificulta acercar posiciones, entre otras razones, porque las prioridades son otras. La más importante, sin duda, salvar vidas, pero más temprano que tarde este asunto deberá ser abordado con perspectiva de futuro para que no se siga empujando a los mojaneros a un callejón sin salida, ahora que los fenómenos de variabilidad climática son tan frecuentes como intensos.
En lo que sí parece haber coincidencia es que Cara ‘e gato y otras intervenciones que se tragó el Cauca han sido “la vaca lechera” de funcionarios y contratistas privados que se llenaron los bolsillos con la tragedia ajena sin resolverla. Paradigmas de pésima gestión que además activaron la insaciable máquina de la corrupción. Demasiadas denuncias ciudadanas siguen sin respuestas.
Algunas de ellas durante la nefasta era de Olmedo López y sus secuaces al frente de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. El actual contrato por $128 mil millones para acometer las obras de Cara ‘e gato ha hecho saltar todas las alarmas, no solo porque no han avanzado al ritmo requerido, también porque el consorcio encargado dice ahora que no tiene liquidez para seguir, como el hoy director de la Ungrd, Carlos Carrillo, le reveló a EL HERALDO. Tampoco aparece su plan de contingencia en medio de un desastre que reclama responsabilidades políticas, pero -sobre todo- determinaciones del Gobierno nacional para atender a los miles de damnificados que en su infortunio le exigen con urgencia atención humanitaria. Superemos, aunque sea por un momento, la considerable ineptitud de siempre y demos respuestas a esta población que literalmente agoniza…una vez más.
