La arremetida terrorista del Estado Mayor Central de las Farc, ayer en el Cauca, también en su departamento vecino, el Valle del Cauca, con policías y civiles muertos y heridos, entre ellos tres menores de edad que se dirigían a sus colegios, y la destrucción de bienes en plena vía pública, evoca dolorosos momentos que creíamos superados en el país. Pues, no es así. Las peores expresiones de la guerra, que a decir verdad jamás se ha ido, no dejan de recrudecerse en territorios que, pese a la ofensiva de la Fuerza Pública, parecen estar fuera del control del Estado.

Son tan brutales como deplorables los recurrentes actos criminales perpetrados por esta disidencia, heredera de las más execrables prácticas de la guerrilla de las Farc, violatorias todas de los derechos humanos y de las normas básicas del Derecho Internacional Humanitario. Atentados contra civiles, ataques a policías y militares o crímenes selectivos, entre otros exabruptos de irracional violencia, hacen parte de la carta de presentación del escindido EMC, que ratifica a diario el desafío que le ha lanzado a la institucionalidad, en tanto ejerce un implacable control territorial y social en zonas en las que ha condenado al horror a sus habitantes.

Viendo los rostros de la desolación tras los bombazos en las áreas urbanas o rurales o escuchando los agónicos llamados de auxilio de integrantes de la fuerza pública, parece que el tiempo se hubiera detenido 25 años atrás en municipios del Cauca, Valle, Chocó, Arauca, Nariño, sur de Bolívar o de otras regiones asoladas por las guerras sin cuartel que libran disidencias, estructuras del crimen organizado, grupos armados ilegales o bandas delincuenciales, bien sea entre ellas, contra el Estado o contra quien se les oponga a sus actividades ilícitas e intente desmantelar sus imperios de ilegalidad. Ni qué ideología ni qué ocho cuartos, lo que más les importa es el dinero.

Al final lo que tenemos, tras casi ocho años de la firma del Acuerdo de Paz del Teatro Colón en el Gobierno Santos, la escasa implementación de sus puntos más urgentes en el Gobierno Duque y los incentivos perversos entregados por el Gobierno Petro a organizaciones armadas ilegales para obtener resultados de su enrevesada política de la paz total, erráticamente planteada desde el primer momento, es un aterrador pandemónium retratado en la suma de un montón de conflictos que se ensañan de distintas maneras, cada una más cruel que la otra, contra los civiles.

Indudablemente, la situación más dramática se vive en el Cauca, donde sus comunidades se encuentran a merced del terrorismo. La lista de sus municipios en la mira de los violentos, principalmente de las disidencias de Farc, tanto del EMC como de la Segunda Marquetalia, y del Eln, afectados por hechos de alto impacto, como masacres, crímenes de líderes sociales, ataques y hostigamientos, como señala Indepaz, abarca a Morales, Suárez, Argelia, Toribío, Cajibío, Corinto, Páez, Miranda…

En este último, una carga explosiva activada al paso de una moto mató el viernes pasado a su conductor, a un niño de 11 años y dejó en condición crítica a su madre. Justo ahora, cuando los altos mandos militares y de la Policía del país diseñan una estrategia conjunta con las autoridades del Cauca para seguir debilitando las “estructuras logísticas y criminales” de las disidencias de Farc, la Defensoría del Pueblo emite la Alerta Temprana 013 de 2024, en la que da cuenta de la “grave situación de riesgo de violaciones a los derechos a la vida, integridad, libertad, seguridad, libertades civiles y políticas” de los habitantes del municipio de Argelia.

Sus recomendaciones a entidades del Gobierno nacional y del departamento para que se implementen con urgencia medidas para mitigar las amenazas extremas por violencias bien se podrían extender al resto del territorio. Sin embargo, las acciones de la fuerza pública -que merece total respaldo-, los llamados de organismos humanitarios y, en especial, el clamor de la sociedad civil para que se les excluya de esta cruenta guerra, serán inanes si el Ejecutivo no marca el rumbo de hacia dónde quiere ir en esta crucial coyuntura. A estas alturas, el Gobierno debería tener claro que nadie puede servir a dos señores, en este caso, si la violencia persiste no existen condiciones para buscar la paz.