El escándalo sobre las aparentes desviaciones de recursos públicos e irregularidades de contratos en el sistema educativo de Soledad escribe a diario un nuevo capítulo. A eso es lo que nos hemos dedicado durante esta semana en EL HERALDO. La concatenación de sospechosas situaciones identificadas, casi todas de vieja data, sin explicación ni justificación, no al menos con base en la normatividad legal, las cláusulas habilitantes vigentes, e incluso el sentido común, revelaría la existencia de una trama que mueve con solvencia los hilos de un lucrativo negocio alrededor de las becas por las que se pagan miles de millones de pesos cada año con los fondos del Gobierno.

Gracias a quienes de manera valiente nos alertaron sobre este carrusel de anomalías en la asignación de los cupos escolares en Soledad. Desde el primer momento en EL HERALDO comenzamos a formular preguntas por ser un asunto de interés social, pero también porque es nuestro derecho y deber cuestionar al poder en defensa de la libertad de información cuando existen serios indicios de dislates asociados a corrupción. Inicialmente, más allá de evasivas, declaraciones sin sustento legal ni bases documentales de la secretaria Aida Ojeda y del inusitado interés de un diputado de la Asamblea del Atlántico sobre la publicación del caso las respuestas tardaron en aparecer. Y cuando, al final, llegaron tampoco fueron lo suficientemente aclaratorias.

Lo que sí ha resultado evidente es la transgresión de normas legales o requisitos habilitantes establecidos en contratos suscritos entre la Alcaldía de Soledad y colegios privados para cubrir el déficit de cupos educativos, estimado en unos 51.685, que equivale a igual número de niños y jóvenes estudiantes, en su gran mayoría de una condición vulnerable que deben ser atendidos. Esto ocurre hace años en medio de un silencio ruidoso que ha garantizado total impunidad: ¿dónde han estado los entes de control, mientras tantos han hecho lo que les ha dado la gana?

Es inevitable hacerse otras preguntas: ¿por qué este municipio del área metropolitana de Barranquilla, uno de los más densamente poblados del país, con casi 700 mil habitantes, apenas cuenta con 32 instituciones educativas oficiales? ¿No será que existen oscuros intereses que impiden o se oponen la expansión de la infraestructura educativa que se requiere con urgencia?

Parece obvio, quién podría negarse a ello, que para que esta significativa población en edad escolar no se quede por fuera del sistema educativo se tenga que contratar con colegios privados. Esto no es malo per se, aunque no sea lo ideal. Las alarmas se activan, como denunciaron testigos a la Fiscalía, cuando políticos y representantes de esas instituciones se amangualan para subirse a la danza de los millones que se mueve en torno a la asignación de cupos, becas y otros incentivos. Si en un contrato el monto acordado por alumno es de $1.600.000, el colegio recibe $1.000.000 y los ‘encargados’, el grupo político que lo tramita, se queda con el monto restante.

Todo un festival de dineros públicos, en el que según las denuncias ya en conocimiento de la Fiscalía y la Procuraduría, unos y otros acuden al engaño, al tráfico de influencias, al amiguismo, a los favores políticos y a otras complicidades espurias para obtener beneficios personales de la descomunal bolsa de recursos del Sistema General de Participaciones del Estado que financia el déficit de infraestructura educativa. En la actualidad, el Gobierno nacional destina $80 mil millones para el Banco de Oferentes de Soledad, con los que se sufragan los contratos vigentes.

A examinarlos con lupa nos volcamos. El primero, el del Instituto San Judas Tadeo, por valor de $2.511 millones, para atender un total de 1.533 escolares en 2024. Hasta ahí, todo parece en orden. Pero como el diablo está en los detalles, algo huele mal cuando se conoce que ninguna de las cinco sedes avaladas en el convenio, en las que supuestamente deben estar recibiendo clases los alumnos, operan. En un nuevo contrato, la secretaría aprobó la reubicación de sus instalaciones, pero comprobamos, como lo hicimos con las primeras, que una no existe, otra está en construcción y en una tercera sede funciona un colegio, pero de distinta razón social. Además, el documento no figuraba hasta ese día en el Secop, que es la plataforma de contratación estatal.

Hurgando en un modelo sombrío para buscar respuestas, el siguiente hallazgo fue revelador. Rosa Acuña, representante legal de la Institución Educativa Nuestra Señora de Guadalupe, que firmó un contrato con la Alcaldía por $3.066 millones para atender 1.872 alumnos, confirmó a EL HERALDO que lo hace en siete sedes, cuando solo tiene el aval para una, según el convenio. Reconoce que ha sido un “poco desobediente” por la “necesidad del servicio”. Como si saltarse la legalidad con la armadura de las buenas intenciones exonerara de incurrir en irregularidades a quien lo hace. No cabe discusión alguna cuando se vulneran de forma tan descarada las normas.

Justificando lo injustificable, los mercaderes de la educación, de acuerdo con los denunciantes, compran o venden colegios pequeños, manipulan datos de estudiantes, blanquean contratos, suman o restan alumnos para cobrar por cada uno de ellos. Más de $11 mil millones le pagó la Alcaldía de Soledad al Instituto Monsalve Newlove para atender en 2022 a 4.421 estudiantes y a 3.450 en 2023, en sus dos sedes que apenas suman 1.500 metros cuadrados.

Corresponde a los entes de control determinar el alcance de las denuncias sobre esta presunta corrupción que demostraría la plena vigencia de un sistema opaco que habría posibilitado trampas inaceptables. También será imprescindible identificar y establecer responsabilidades de individuos que, sin duda, ocupan cargos públicos o lo hicieron, dispuestos a ejecutar, a callar y a otorgar, cuando no a encubrir. Hace bien la alcaldesa Alcira Sandoval en exigir que señalamientos tan graves que empañan su administración se aclaren cuanto antes. Lo peor que podría suceder es que no pase nada, mientras miles de niños y jóvenes de su municipio siguen desatendidos, sin acceso a educación, derecho fundamental que se vulnera con cinismo. Ese es el problema, la falta de escrúpulos en un asunto tan delicado. Así que como “la corrupción lleva infinitos disfraces”, magistral frase del escritor Frank Herbert, es nuestro deber en EL HERALDO seguir escarbando, pese a que sectores políticos nos acosen o presionen para que las ollas podridas no se destapen.