El que paga lo que debe sabe lo que le queda o lo que tiene, reza un adagio popular que hace alusión a los que son buena paga y cumplen oportunamente con sus obligaciones. Desde 1935 Colombia no cae en lo que técnicamente se denomina “default”, que no es otra cosa que no tener plata líquida, efectiva, para pagar deudas. Esto según la historia económica del país le ha pasado unas siete veces, pero desde hace casi nueve décadas, a pesar de todas las dificultades, los gobiernos han podido honrar sus compromisos internacionales y mantener una credibilidad financiera que le ha permitido acceder cada año a nuevos créditos para inversión.
De hecho no es novedad que los gobiernos de turno pidan ampliación del cupo de endeudamiento, pues nada más cierto que cada año el Estado gasta más de lo que recibe y apela a los préstamos, entre otras cosas para pagar deudas viejas, seguramente buscando mejores tasas. Lo que sí ha resultado novedoso en este momento es las formas de pedirlo empleadas por el presidente Gustavo Petro, quien en su cuenta de X, el pasado viernes, advirtió: “Si las comisiones terceras no aprobaran el proyecto, simplemente o hay cesación de pagos o tengo que decretar la emergencia económica. No dudaré en hacerlo”, refiriéndose al proyecto de ley que radicó en el Congreso el Ministerio de Hacienda solicitando ampliar la capacidad de endeudarse del país en 17.607 millones de dólares.
De inmediato distintos sectores llamaron la atención del Gobierno por lo que consideraron una amenaza innecesaria, pero sobre todo una pésima señal que puede seguir hundiendo la confianza inversionista hacia Colombia, venida a menos especialmente en el último semestre, cuando las grandes calificadoras de riesgo internacionales, como Fitch Ratings, Standard & Poors y Moody’s, así como entidades financieras como el Bank of America han rebajado la nota crediticia al país.
El propio ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, tuvo que saltar a las redes sociales de la cartera que dirige, justo dos horas después de la publicación del presidente, y a través de un video explicar el propósito del proyecto, así como el compromiso del Gobierno “de seguir cumpliendo las obligaciones en el mercado local y externo de deuda pública y la regla fiscal en una senda de sostenibilidad”.
La serie de reformas sociales, fallidas y las que están en curso, del Gobierno, pero también la forma de comunicar han generado gran incertidumbre y, según los expertos y analistas, esta situación ha reducido cada vez más la inversión privada, muy baja hoy en relación con el PIB. La cadena es inevitable y la economía colombiana no resiste más señales erradas al mercado externo, pues los sectores claves para la generación de empleo y por ende para estimular el consumo, como la construcción, la industria, la manufactura y el comercio, siguen cayendo, tanto que el PIB solo creció 0,7 % en el primer trimestre del año.
El país ha estado bordeando una recesión en los últimos cuatro trimestres creciendo cerca al 0 % o por debajo de este, por lo que se hace inminente que el Gobierno comience a emitir mensajes positivos y a procurar recuperar la confianza y la credibilidad de los mercados y las calificadoras.
No es con amenazas vía X, o con discursos permanentes de división y de cuestionamientos al sector privado como la economía del país podrá reconducirse hacia el camino del crecimiento. Es con articulación y gestión del Ejecutivo con todos los sectores, y obviamente eso incluye el Congreso, la ruta para evitar una catástrofe económica y en consecuencia social que podría tener muy graves efectos en todas las ramas productivas y por ahí derecho en todos los ciudadanos, ricos o pobres.
El manejo económico del país requiere coherencia y mesura del Gobierno, pero en especial del jefe de Estado. Ya lo expusieron exministros y analistas en EL HERALDO este domingo sobre los pasos que deben observarse: hay que cumplir la regla fiscal y controlar los gastos –están creciendo al 22 % y los ingresos al 4 %–.
Colombia no puede darse el lujo de elevar su prima riesgo país y que suba la tasa de cambio, porque solo encontrará créditos mucho más caros, en caso de que alguien decida prestarle, y de esa forma tendrá que destinar más de su presupuesto a pagar deuda y mucho menos a la inversión social y al sector productivo. Se agota el tiempo para recuperar la credibilidad y la confianza para rescatar la economía.
