El Colegio Marco Fidel Suárez, en la localidad Suroriente de Barranquilla, fue el escenario en el que el presidente Gustavo Petro alcanzó a ilusionar a los habitantes de la región Caribe que no ven la hora en que las tarifas de energía finalmente bajen y dejen de ser un dolor de cabeza y un golpe certero a sus bolsillos.

Hoy hace exactamente un mes, el jefe de Estado, en pleno acto de su programa ‘Gobierno a los barrios populares’, que lo llevó de gira por varias ciudades, ordenó al ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, cambiar las fórmulas que había planteado como primeras medidas para reducir las elevadas tarifas de los usuarios de todo el país, en especial de la costa norte colombiana.

“Yo les imparto una orden, ministro. Bajen las tarifas eléctricas en Colombia. Si quieren, busquen una fórmula intermedia con la mía, pero de aquí no sale un engaño en las tarifas de energía eléctrica para la población”, espetó el presidente al ministro Camacho.

Y puso el mandatario un plazo perentorio, una vez enumeró las tres soluciones para, según lo expresado, bajar las tarifas, entre ellas la titularización de la deuda por opción tarifaria, que se calcula asciende a 4,8 billones de pesos. “Seguirá la discusión, pero hay que tomar decisiones antes de un mes, antes de un mes”.

El casi regaño del presidente al ministro, que siempre habló de una refinanciación de la deuda por opción tarifaria con las empresas distribuidoras, generó de inmediato aplausos y celebraciones, pero los conocedores del tema energético y de hacienda pública bajaron de la nube a los usuarios y los aterrizaron haciendo claridad en que no existía ningún sustento legal que hiciera posible la idea del presidente Petro, al menos no de forma inmediata como lo ordenó.

Del dicho al hecho hay mucho trecho, y efectivamente llegó el mes que se puso de plazo el Gobierno y las tarifas de energía siguen en su máximo punto y sin ninguna esperanza inmediata de reducción; por el contrario, seguirán subiendo y siendo las más altas del país (sobre pasa los $1.000 el kWh).

Lo primero es que ya la semana pasada el ministro de Minas fue claro en que por ahora solo se cubrirán los saldos de opción tarifaria de los estratos 1, 2 y 3, es decir, $2,7 billones, y lo harían con créditos de Findeter ($2 billones) y de la Financiera Nacional de Desarrollo ($700 mil millones).

Así las cosas, no es claro cuándo y cómo se verán reflejados en las facturas de energía los alivios, porque la deuda no se extingue, de acuerdo con lo analizado por los expertos y gremios del sector que insisten en que solo se trata de paños de agua tibia que no van a reducir las elevadas tarifas que se pagan en el Caribe.

Las comercializadoras de energía siguen en reuniones con el Ministerio de Minas explorando salidas y soluciones con respecto a las tarifas, pero todo indica que se requiere una ley que sustente la intención del Gobierno de titularizar la deuda por opción tarifaria, un proceso que a este ritmo tendrá que esperar el inicio de la próxima legislatura, el 20 de julio, y que podría tomar varios meses.

Entre tanto, gremios como Asoenergía advierten que se necesitan soluciones estructurales, como, por ejemplo, actualizar el indexador, que es lo que se usa para medir los componentes que afectan la tarifa.

Esto ya se supone que se había empezado a trabajar con el Pacto por la Justicia Tarifaria que abanderó en 2022 la exministra Irene Vélez y que no produjo ningún efecto finalmente en las tarifas de energía, al menos no en el Caribe.

De buenas intenciones está empedrado el camino al infierno, ese que recorren diariamente aquí mismo en la tierra los usuarios costeños que padecen el calvario de elegir si comer o pagar la factura de energía.

Que bueno que el presidente y el Gobierno tengan el deseo de solucionar esta crisis que agobia a las familias del Caribe, pero basta de ilusionarlas con anuncios irrealizables o que no se han evaluado para ver su viabilidad. Es necesario estudiar a fondo el problema, trazar una hoja de ruta certera y diseñar estrategias ejecutables que vayan a la raíz del problema y brinden soluciones definitivas. Voluntad hay, hace falta un plan que realmente se pueda cumplir.