Varios puntos neurálgicos para la movilidad de los habitantes de Barranquilla, Soledad, Malambo y de los territorios de la franja Oriental amanecieron ayer bloqueados –en algunos casos de manera intermitente– por taxistas que protestaban en contra del transporte informal o ilegal.

Fue una medida de presión, también un claro mensaje al Área Metropolitana de Barranquilla (AMB) y a las autoridades de tránsito municipales para que reforzaran sus controles encaminados a inmovilizar y a sancionar a los vehículos particulares que no estén habilitados ni autorizados para prestar el servicio de transporte público individual, según el Estatuto Nacional de Transporte.

A muchos usuarios, el bloqueo los tomó por sorpresa. Lo último que se supo sobre la convocatoria a una jornada de protesta, sustentada en el comprensible malestar del gremio por su competencia, a la que consideran absolutamente desleal porque argumentan, y con razón, que no se les exige cumplir sus mismos requisitos para operar, es que se realizaban con la autoridad metropolitana mesas de trabajo para promover un transporte que fuera legal y seguro.

Pese a ello, miembros de agremiaciones o sindicatos que son parte de los diálogos salieron a las calles a manifestarse vía bloqueos revelando que en su interior existen enfrentamientos o visiones distintas de un mismo problema que los empujan a expresarse de manera diferenciada. Lo que se cae por su propio peso es que si no hallan una solución consensuada, que valga para unos y otros, difícilmente el extendido conflicto del sector del taxi quedará zanjado, como no ha sido posible resolverlo durante años ni en el Atlántico, ni en el resto del país, ni en otras naciones.

En el fondo de esta crisis se encuentra, por un lado, la viabilidad económica de miles de familias –hasta 17 mil en Barranquilla y su área metropolitana– que mantienen amarrado su sustento diario a una actividad, en otrora rentable; en la actualidad, amenazada por actores que les compiten en desigualdad de condiciones. Esto frente al cumplimiento de normas legales, pagos de cupo, de seguros, de administración mensual, de planillas de viaje o de exigencias adicionales.

Por el otro, también es imprescindible que los conductores de taxis, al igual que las empresas, entiendan que rebelarse u oponerse a la cambiante realidad de su negocio solo los dejará al margen de una evolución imparable. La tecnología o el acceso a la información han abierto nuevas oportunidades, como lo ha demostrado el universo de aplicaciones disponible, muchas de las cuales ellos mismos usan.

Si bien es cierto que en la legislación colombiana son evidentes los vacíos sobre cómo regularlas: si como empresas tecnológicas u operadores de transporte, tratar de imponer barreras prohibicionistas, como insisten los taxistas o dar la pelea usando vías de hecho solo agudizará un choque que, a juicio de quienes ya se mueven entre las dos aguas, no tiene sentido.

En el camino del medio, transitando hacia donde les ofrezcan tarifas justas, competitivas y sobre todo, un excelente servicio, aparecen los usuarios. A decir verdad, buena parte de ellos se ha decantado por los conductores de vehículos particulares. Argumentan razones de precio, aseo, comodidad, calidad y amabilidad, ese plus imponderable que muchos taxistas –por motivos que solo ellos sabrán- desecharon de su manual de trabajo. Craso error. ¿En qué momento la actitud afable de los caballeros del volante fue reemplazada por la insufrible frase de “por allá no voy”?

A la espera de que su presión funcione para que gobiernos o autoridades desaparezcan como por arte de magia a los miles de conductores dedicados al transporte público individual sin estar avalados para ello, lo cual siendo honestos será poco probable, por no decir imposible, los taxistas equivocan su estrategia con los usuarios, su única razón de existir. Obligarlos a caminar kilómetros para llegar a sus destinos, como ocurrió este martes, solo ahonda su desconfianza o desafección hacia el gremio o los convierte en nuevos pasajeros forzosos de sus competidores.

Por más justas que resulten las reivindicaciones de los taxistas, quienes están en todo su derecho de quejarse, bloquear las vías o hacer de los ciudadanos sus rehenes, al dificultar su movilidad con plenas garantías, no es tolerable ni admisible.

Si quieren insertarse en el presente y, en particular, asegurar su futuro, deben situar a los usuarios en el centro de sus prioridades. Hasta ahora no lo han hecho. No queda más que su adaptación inteligente al actual modelo e insistir en regulación con reglas claras, algo que ni el Ejecutivo ni el Congreso de turno ha materializado.