La alerta temprana emitida por la Fiscalía General de la Nación, dirigida a la Policía Metropolitana de Barranquilla, hace una semana, sobre la reciente creación del frente urbano ‘Martín Caballero’ de las disidencias de las Farc en la ciudad constituye un campanazo de alerta que bajo ningún motivo debiera ser subestimado ni por las autoridades distritales ni por las del departamento.
Lo revelado por EL HERALDO habla de una seria amenaza o de un peligro inminente para la seguridad, inicialmente, de los habitantes de Barranquilla, debido a que aumenta sus escenarios de riesgo. Eso es lo primero y, sin duda, más preocupante, que debería ser valorado para planificar una respuesta institucional, pertinente, oportuna, que asegure protección de la ciudadanía, en tanto integre la acción de fuerzas de seguridad del Estado y de las entidades territoriales. A decir verdad, por la gravedad del caso, esta tendría que haberse implementado desde el mismo momento en que se supo la información de la Fiscalía. En ese sentido, mandos de la Policía Metropolitana nos aseguraron haber iniciado un plan de “actividades preventivas”.
Sería lo mínimo. Las investigaciones de la Fiscalía son categóricas en advertir las “proyecciones terroristas” del Estado Mayor Central (EMC), la principal y más numerosa disidencia de las Farc en el país. Sus seguimientos a los frentes 41, el E33 y la columna móvil Bernardo Jaramillo, con presencia en la región Caribe, indican que la nueva estructura armada ilegal, de carácter urbano, habría recibido la orden de cometer atentados terroristas en el sur de la capital del Atlántico, “mediante la utilización de artefactos explosivos en contra de las instalaciones y el personal de la Policía que labora en las estaciones del barrio Carrizal-Ciudadela, Simón Bolívar y La Victoria”.
También la amenaza terrorista se enfila de forma directa contra las dependencias del Ejército en la ciudad y, como si fuera poco, anticipa un plan pistola “para atentar contra la integridad física de uniformados de la Policía en Barranquilla y Soledad”. Conclusión: estamos en riesgo, en alerta.
Por si alguien se lo pregunta, esta facción de disidencias de las Farc, el Estado Mayor Central, un grupo extremadamente heterogéneo, tanto en composición como en funcionamiento, es el mismo que sostiene una negociación de paz con el Gobierno nacional. Aunque para ser más precisos, la estructura recién creada en Barranquilla, la ‘Martín Caballero’, al mando de alias Aldemar Ríos, no estaría bajo las órdenes de ‘Iván Mordisco’, quien se levantó de la mesa de diálogos hace un tiempo. Y no sería así, porque de acuerdo con la información recabada por la Fiscalía, la escalada terrorista en la ciudad se detonaría ante una eventual ruptura del cese el fuego bilateral, vigente hasta el 15 de julio, según pactaron las partes en octubre del año anterior.
Tal parece que en su estrategia de crecimiento, expansión y consolidación para fortalecer su capacidad militar, política y económica, sumando disidentes, es decir, quienes no firmaron el acuerdo de paz de 2016; reincidentes, los que tras respaldarlo o firmarlo volvieron al conflicto, y nuevos reclutas, el EMC negocia la paz, mientras se prepara para la guerra. No serán los primeros ni tampoco los últimos, de manera que el Gobierno tendría que calcular sus pasos ante los cambiantes contextos, al igual que los de la Fuerza Pública, para no volver a equivocarse ni dar más espacios que favorezcan a su interlocutor que ha sido hábil para instrumentalizar el diálogo.
Más allá de las previsibles demandas de responsabilidad política por el momento de graves alteraciones de orden público que soportan zonas del país, casi un déjà vu de los tiempos más oscuros de nuestra historia, producto del desbocado accionar criminal, sobre todo de las disidencias, la alerta de la Fiscalía en Barranquilla exige actuar con sentido de realidad y coherencia. Urge dimensionar con claridad la actual amenaza. Digan lo que digan, el terrorismo no resulta comparable con crisis de seguridad, por más asfixiantes e intolerables que estas sean.
Lo peor que nos podría suceder ahora es que quienes deben cerrar filas contra el terrorismo permanezcan de brazos cruzados, bien sea por decisión propia o por cumplir órdenes de un nivel superior, mientras semejante monstruo de mil cabezas, solapado en la penumbra, se fortalece, busca aliados, se sitúa en una posición estratégica a la espera de desestabilizar, golpear o matar, en un tiempo, modo o lugar que sólo él definirá. ¿O es que debemos resignarnos a que el zarpazo de la bestia nos arrastre al horror y, de paso, a la impunidad, como pasó tras el atentado del Eln contra la estación San José en 2018? Cuidado, la historia demuestra que la inacción se paga caro.