No faltó que sonaran los escritorios de los representantes a la Cámara el pasado viernes cuando se aprobó la reforma pensional para entender que la polémica iniciativa gubernamental, que se salvó por un pelo a última hora en el Senado, había sido ‘pupitreada’ en la cámara baja en su cuarto y último debate.

Decir debate es más de lo que verdad sucedió en el legislativo, pues para varios congresistas el trabajo de muchos días estudiando el articulado que se aprobó en la Comisión Séptima de la Cámara y para los ajustes y proposiciones que pudieron introducirse para la discusión se perdió en el exacto momento que al Gobierno y los representantes del Pacto Histórico se les prendió el bombillo y sacaron un as de la manga que nadie vio venir, y fue la proposición de acoger íntegramente el texto de la reforma que salió del Senado.

Una jugada tan válida políticamente como astuta que podría terminar costándole al presidente Petro la tumbada de un proyecto extremadamente necesario para la realidad fiscal del país, de eso no había discusión, y que después de múltiples tropiezos tenía opciones de lograr su aprobación dentro del escaso tiempo que le quedaba a la actual legislatura.

Lograda la victoria del Pacto Histórico y del Gobierno nacional surgieron de inmediato toda clase de voces que anuncian demandas ante la Corte Constitucional por los vicios de trámite, argumentando que un proyecto de esta magnitud y tan complejo debió ser discutido y no se hizo.

Se debatieron y aprobaron más de un centenar de impedimentos y otro tanto de proposiciones, pero no se discutieron los artículos propiamente dichos que componían el texto que salió de la comisión correspondiente tras su tercer debate. No, el oficialismo aprobó lo que salió de Senado y así hábilmente le hicieron el quite a las intenciones de la oposición de dilatar el debate y se saltaron todas las formas, incluso sacrificando todo lo que se había trabajado y conciliado y dejando con inconsistencias el proyecto de ley.

Como quien dice, aplicaron la frase del célebre director técnico colombiano de “perder es ganar un poco”. Prefirieron tirar por la borda la posibilidad de asegurarse la aprobación de un proyecto que habría cumplido con todos los trámites necesarios y se arriesgaron a tomar el atajo que les concediera una victoria legislativa, aun con el conocimiento de que el proyecto tendrá que pasar por el control constitucional de la Corte y probablemente quedarse en el camino, como ya le pasó al Gobierno con la mayor parte de la reforma tributaria y con los decretos de emergencia social en La Guajira.

Surtido el accidentado trámite en el Congreso de la República que esquivó la conciliación de textos para darle paso inmediato a la sanción presidencial, lo cierto es que el proyecto de ley no tiene la certeza de que podrá ser implementado como lo visualiza el Gobierno a partir de julio de 2025, un tiempo récord por demás para que Colpensiones, la administradora pública de pensiones, pase de manejar 2 millones a unos 20 millones de afiliados asumiendo los que hoy están en fondos privados. Habría que ver si en solo 12 meses esta entidad estatal puede estar lista para agrandar su capacidad administrativa, justo cuando el Estado tuvo que tomar la drástica decisión de congelar su presupuesto y recortar gastos para mantenerse en la regla fiscal.

Pero pasando al fondo del asunto, lo que han advertido distintos sectores es que esta reforma en realidad no resuelve la baja cobertura pensional, sino que amplía la oferta de subsidios para adultos mayores, no elimina los subsidios a las pensiones altas, no tiene garantizada la sostenibilidad del sistema y deja en jaque el ahorro de las nuevas generaciones. De hecho la propia ministra del Trabajo, desde un principio, fue clara en que en 15 años habría que tramitar una nueva reforma.

Entonces la pregunta es por qué el afán a toda costa de aprobar una ley que no resuelve lo que realmente debe resolver y que tiene todas las probabilidades de ser declarada inconstitucional por no haber tenido el trámite adecuado para una iniciativa tan fundamental, ignorando que el sistema bicameral del Congreso de la República de Colombia está diseñado para que los contrapesos también funcionen en la presentación y aprobación de leyes que afectan la cotidianidad y el bienestar de los ciudadanos.