Al país político, pero sobre todo a las víctimas de las acciones cometidas por el M-19 en su ejercicio como grupo armado, no les cayó bien la repentina aparición del presidente Gustavo Petro con una urna de cristal que contenía el sombrero que habitualmente usaba Carlos Pizarro desde que se sometió al proceso de paz y dejó las armas y empezó su candidatura presidencial.

Pero peor les cayó el escuchar al jefe de Estado, quien también perteneció al grupo guerrillero, afirmar que el accesorio es un “patrimonio de amor y paz que debe ser entregado al pueblo colombiano”.

En la cuenta de X de la Presidencia se informó este martes que el icónico sombrero que portaba siempre el asesinado candidato presidencial ya como desmovilizado había sido reconocido como “Patrimonio Cultural de la Nación”, a partir de la Resolución 218 del 17 de junio de 2024 que – según la casa de Nariño– lo declaró como un símbolo que contribuye a la construcción de la paz en el país.

De inmediato las reacciones no se hicieron esperar por parte de quienes consideran que Pizarro no los representa ni puede ser considerado como un héroe, teniendo en cuenta el rol protagónico que tuvo en las acciones de guerra del M-19. Aunque no desconocen también el papel que jugó para el éxito del proceso de paz que se firmó en 1990 y condujo a la creación de un partido político que fue protagonista en la construcción de la Constitución de 1991.

Pero una cosa es el registro de Carlos Pizarro en la historia colombiana y otra es que el Gobierno nacional, hoy en cabeza de su excompañero de filas, el señor presidente Gustavo Petro, imponga como símbolo el sombrero con el que el entonces candidato presidencial fue identificado en sus últimos meses de vida tras firmar el acuerdo de paz con el presidente Virgilio Barco.

Lo de los símbolos relacionados con el M-19 ha estado desde el día 1 del actual mandatario de los colombianos. El 7 de agosto de 2022, el día de su posesión, retrasó la ceremonia y todo el protocolo en la espera de que le trajeran la espada de Simón Bolívar que robó el grupo guerrillero en 1974, y de la cual aseguró que era la “espada del pueblo”.

Otro episodio que causó malestar en el país fue durante las protestas de sectores petristas en las afueras de la Corte Suprema de Justicia para presionar la elección de nueva fiscal general. Allí se ondearon las banderas del M-19, lo que se consideró una afrenta contra los magistrados y contra el país, teniendo en cuenta la Toma del Palacio de Justicia en 1985 a manos de este grupo subversivo y donde murieron y desaparecieron muchas personas, y acción que el presidente Petro, por el contrario, defendió. Pero además pidió que el estandarte se expusiera en un acto público en un colegio de Zipaquirá, y también estuvo presente en las marchas del 1 de mayo de las que hizo parte el presidente de los colombianos.

Ahora decide traer al país y exponer en una urna en el palacio presidencial el sombrero que perteneció a Carlos Pizarro, y en cuya placa se lee: “Reconocido como patrimonio cultural de la nación, salvaguardado por los ‘oficiales de Bolívar’, como se denominaban los hombres y mujeres exiliados en Suecia”.

Muchos símbolos que terminan retando al país y dividiendo, más que unir en el acuerdo nacional que tanto ha promovido el presidente Petro, quien necesariamente tendría que recordar que hay una buena parte de la población que comulga con sus políticas, pero otra buena parte no votó por su proyecto de “cambio” ni tiene que soportar la imposición de simbolismos que en vez de unir terminan polarizando, y más en una situación de orden público e inseguridad perpetrada por los grupos armados ilegales con los que busca lograr su llamada paz total.

Tan imprudente fue el error del presidente Petro, que el Ministerio de Cultura tuvo que salir a hacer una aclaración pública y enfatizar que el reconocimiento no constituye una declaratoria de bien de interés cultural, sino que “se basa en su valor simbólico como representación de la paz y objeto de memoria, y no en su inclusión en el mencionado régimen de protección cultural”.

Hecha la aclaración del ministerio, la pregunta que surge es: ¿Se trató de un acto político para una eventual candidatura de cara a 2026? ¿Qué necesidad tenía el presidente Petro, con tantos problemas por resolver y reformas atascadas en el Congreso, de prender más la llama de la polarización política que nos tiene en tantos aprietos?