El gobierno de Gustavo Petro y la Segunda Marquetalia, una disidencia de las Farc liderada por alias Iván Márquez, el jefe negociador de las antiguas Farc en La Habana en 2016, iniciaron este lunes una mesa de diálogo desde Caracas, Venezuela, que busca –al menos de manera inmediata– un desescalamiento de acciones violentas en algunos puntos del país, especialmente en la frontera. Sin embargo, este nuevo proceso con grupos armados ilegales, el cual está enmarcado en la famosa Paz Total del ejecutivo, ha despertado rápidamente debates jurídicos complejos de resolver porque legalmente, según conocedores de la letra menuda del Acuerdo del Teatro Colón como el senador Humberto De la Calle, la traición a lo pactado en aquella negociación impide llegar a nuevos acuerdos. Palabras más, palabra menos, de acuerdo con expertos en tema de seguridad y paz, no se puede volver a negociar lo ya negociado.
Los integrantes de la Segunda Marquetalia, organización que se conformó por Márquez y otros pesos pesados de la extinta guerrilla, varios de ellos muertos como Santrich, no tienen derecho a acceder a los beneficios de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, porque la Constitución es clara en señalar que los desertores tendrían que someterse a la justicia ordinaria por haber incumplido, entre otros temas, todo lo relacionado con la no repetición del conflicto.
En este sentido, la disidencia ha argumentado que el regreso a las armas obedece a un supuesto incumplimiento de los acuerdos de paz por parte de los gobiernos anteriores y un entrampamiento hacia sus integrantes, especialmente de la Fiscalía General de la Nación contra Jesús Santrich. Sobre este aspecto, la experta Antonia Urrejuela, de la Organización de las Naciones Unidas, presentó un informe sobre la implementación de los acuerdos de paz, y –aunque reconoció que hubo obstáculos en este sentido– no calificó el caso de Santrich como “entrampamiento”.
La investigadora se limitó a comunicar que hubo un agente provocador, “lo cual no está contemplado como técnica especial de investigación en el marco de la cooperación judicial internacional y está prohibido en Colombia”.
Por su parte, Armando Novoa, jefe negociador del Gobierno, fue enfático en aclarar sobre este tema que, “independiente de las razones que la Segunda Marquetalia ha invocado, no tiene justificación alguna que se hubieran nuevamente alzado en armas”. El aguacero no ha arreciado. El diálogo entre la Segunda Marquetalia y el Gobierno, que apenas comienza, ya dio sus primeros pasos en falso luego de que Otty Patiño, comisionado de paz, lamentara las muertes de tres de los disidentes de este grupo armado ilegal, entre ellos Hermes Guerrero, uno de los comandantes de la Coordinadora Guerrillera del Pacífico, en una acción de las fuerzas militares que fue calificada por el funcionario como “un maltrato a la confianza” que ha intentado tejer con la disidencia.
Las polémicas declaraciones fueron ampliamente rechazadas por sectores de centro y de derecha que exigieron más respeto por las víctimas de estas organizaciones. Además, criticaron al Gobierno por los pocos avances reales que ha habido en los otros procesos que mantiene: uno con el Ejército de Liberación Nacional, ELN, que puso fin a su compromiso de no secuestrar; y con una facción del Estado Mayor Central, que ha registrado varias violaciones al cese al fuego bilateral. Las dudas sobre el Gobierno llueven a cántaros si se tiene en cuenta que los diálogos con los disidentes de ‘Iván Mordisco’, que mantienen en la actualidad una escalada violencia en el Cauca y Valle del Cauca, fracasaron y están –al menos sobre el papel– lejos de reactivarse.
El reto del Gobierno, aunque noble y valorable en aras de conseguir la tan anhelada paz en el país, no deja de ser extremadamente difícil. Mucho más si se tiene en cuenta que la actual mesa con la Segunda Marquetalia es toda una afrenta contra los exguerrilleros que sí se acogieron al acuerdo de 2016 y se reintegraron a la vida civil por un camino de legalidad. En este sentido, darle beneficios a quien le ha dado la espalda al proceso liderado por el gobierno de Santos sería sepultar todo lo que, a mayor o menor dimensión, se ha conseguido. Sería una cachetada a los PDET y un premio a los que no les ha importado ni una pizca la paz, un precedente que de darse podría dejar serias consecuencias. Amanecerá y veremos.
