En el tema de las tarifas de energía en el país, y especialmente en la región Caribe, parece que siempre se tendría que aplicar el popular refrán de que cuando no es Chana, es Sebastiana. El nuevo capítulo de la triste historia de los elevados costos de las tarifas del servicio público es que los recursos destinados para financiar los subsidios a los estratos 1,2 y 3 solo alcanzarían hasta mediados de agosto.

Así lo ratificó el presidente de Asocodis, la Asociación Colombiana de Distribuidoras de Energía, José Camilo Manzur, durante su participación en el reciente congreso de Andesco –Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos– que se cumplió en Cartagena. De acuerdo con lo expresado por el dirigente gremial, por cuenta del recorte, congelamiento o “aplazamiento”, como lo llamó el Gobierno, del presupuesto nacional, el déficit de apropiación de la plata para los subsidios es de 1,5 billones de pesos.

Explica Manzur que las empresas siempre han puesto los recursos para financiar los subsidios y luego el Gobierno les repone esos dineros; sin embargo, por cuenta de la deuda por opción tarifaria han advertido las distribuidoras que tienen un gran problema de liquidez que les dificulta tapar el hueco mientras que la nación destina los recursos necesarios.

Así las cosas, la situación se poner color hormiga porque las empresas distribuidoras, muchas de ellas comercializadoras también, afirman que la plata de subsidios disponibles solo alcanzaría para los próximos dos meses, por lo que hacen un llamado al Gobierno para que se hagan las apropiaciones presupuestales adicionales o se financien los subsidios con lo que llaman un efecto de tesorería que les permita a las empresas seguir poniendo la plata de manera temporal mientras que el Ejecutivo les paga.

El tema de los subsidios no es nuevo, todos los años es el mismo ejercicio renqueante de una plata que se destina y que nunca alcanza para cubrir la totalidad de las necesidades y ahí es donde viene la lucha para gestionar en el Congreso o en el propio Gobierno las adiciones presupuestales.

Pero entonces, ¿cuál es la solución? Según Asocodis no hace falta una nueva ley, a propósito de la reforma a la ley de servicios públicos de la que se ha hecho tanta alusión. Se trata de voluntad política para focalizar los subsidios, pues en consideración del gremio el problema radica en que muchas veces estos no están llegando a quien realmente lo necesita . Incluso hablan de la posibilidad de que no se subsidie el estrato 3 o que se revisen los mecanismos de asignación de dichos auxilios.

También llaman la atención sobre las deudas de las entidades oficiales o los usuarios protegidos constitucionalmente, a los que no se les puede cortar el servicio de energía y cuya deuda se acerca al billón de pesos. Piden que la Procuraduría tome acciones ejemplarizantes con esas instituciones públicas que no destinan en sus presupuestos los recursos para la energía que consumen y que también contribuyen a ahondar el problema de liquidez de las empresas distribuidoras. Todo en busca de algún efecto mayor.

A dos meses de que se agoten los recursos para subsidiar a los estratos 1,2 y 3, tampoco avanza con claridad el compromiso del Gobierno de asumir como propia la deuda por opción tarifaria –inicialmente se hablaba de la totalidad por casi 4,5 billones de pesos–, que ahora será la de 2,7 billones de pesos correspondientes a esos mismos estratos. Por todo lo expuesto, los esperados alivios en las tarifas de energía de los usuarios de la Costa no se han hecho evidentes ni tienen, al menos por ahora, ninguna esperanza de verse reflejados en las facturas.

Lo peor es que en el sonajero de ministros que saldrían con el remezón del gabinete anunciado por el presidente Gustavo Petro está el de Minas y Energía, Andrés Camacho. De producirse el cambio, es imposible no dudar de que las buenas intenciones del Gobierno nacional de asumir la opción tarifaria podrían dilatarse y, lo cual sería muy grave, coincidir con el déficit sin cubrir de los subsidios vía presupuestal. Sería el peor de los mundos. Ojalá que los usuarios de la Costa del servicio de energía no sean los paganinis, por enésima vez, de la improvisación y de las soluciones cortoplacistas.