Las ramificaciones del entramado de corrupción institucional delatado por Olmedo López ante la Corte Suprema de Justicia se expanden en direcciones cada vez más peligrosas para el Gobierno.

Principalmente porque el ex director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo confirmó la vinculación del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, uno de los funcionarios más influyentes del círculo de confianza del presidente Gustavo Petro, en la trama de irregularidades pagadas con recursos públicos a cargo de la entidad. Es más, López lo señala de ser uno de sus artífices, algo así como el anfitrión de los cónclaves, uno de ellos en la Casa de Nariño, donde supuestamente impartió órdenes para otorgar millonarios contratos por $92 mil millones en Córdoba, Bolívar y Arauca a congresistas a cambio de que aprobaran en las comisiones legislativas los proyectos del Ejecutivo.

También, porque su testimonio puso en tela de juicio la legalidad o transparencia de la negociación con el Ejército de Liberación Nacional, extendiendo un manto de dudas sobre la política de la paz total, una de las banderas de la administración Petro. Aseguró López que miembros de su Gobierno le ordenaron direccionar a la guerrilla contratos de la Ungrd en Arauca para financiarla, que serían entregados a la parlamentaria de esa región Karen Lizarazo. Esto a manera de contraprestación, luego de que la mesa de diálogo alcanzara un acuerdo para que el Eln abandonara los secuestros económicos. El procesado insistió en que todo lo tiene documentado.

Como era de esperarse la divulgación de esta escalada de graves señalamientos de Olmedo López a la Corte, revelados por Noticias Caracol, desató un sismo en el país que remeció a la Casa de Nariño, ministerios, partidos políticos e instituciones de Justicia. Más de uno debió quedar noqueado. Uno de los primeros en reaccionar fue el presidente Petro, quien calificó lo dicho por su exfuncionario como una “falsedad” y negó “cualquier financiación” al Eln con dineros de la contratación pública, como también hizo la Delegación de Paz del Gobierno, en un comunicado.

Quizás por lo álgido del momento, quizás porque la actuación judicial lo tenía previsto, la Corte Suprema citó a declarar como testigos al jefe de Estado, al ministro de Salud y al secretario de Transparencia de la Presidencia, en la investigación por la supuesta entrega de sobornos a los presidentes del Senado, Iván Name, y de la Cámara, Andrés Calle, dos de los nueve congresistas salpicados en este caso de corrupción, que parece un monstruo de mil cabezas. Son demasiados frentes, que hasta ahora sepamos: los carrotanques de La Guajira, las ollas comunitarias, las coimas para comprar voluntades políticas, con origen en una sola entidad y en la misma gente.

Como si se tratara de una demolición por etapas, esta descomunal maraña de corrupción –más temprano que tarde- se desplomará. Evidencias e indicios lo anticipan. De hecho, ha comenzado a desmoronarse y los directa e indirectamente involucrados lo saben, así ahora intenten mirar hacia otro lado. Aunque suene a imposible, convendría que la justicia acelerara sus decisiones por el bien de la estabilidad política e institucional de una nación en la que sobran los escándalos, mientras escasea el sentido de la responsabilidad, la moral o la ética de nuestra clase dirigente.

De manera que no basta con hacerse el ofendido ni con negar o desmentir las acusaciones para pasar de agache frente al alucinante relato del hombre de la libreta y del carné del M-19, el inefable Olmedo López. Para esclarecer el cúmulo de presuntas ilicitudes ventiladas, que comprometerían la legitimidad de leyes tramitadas y aprobadas en el Congreso, la Corte, la Fiscalía y los entes de control han desplegado a sus investigadores, aunque lo deseable sería que los responsables del engendro, con menos cinismo y más entereza, dejaran las maniobras defensivas para hablar con la verdad, sin matices, ni manipulaciones. Solo la verdad.

A la espera de que la justicia pruebe las incriminaciones de López sobre la desviación de millonarios fondos de la Ungrd que minan la credibilidad de su Gobierno, haría bien el presidente Petro en pedir explicaciones urgentes a sus funcionarios señalados. También tendrían que hacerlo los partidos políticos de los congresistas investigados. Denunciar la corrupción es cosa de todos. ¿O es que la mentira, la trampa y el engaño son las únicas formas de operar en política? Revisen el mensaje que envían a la ciudadanía, para que luego no se quejen de la reacción social.