Más dudas que certezas dejó el debate de control político sobre el cobro de valorización en la Vía al Mar realizado el pasado martes en el Senado. Por tal razón la solicitud elevada por los congresistas citantes, el conservador Efraín Cepeda, actual presidente del Congreso, y el liberal Mauricio Gómez Amín, a la ministra de Transporte, María Constanza García, de suspender la entrada en vigor de la medida hasta enero de 2025 es, por decir lo menos, acertada y oportuna.
Conviene definir entonces cuáles son los asuntos claves en los que debería centrarse la discusión para orientarla con enfoque técnico en lugar de político o personal. Llamado que también aplica para el presidente Petro que entró de lleno en este debate con descalificaciones prescindibles.
Lo primero es clarificar el carácter legal, e incluso constitucional, de las resoluciones que avalan el cobro de la Contribución Nacional de Valorización (CNV) destinada a infraestructura del sector transporte, para este caso. La ministra García lo sustenta inicialmente en nuestro ordenamiento jurídico, dice que su cartera -bajo el marco de la Ley 1819 de 2016- se ocupa de hacerlo operativo, y que este fue ajustado en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) para habilitarlo “antes, durante y hasta cinco años después de entregada la obra”.
Justamente, ese es uno de los puntos que suscita más dudas sobre su naturaleza antijurídica. Soportar el cobro de valorización de una obra recibida en 2022 con una ley de 2023, asegura el senador Cepeda, “vulnera el principio de irretroactividad”. Es de suponer que acciones populares o demandas de nulidad, como las presentadas por el senador del Centro Democrático Carlos Meisel, el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, y los gremios de Atlántico y Bolívar se han inclinado por ese lado. Estos últimos le piden al Consejo de Estado derogar estas resoluciones.
Otro insistente reclamo no solo de los parlamentarios durante el debate, sino de los usuarios habituales de la vía que pagan juiciosos el valor de sus peajes, es que el corredor Cartagena-Barranquilla, Circunvalar de la Prosperidad, en el que se invirtieron $2,3 billones, no está totalmente terminado. De hecho, buena parte de él, unos 70 kilómetros, no es de doble calzada.
No cabe ahondar en una controversia que sea inacabable, extenuante y, sobre todo, inútil. La cuestión o, aún mejor, el malestar desatado por el anuncio del cobro no se centra únicamente en recelos sobre su ilegalidad, también atañe a asuntos de justicia social. En el mapa de influencia del proyecto vial aparecen, además de Barranquilla y Cartagena, municipios con carencias críticas o necesidades básicas insatisfechas, en los que su gente más pobre ni siquiera es consciente de los beneficios urbanísticos o económicos de la vía. Si acaso, cuando salen de sus casas y la usan.
Hacerles pagar por ella sería una necedad del tamaño de una catedral. Se apresura la ministra García a precisar que de acuerdo con la metodología de capacidad de pago aplicada a los 248 mil predios identificados en un radio de cinco kilómetros de la Vía al Mar y la Circunvalar de la Prosperidad, en Atlántico y Bolívar, los de propietarios en moderada o extrema pobreza, según las categorías Sisbén, quedarán exentos. Por consiguiente, unos 105 mil de estratos 1, 2 y 3 y de unidades agrícolas familiares no tributarán, de modo que la base gravable se reducirá a 142 mil. Si la meta de recaudo era de $2,2 billones significa que ¿a estos últimos predios se les cobrará ese monto total, se reducirá la meta o se actualizará la proyección estimada con un nuevo estudio que en vez del avalúo comercial tenga en cuenta el catastral, como se esperaría en este caso?
Aún más, ¿están o no exentos del cobro todos los que la ministra señala? Esto, a propósito de lo advertido por el magistrado del Consejo Nacional Electoral, CNE, César Lorduy, quien insiste en que los únicos exceptuados son los pobres moderados o extremos del Sisbén y los que no tengan capacidad de pago, según la tan controversial resolución de Invías que no lo registra con claridad.
Otro asunto a dilucidar es si lo recaudado se reinvertiría en proyectos estratégicos en nuestro territorio, porque aquí nos faltan todos: la terminación de la doble calzada Cartagena-Barranquilla, vías terciarias en Atlántico, el Puente de la Hermandad, la draga para el canal navegable o la demolición del antiguo Pumarejo. Lo que definitivamente no es aceptable es que estos recursos se destinen a otras regiones, mientras nos urgen obras de infraestructura que impulsen el desarrollo socioeconómico de las comunidades y la competitividad de las empresas.
Dudas, reticencias, molestias… eso es lo que sentimos ministra. Usted ha sido enfática en las intenciones del Gobierno de cobrar la valorización. Se hace imprescindible persistir en la discusión con ánimo conciliatorio, con voluntad de encuentro, para alcanzar puntos comunes. Si bien es válido que el Ejecutivo de turno, porque esto arrancó en gobiernos anteriores, trate de recuperar parte del plusvalor de las obras para reinvertir en nuevos proyectos, también lo es que la capacidad de pago de los habitantes de la zona de influencia está diezmada por el impacto de las lacerantes tarifas de energía, confiscatorias de las finanzas familiares. Nos arrastran a una encrucijada. Por nuestra agónica realidad económica, hogares y empresas no tienen de dónde sacar más recursos para abonar al Estado. Y siendo más directos, también porque sentimos que damos mucho más de lo que recibimos.
