Hoy es el día. Este sábado se celebra en Barranquilla una cumbre crucial para discutir salidas a la tan punzante como prolongada crisis de las tarifas de energía en la región Caribe. A la cita asistirán por primera vez agentes claves de la cadena, además de autoridades territoriales, congresistas del Atlántico, representantes de las comercializadoras y delegados del Ministerio de Minas, Superservicios y los entes de control. Hablamos de los generadores de energía y de los tomadores de decisiones del sector: los expertos de la Comisión de Regulación de Energía y Gas.

Sin ánimo de ejercer presiones adicionales, porque todos los actores comprometidos en este asunto son conscientes de que se requiere –con presteza- concertar soluciones a favor de la gente, el nuevo encuentro resulta una ocasión propicia para que pongan sus cartas sobre la mesa en aras de negociar, ceder y definir los pasos que deben darse, con total voluntad y transparencia.

Es hora de concretar medidas integrales o estructurales, y, ante todo, definitivas, para solventar un problema descomunal que por sus bien conocidos impactos sociales y económicos ha lastrado el bienestar de los habitantes del Atlántico y del resto de la región Caribe. Saben que el hartazgo colectivo por la falta de gestiones eficaces con resultados tangibles sobrepasa todo límite humano. Necesitamos hechos creíbles y, en lo posible, inmediatos que generen confianza y se traduzcan en alivios reales en las facturas. Porque hasta ahora, cada vez que estas llegan constatamos con indignación e impotencia que los pasos dados por la institucionalidad pública y las entidades privadas en los dos últimos años no han sido efectivos. Sí, nos sentimos burlados.

El sostenido incremento, de hasta un 300 %, en el valor del kilovatio hora durante el último mes, de acuerdo con reportes de XM, el administrador del sistema, mete más presión a un estallido social por ahora en suspenso. El acuerdo alcanzado a finales de julio entre actores del sector para levantar la medida de cortes de energía o periodos de continuidad implementada por la empresa Air-e, como consecuencia del impago en barrios subnormales y zonas de difícil gestión de sus departamentos atendidos, sosegó la agitación popular. Pero que nadie se llame a engaño, esta sigue ahí, latente, entre millones de usuarios que reclaman soluciones terminantes prontamente.

Este acuerdo, con sus compromisos sectoriales, que hemos reseñado en EL HERALDO, es una hoja de ruta sensata, para empezar a desbloquear lo que parecía estancado. Todo es mejorable o perfectible, cierto, pero por el momento lo que vemos es ánimo de entendimiento para pactar salidas. Lo que viene ahora es trabajar para hacerlas viables, llevándolas del papel a la realidad, mientras se vincula a los actores de la cadena de energía que todavía no son parte del convenio.

En este sentido, la presencia del gremio de los generadores en Barranquilla abre la puerta a ajustes que se deben debatir con pragmatismo, despojándonos del espíritu de Santa Inquisición que ha desatado una cacería de brujas, en la que estas empresas aparecen como las únicas responsables de la crisis de tarifas. Indudablemente, ellas tendrán que asumir los riesgos asociados que les conciernen por el desbocado incremento del precio de energía en bolsa que, al final, pagamos todos los usuarios. Pero también es justo señalar que el componente que marca la diferencia entre nuestro mercado y el del resto del país es el de las pérdidas, 24 % frente a 8,5 % en el interior, porque aquí además de las técnicas nos cargan las no técnicas, es decir la energía que defraudan o se roban. Cosas de nuestro ‘régimen especial’, una herencia del gobierno Duque.

Este es el momento de hablar con franqueza sobre la composición de nuestra fórmula tarifaria que también contempla cobros adicionales que suman, como tasa de seguridad e impuesto de alumbrado público. O sobre cómo aumentar el consumo mínimo de subsistencia, de decisiones pendientes de la Creg en torno a la formación del precio de energía en bolsa, a la exposición de comercializadoras, como Air-e, y a tantas cuestiones claves que no dan más espera para asegurar un suministro energético eficiente y, lo más relevante en nuestro contexto, con tarifas justas.

Ajenos a las conversaciones técnicas aparecen los usuarios con sus necesidades de enfriamiento y refrigeración que demandan mayor consumo. Y están las particularidades de nuestro mercado que presionan las tarifas al alza. Eso es lo que los llamados a hacer frente común para conjurar la crisis social de la región deben tener en cuenta. De lo contrario, si nada pasa se seguirá minando la confianza ciudadana en la capacidad de los gobiernos, de los políticos, y también del sector privado, para resolver sus problemas. Así que está en sus manos asumir con coherencia este reto.