En Colombia los actores del sector gasífero nacional han venido advirtiendo el riesgo en el que se encuentra la soberanía energética del país por cuenta de la acelerada disminución de las reservas del hidrocarburo. De acuerdo con las cifras de Naturgas (Asociación Colombiana de Gas Natural), desde 2012 las reservas han caído un 58 %, y la situación, compleja por demás, ha venido estrechándose, sobre todo en el momento político actual, cuando las decisiones y políticas adoptadas por el Gobierno se enmarcan en la consideración de que no es necesario suscribir nuevos contratos de exploración.
Esas mismas cifras de Naturgas revelan que “se está descubriendo menos gas del que se produce o consume, de cada 10 pies cúbicos que se producen, se adicionan 2,5″, con lo cual el índice de reposición de reservas en los últimos 10 años (2014-2023) es del 25 %.
Como si no fuera suficiente con las preocupaciones que ya traía el sector, una nueva cereza se agrega al postre: el fallo de tutela de un juez de Santa Marta que prohíbe la exploración y explotación de gas en el pozo Uchuva 2, hasta tanto no se realicen las consultas previas con las comunidades étnicas de Taganga.
Duro golpe a la seguridad energética del país. Tanto y tan grave es que el propio Ministerio de Minas, consciente de la importancia que reviste continuar con el plan de exploración de este pozo para aumentar las reservas probadas (en 20 %), las probadas más probables (32 %) y las probadas más probables más posibles (45 %), decidió impugnar la decisión judicial.
El argumento de la cartera de minas y energía se sustenta en que, aunque reconoce y defiende que la consulta previa es un derecho fundamental de los grupos étnicos y minorías, existe también la necesidad de preservar el interés general a partir de consideraciones técnicas robustas, sobre todo porque el Gobierno cuenta con el potencial del pozo perteneciente al Bloque Tayrona, ubicado a 31 kilómetros de la línea de costa en aguas profundas del mar Caribe, para poder garantizar la sostenibilidad energética a mediano plazo, y que ese gas natural sea clave en la transición energética, además de generar ingresos por regalías a las regiones.
Evidentemente es clave y de suma importancia que todo proyecto de gran magnitud y probable alto impacto ambiental cuente con todos los estudios, evaluaciones y consultas previas con las comunidades involucradas en las zonas de desarrollo o de influencia. Es el deber ser y lo que mandan las normas legales. No faltaba más.
Lo que no puede suceder es que las llamadas consultas previas terminen siendo utilizadas, como sucede o ha sucedido en muchos casos, como herramientas políticas o como medio de presión para la obtención de beneficios por parte de las minorías que reclaman, la mayor parte de las veces con justa causa, la defensa de sus derechos y de su entorno.
En el caso particular de Uchuva 2, el operador del proyecto de exploración –ha explicado Naturgas– lleva 18 años desarrollando sus actividades y en su momento la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior (DANCP) confirmó la ausencia de comunidades étnicas en el área de influencia, por lo cual no había ninguna afectación, y es justamente esa la razón por la que el mismo Ministerio de Minas determina impugnar el fallo de tutela que “compromete el abastecimiento de gas natural que beneficia hoy a 36 millones de colombianos”.
El propio representante de la comunidad indígena de Taganga declaró en entrevistas a medios de comunicación que la comunidad es seminómada y que se moviliza todo el año en la costa del parque Tayrona hasta La Guajira. Y aclaró que el propósito de la tutela es un diálogo intercultural y que no buscan litigios.
Lo cierto es que por cuenta del fallo judicial están en vilo 18 años de gas –han advertido gremios como ACP y Naturgas–, y aumenta la posibilidad de que en 2025 el país tenga que importarlo para cubrir al menos el 12 % de la demanda nacional.
No es posible que Colombia siga dando tumbos y no ofreciendo seguridad jurídica a inversiones como las de Uchuva 2, proyectos serios, que llevan muchos años, con sustentos técnicos y trámites adelantados, y que ahora se frenan en manos de un juez de la república que, quizás haciendo su tarea, seguramente sí, desconoce todo un proceso de años que ya surtió todos los pasos jurídicos y legales para llegar a ser hoy la gran esperanza del país para revertir “la disminución crítica de las reservas de gas natural”. Amén de las implicaciones fiscales que representa parar un desarrollo de la magnitud de Uchuva 2 y todo el Bloque Tayrona de exploración del hidrocarburo clave para la transición energética que pretende el Gobierno nacional.
