El presidente Gustavo Petro se esfuerza en hacernos creer que las altas cortes lo quieren tumbar. Delirante. De manera insistente en sus incendiarios discursos en los que alienta el relato de un supuesto golpe blando formula irresponsables señalamientos contra actuaciones de los magistrados, por decisiones tomadas o pendientes, tratando de poner en tela de juicio la legalidad de sus resoluciones. Por mucho que el mandatario intente extender mantos de duda sobre estas instituciones que son garantes de nuestro Estado Social de Derecho, la realidad es distinta. Nadie en Colombia, incluido el propio jefe de Estado, se encuentra por encima de la ley.

En el tortuoso camino elegido por el presidente para ejercer una presión indebida sobre el sistema de pesos y contrapesos o de controles inherente a la arquitectura institucional del Estado, la confrontación contra los jueces se ha convertido en la punta de lanza de su temeraria estrategia. Ha sido demasiado evidente que las arremetidas contra las altas cortes se recrudecen justo cuando Petro percibe que sus determinaciones podrían ir en un camino contrario a avalar, ratificar o reafirmar, como él desearía, sus posturas personales e ideológicas o las de su Gobierno

Olvida el mandatario, cuando le conviene claro, ese principio general del derecho que reza, Dura lex, sed lex, la ley es dura, pero es la ley. Petro, en su universo autocrático, toma atajos de todo tipo para retroalimentar la retórica del miedo, machacando su teoría de que lo quieren sacar del poder, vía golpe de Estado a la colombiana, “con corbatas y escritorios”, o a través de un magnicidio. De hecho, uno de sus más fieles escuderos, el pastor Alfredo Saade habla de un envenenamiento, pero hasta ahora no han revelado las pruebas de acusaciones tan delicadas.

Curiosamente, el comandante de las Fuerzas Militares, el almirante Francisco Cubides, desconoce el asunto, lo cual es aún más desconcertante, además de peligroso, por lo que de ello se deriva.

El más reciente capítulo de las insólitas coerciones o coacciones ‘blandas’ del entorno petrista contra las altas cortes, para usar un término acuñado por el mismo jefe de Estado, se escenificó hace unas horas. Convocada por el mandatario, lo que es a todas luces inusual, miles de personas se manifestaron públicamente para presionar a la Corte Constitucional, que revisa la exequibilidad de la Reforma Pensional tras recibir demandas en su contra. Dicho de otra forma, el alto tribunal establecerá si su trámite en el Legislativo estuvo ajustado a la ley, como debe ser.

En últimas, esa es la función de la Rama Judicial, proferir sentencias o fallos haciendo cumplir la Constitución, con autonomía e imparcialidad, sin sesgos políticos, ni dejarse llevar por presiones.

Confunde el presidente, también sus huestes en el Congreso, de manera deliberada a la opinión pública, cuando al salir en defensa del que estima el mayor hito en la historia del trabajador colombiano, y de paso, el logro social más importante del Gobierno, conmina a la Corte a ser “valiente” para mantener los cambios al sistema pensional. Y también se equivoca porque su contenido no es lo que deben dilucidar los magistrados, sino los vicios de trámite en los que se habría incurrido durante su aprobación en la Cámara de Representantes, en junio, situación advertida en ese momento.

Guardadas las proporciones, el relato inexacto, por no decir, engañoso, que se pretende construir vinculando a la Corte Constitucional a una maniobra de poderosos para tumbar la Ley Pensional es similar al que el presidente puso a rodar tras la decisión del Consejo de Estado de avalar al Consejo Nacional Electoral (CNE) para investigar la supuesta violación de topes de financiación de su campaña, en 2022. Por mucho que los magistrados de ambos tribunales han insistido en que solo el Congreso tiene la potestad de investigar al jefe de Estado, Petro sigue aferrado a su tesis de que está en marcha un complot en su contra para despojarlo del cargo.

Que no se olvide lo sucedido en febrero pasado cuando la Corte Suprema de Justicia fue asediada por sectores afines al Gobierno que exigían celeridad en la elección de Fiscal General. Y ni hablar de los desplantes del mandatario a las citas de los tribunales y viceversa o las discriminatorias referencias de Petro al color de piel de magistrados afrodescendientes que causaron indignación.

No queda duda de que en las altas cortes hay una representación de ciudadanos íntegros que trabaja en defensa de los valores democráticos, actuando con estricto apego a la ley, dispuesta a hacer respetar la validez de sus decisiones judiciales tomadas con autonomía, independencia e imparcialidad. Es la estructura de nuestra institucionalidad que la tozudez del jefe de Estado no le permite entender, pese a que él mismo, y esto es lo más complejo de discernir, juró preservar. Presidente Petro, por el bien de la nación, defienda y respete a las Cortes. Sea ejemplo para que la gente siga creyendo en el sistema que las sustenta, dialogue con ellas, pero no a través de tuits. No añada más leña al fuego de insolencias que podría consumirnos a todos, también a usted.