¡Vuelve y juega! Autoridades colombianas en articulación con la Embajada de Estados Unidos dieron otro certero golpe a las mafias del tráfico humano transnacional. En esta ocasión desmantelaron una banda de nueve personas que actuaba en la región Caribe, Bogotá y Pereira.

Migración Colombia señala al registrador de La Paz, en el Cesar, Oswaldo Morales López, como el pez gordo de esta organización criminal. El funcionario, con su secretaria, y particulares, entre ellos dos dominicanos, cobraba entre cinco y diez millones de pesos por tramitar documentos fraudulentos a nacionales de ese país, también a venezolanos y ecuatorianos en Valledupar y Pereira.

Con sus recién expedidos registros civiles y cédulas ilegales bajo el brazo, los migrantes solicitaban pasaportes colombianos para continuar su tránsito a Estados Unidos y Europa. En algunos casos, conducidos por la misma red de crimen organizado a la que le compraban todo el ‘paquete’; en otros, los falsos papeles eran usados como salvoconductos por quienes buscaban escapar de la persecución de autoridades extranjeras y no faltaban aquellos que estrenando identidad se sentían, prácticamente, blindados para cometer delitos dentro y fuera de nuestras fronteras.

Pese a que de manera cíclica las mafias del tráfico ilegal de personas se reinventan o sofistican sus modus operandi para continuar delinquiendo en las narices de la institucionalidad, de la que además hacen parte, al final son los mismos sistemas migratorio y de identificación, usados en estos casos con fines espurios, los que detectan las irregularidades hasta ponerlas en evidencia.

Eso también depende, sin duda, de la transparencia o integridad de los funcionarios públicos. Es lamentable que con demasiada frecuencia algunos de ellos decidan apartarse de sus funciones constitucionales para venderse a los entramados delincuenciales que comercian con la dignidad humana. Sus actos de corrupción proliferan en la medida en que aumenta la demanda de quienes, al precio que sea, intentan dar el salto a países que han endurecido sus condiciones de entrada para los migrantes. Dura realidad que acrecienta el margen de maniobra de estas mafias.

Cuatro años duró la investigación del caso. Hace dos, al menos, EL HERALDO documentó, a través de tres fuentes distintas, entre ellas las víctimas, la existencia de una estructura criminal en el interior de Migración Colombia y la Registraduría, que operaba en puestos de control terrestres y aéreos del país. Tenía conexiones en oficinas de las entidades en Barranquilla, Malambo, Soledad y Sabanalarga, en el Atlántico, además de Valledupar y Riohacha, y tentáculos en México, República Dominicana y Venezuela. Datos, hechos y testimonios se incorporaron a un expediente que tiempo después derivó en varios allanamientos a sedes de la Registraduría en los municipios.

Quienes se prestan para ser testigos en la inscripción de registros civiles de extranjeros, a los que hacen pasar como colombianos, deben saber que cometen un delito que los podría llevar a la cárcel. La advertencia la hace la Registraduría que ha cancelado este año 1.038 cédulas a ciudadanos dominicanos, venezolanos y ecuatorianos por falsa identidad, tramitadas principalmente en Atlántico, Córdoba, Cesar y Bogotá. Gracias a la tecnología estas gestiones se sitúan ya en la mira de los cruces de datos de la misma entidad, Migración, la Cancillería y la Dijín.

Queda claro que el Estado requiere más y mejores herramientas para enfrentar a los inextinguibles traficantes de personas. Este es un monstruo de mil cabezas, con demostrada capacidad de vulnerar la seguridad y legalidad de los procesos migratorios que se lucra de las tragedias personales de los migrantes, muchos de los cuales son víctimas de trata y explotación.

Suscribimos nuestras propias palabras. Colombia, país de origen, tránsito y destino para la trata de personas, comprometido en esta inacabable lucha, precisa de actuaciones coordinadas entre las instituciones y, sobre todo, expeditas, para frenar situaciones graves por sus implicaciones tanto para las víctimas de las mafias como para la seguridad nacional e internacional. Ningún funcionario, al margen de su cargo, puede tener patente de corso para delinquir de una forma tan ruin. Algo se tendrá que hacer. Nosotros, mientras tanto, seguiremos denunciando.