Indignación. Total y absoluta indignación es la que ha causado en todo el país la noticia de la fuga de alias Pichi, el llamado “Pablo Escobar santandereano”, quien con un amplio prontuario criminal acumulado por 20 años dominaba el tráfico de drogas en Bucaramanga, pero también en otras regiones del país, según el informe de las autoridades.

Óscar Camargo Ríos purgaba una condena en la cárcel La Tramacúa, de Valledupar, tras haber sido recapturado en 2020 en Antioquia. No obstante y a pesar de continuar con sus actividades delictivas desde ese centro de reclusión, y pese a que lo que se conoce es que en ocho oportunidades anteriores había violado medidas de detención domiciliaria, logró que se la concedieran nuevamente. De Ripley.

Después de una verificación del Inpec en su centro de reclusión, se voló por novena vez, pese a las advertencias que el alcalde de Bucaramanga venía haciendo sobre esta situación –desde hace tres semanas, según lo dicho por el mandatario–, quien lógicamente se lamenta por lo que considera un falta de articulación institucional que deja desamparada a la ciudadanía y a merced de la delincuencia organizada.

‘Pichi’ es buscado por cielo y tierra y hasta debajo de las piedras. El brazalete electrónico que tenía asignado para mantenerlo ubicado se lo retiró como cualquier accesorio más y se escapó, seguramente, para recrudecer sus actividades criminales al frente de una red de sicarios y de narcotráfico que mantiene una disputa con otro poderoso del negocio del microtráfico en Bucaramanga conocido como alias Poporro.

Los espejos son para mirarlos. Nada más es ver todo lo que está aconteciendo con ‘Pichi’ y es inevitable no pensar en lo que podría pasar en Barranquilla una vez Digno Palomino, jefe de ‘los Pepes’, recupere la libertad que le concedió una jueza en Caldas, tras haber cumplido las tres quintas partes de su condena por el delito de concierto para delinquir agravado, fabricación, porte o tenencia de armas de fuego y por fabricación o porte de estupefacientes agravado.

En su decisión, la jueza valora el cumplimiento de la pena que le vale a Palomino para recibir, previa certificación de comportamiento del centro carcelario donde está recluido, el beneficio de la libertad condicional. Sin embargo, notifica a sus homólogos en Barranquilla de la decisión teniendo en cuenta que sobre Digno están vigentes otros procesos judiciales, “de los cuales este Juzgado desconoce el estado actual en que se encuentran”, advierte el auto del Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de La Dorada, Caldas.

Palomino también tiene pendiente una audiencia este mes por vencimiento de términos en otro de sus procesos.

Aunque judicialmente los casos no son iguales. Se trata de personajes que generan un grave problema de seguridad en sus ciudades por cuenta de los enfrentamientos por el control del negocio del microtráfico que en el caso de Barranquilla, y con base en los recuentos de las autoridades y expertos en seguridad, dejan decenas de muertes entre 2022 y 2023 por homicidios. En el caso de Palomino por el cruento enfrentamiento de su organización con la de su antiguo socio, ‘Castor’, cabecilla de ‘los Costeños’.

Ya en el caso de la capital del Atlántico el alcalde Alejandro Char había calificado de “inaceptable e inaudito” que la justicia dejara en libertad a dos presuntos cabecillas del Clan del Golfo, alias Inglaterra y alias Italiano, hace poco menos de un mes, por falta de pruebas de la Fiscalía, tras haber sido capturados por la Policía, según determinó en su momento el juez del caso.

A propósito de ‘Pichi’, y ahora de Digno Palomino que está a punto de quedar libre y regresar a Barranquilla, renace el reclamo de los alcaldes del país que exigen una reforma judicial y una articulación institucional que impida que los criminales accedan a beneficios que les faciliten continuar con sus acciones delincuenciales y poniendo en jaque la seguridad de sus ciudades, en las que, y con razón, los habitantes la exigen como su principal reclamo y derecho ciudadano.

Fue radicada ya una reforma a la justicia, que apunta a que sea más pronta y eficaz y descongestionar el sistema. Sin embargo, con todos estos casos, tendrá el Congreso la tarea de lograr que esta iniciativa ponga el foco en combatir la impunidad y que quienes deban estar tras las rejas así permanezcan producto de condenas logradas con procesos de investigación bien llevados y sustentados en sus investigaciones. Cada quien haciendo su tarea para que la lucha contra el crimen no sea una frustración permanente.