Soplan vientos huracanados en la política colombiana. La decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE), órgano de carácter administrativo, de abrir investigación y formular cargos a la campaña de Gustavo Petro, en 2022, por supuesta violación de topes de financiación, que superan los $5 mil millones, ha desatado un nuevo conflicto constitucional, jurídico, además de político, que amenaza con dañar las instituciones y, de paso, la confianza ciudadana en el sistema de controles.
El meollo de la controversia que ha concitado argumentados análisis de juristas, también de políticos de todos los orígenes, atraviesa varios frentes, pero fundamentalmente se ancla en dos.
Primero, si la determinación mayoritaria del CNE, en cabeza del magistrado César Lorduy, viola el fuero o inmunidad presidencial de Petro, de modo que no solo no tendría competencia para investigarlo, sino que se estaría extralimitando en sus funciones. Tesis defendida por el petrismo en pleno que cerró filas con el mandatario. Segundo, si su aventurada acusación sobre un golpe de Estado en su contra, a la que volvió a acudir, es exagerada, carente de realidad, y lesiva para reconciliar al país, ambiciosa apuesta de su ministro del Interior.
Indudablemente, la resolución del CNE, resultado de un proceso enmarcado en la ley, sustentado en garantías constitucionales, y avalado por las altas cortes, ni compromete la democracia ni erosiona el Estado de Derecho. Más bien, para lo que ha servido es para retroalimentar o dar munición político-jurídica adicional a la habitual narrativa de Petro de deslegitimar instituciones cuando sus decisiones administrativas, políticas o judiciales le son contrarias a sus intereses.
Poniendo la lupa en este intenso debate jurídico, a todas luces inédito, existe consenso general sobre que el CNE sí tiene facultad legal para investigar administrativamente las campañas electorales, también a los candidatos, e incluso a los ganadores, de acuerdo con la Ley 996 de 2005. De hecho, para zanjar el conflicto de competencias, el Consejo de Estado ratificó esa potestad en una decisión proferida en agosto, que acaba de reiterar esta semana al rechazar por improcedente la solicitud de nulidad de su fallo, interpuesta por el abogado del presidente Petro.
Sin ambages, ante cualquier intento de malinterpretación politizada, se debe insistir en que el CNE no tiene facultad de juzgar ni mucho menos sancionar penalmente al jefe de Estado. Jamás de los jamases. Esa competencia únicamente le corresponde a su juez natural, la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Punto. Para más claridad, la hipotética suspensión o destitución de un presidente depende exclusivamente del Congreso de la República, nunca del CNE. Este, si acaso, lo cual también es objeto de extensa polémica, podría multar o imponer sanción administrativa al jefe de Estado, si lo encuentra responsable, lo que aún está por verse.
En todo caso, el CNE se aferra a la bendición que le otorgó el Consejo de Estado para anunciar la apertura de la investigación y formulación de cargos a la campaña presidencial de la coalición Pacto Histórico, “representada” –y justo ahí se ubica el ojo del huracán– por Gustavo Petro, candidato, ahora presidente; además de Ricardo Roa, gerente, en la actualidad el ratificado presidente de Ecopetrol; la tesorera, dos auditores y los partidos Colombia Humana y Unión Patriótica. Llegados a este punto comienzan las deserciones de juristas. Algunos señalan que el CNE no puede tocar al mandatario, otros hablan de vacíos jurídicos, y así va el nuevo tira y afloja.
El ruido empieza a ser ensordecedor para un país, al menos para una parte de él, que ha decidido sustraerse de debates tan confusos e instrumentalizados. Los reductos de siempre se atrincheran en sus posiciones, se acusan de jugadas indignas, de conspiraciones, de ficciones que ponen los pelos de punta. Se precisa con urgencia de más sensatez institucional y menos inquina política, empezando por el presidente que usó violencia simbólica para deslegitimar a una magistrada del CNE. Reprochable. Ante lo impredecible de este caso que apenas se inicia, ya se hacen apuestas.
Ahora que el apoderado del jefe de Estado confirmó que no presentará descargos ante el CNE, porque no reconoce su decisión ni su competencia, el caso podría entrar en el limbo de los recursos jurídicos hasta agotar sus términos que vencen el 19 de junio de 2025. De suerte que el futuro del proceso se muestra tan ambiguo como la mediación que ofreció Venezuela para superar la crisis del supuesto golpe. ¿Será porque es paradigma de intachable democracia? El chiste se cuenta solo. De momento, las calles volverán a ser testigos de la tensión instaurada por un presidente provocador, decidido a alentar el relato de una rebelión en su contra, pese a que los hechos, como ha insistido el CNE, muestran que la acusación de un golpe blando es infundada.
