Quizás alguna vez ha oído la frase “el hambre duele”. Sí que duele, porque produce un dolor físico a quien la padece, pero al mismo tiempo un dolor y golpe emocional terrible, sobre todo a quien tiene la obligación de proveer el alimento a otros bajo su dependencia, como el caso de los padres a sus hijos, y no cuenta con los recursos suficientes para hacerlo.
En el mundo, de acuerdo con datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), cerca de 730 millones de personas sufren inseguridad alimentaria, sobre todo porque no tienen los medios para producir o comprar sus alimentos.
En el caso de Colombia, 13 millones de personas están en inseguridad alimentaria moderada o severa, es decir, un cuarto de la población, de acuerdo con el informe del PMA (Programa Mundial de Alimentos de la ONU) a cierre de 2023, y de esa cifra 1,6 millones están en la categoría de severa, “utilizando estrategias de supervivencia irreversibles que ponen en riesgo su integridad”.
Radiografía dolorosa de una situación que golpea fuertemente a las zonas más vulnerables del país, en las que se cuenta el Caribe. Sostiene el informe que pese a las leves reducciones con respecto a 2022, persisten altos niveles de inseguridad alimentaria en La Guajira (59 %), Sucre (49 %) y Córdoba (46 %). Pero también no dejan de preocupar los niveles en Bolívar (40 %), Cesar (38 %), Magdalena (33 %) y Atlántico (23 %).
Justamente tras conmemorarse el pasado 16 de octubre el Día Mundial de la Alimentación, esta semana se lanzó “Misión Atlántico” en busca de reducir el hambre en el departamento.
Se trata de la puesta en marcha de un programa en cabeza de la Gobernación, en alianza con la Cámara de Comercio de Barranquilla y el PMA de las Naciones Unidas, que le apunta a un plan de acción que arranca con la caracterización de la población vulnerable de los municipios y que marcará la pauta para actualizar, diseñar y aprobar una política pública de seguridad alimentaria para el departamento. La meta es contar con un fondo cuenta para incidir en el desarrollo especialmente de niños y adolescentes.
Luchar contra el hambre debe ser una prioridad, partiendo de la base que acceder a los alimentos es un derecho de todo ser humano y que se relaciona directamente con el desarrollo de cada nación o territorio. Garantizar la seguridad alimentaria de los ciudadanos debe estar en el primer orden de las agendas gubernamentales en todos los niveles, desde los locales hasta el nacional.
Así lo ha entendido la Gobernación del Atlántico al buscar sinergias con el sector privado, con cooperantes internacionales y con las mismas comunidades para poner en la mira dos objetivos puntuales: construir dos comedores comunitarios en los municipios con mayor inseguridad alimentaria y un centro nutricional para familias.
El plan del gobernador Verano, más allá de la asistencia nutricional, es brindar formación autosostenible y de proyectos productivos a las familias atlanticenses, entendiendo que la meta de hambre cero en el departamento es una tarea que compete a todos los sectores y que demanda ingentes esfuerzos y recursos.
En el caso de Barranquilla, la capital de Atlántico ya ha dado pasos importantes en la lucha contra el hambre con programas como las huertas comunitarias, los comedores en las localidades para adultos mayores, el Plan de Alimentación Escolar, los desayunos gratuitos y otra serie de acciones con las que se han podido reducir ostensiblemente las cifras de inseguridad alimentaria.
Muchos factores entran en juego en la misión de combatir el hambre en un territorio, pero lo primero es definir el panorama real, reconocer cuántas personas ven privado su derecho al alimento y a partir de allí aunar los esfuerzos necesarios para trazar las estrategias que permitan erradicar, o al menos mitigar y reducir a su mínima expresión un problema social que afecta enormemente el desarrollo.
