Octubre de 2024 quedará tristemente marcado en el recuerdo de los colombianos por el dolor sucesivo que este mes produjeron las muertes de Sofía –desaparecida desde el 29 de septiembre y su cuerpo hallado el 17 de octubre–, Alexis, Santi y Susan, cuatro niños que de una forma imposible de entender fueron brutalmente abusados, torturados y asesinados en Villagorgona (Valle del Cauca), San Cayetano (Cundinamarca) y Engativá (Bogotá).
En el caso de Sofía, su confeso asesino, Brayan Campo, había sido acusado de acto sexual abusivo con menor de 14 años en 2018, y horas antes de desaparecer a Sofía había intentado raptar a otra menor de edad. Sin embargo, Campo tuvo la posibilidad de acercarse a la pequeña Sofía Delgado con total libertad.
El pequeño Alexis Delgado fue entregado en custodia a su tía y su pareja en 2022, cuando solo tenía siete meses de nacido. Su mamá fue señalada de consumir drogas y por eso las autoridades del municipio de Tocancipá tomaron la decisión. Lamentablemente, ya con 2 años, fue su tío político, al parecer, quien lo abusó sexualmente y torturó hasta matarlo. Lo más doloroso y trágico es que el dictamen de Medicina Legal indica que no lo habría hecho solo y que Alexis recibió de forma sistemática toda clase de maltrato.
Santi y Susan fueron golpeados y apuñalados por su propio padre, un hombre de 31 años que, según indicaron algunos conocidos, consumió drogas en el pasado y recibió o recibía tratamiento por problemas de salud mental, aunque nunca le vieron comportamientos violentos. Lo que sí tenía eran antecedentes judiciales por hurto, receptación y violencia intrafamiliar
Después de registradas estas tragedias, todos los caminos conducen a concluir sin mayor análisis y evaluación que estos niños estaban bajo riesgo, expuestos a la violencia dentro de su círculo cercano y, en el caso de Sofía, al alcance de un violador en libertad.
El cuadro dramático que retrata la cruda realidad de la violencia contra niños, niñas y adolescentes en Colombia lo completó en el mes de octubre el caso de la niña de 7 años en Sabanalarga, Atlántico, cuyos abuelos le causaron graves lesiones en su cuerpo, desde quemaduras de cigarrillo hasta desprendimiento de uñas y dientes. Qué relato más aterrador y perturbador. Afortunadamente en este episodio la menor fue rescatada y los responsables de torturarla y violentarla fueron capturados.
Bogotá se alista justamente para ser la sede– el 7 y 8 de noviembre– de la Primera Conferencia Ministerial Global para poner fin a las Violencias contra la Niñez (EVAC), convocada por los gobiernos de Colombia y Suecia, en asocio con la OMS, Unicef y el Representante Especial sobre la Violencia contra los Niños.
Este evento, en el que participan más de 193 países, es de gran relevancia, pues se propone abordar lo que la Organización Panamericana de la Salud denomina una tragedia global, en la tarea de darles un giro radical a las estrategias o soluciones de prevención comprobadas que apunten a que se cumpla el objetivo de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible relacionado con que todos los niños, niñas y adolescentes vivan libres de violencia.
Oportunamente, más de 230 representantes de diferentes sectores participaron en las mesas técnicas en las que se preparó el documento o manifiesto entregado al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y que se espera sea incorporado en el compromiso que el país asumirá durante la EVAC en línea con desarrollar un plan integral para dar cumplimiento a la política de Estado “Todos por la Infancia y la Adolescencia”.
Las escalofriantes y demoledoras cifras de la violencia contra nuestros menores colombianos deberían avergonzarnos como sociedad, a todos. Reportes de Medicina Legal indican que entre enero y agosto de este año han sido asesinados 375 menores de edad; la cifra se duplicó con respecto al mismo periodo de 2023, cuando se reportaron 607.
Y en lo relacionado con la violencia contra niños, niñas y adolescentes, el incremento entre enero y agosto fue del 23 %, al pasar de 3.998 casos reportados a 5.297 en 2024, casi que toda la cifra registrada el año pasado, que fue de 6.369.
La protección de los menores no puede ser un tema que se discuta o esté en la agenda pública cada vez que la tragedia de uno de ellos nos sacude. Los niños tienen derechos, legislación hay y abundante sobre su protección. Lo que queda es lograr que se vele por ellos y se hagan cumplir.
