Corre la cuenta atrás para que lleguen los recibos del injusto, ilegal, antitécnico e inequitativo cobro de valorización a más de 248 mil predios en Atlántico y Bolívar.

También se agota el tiempo para que la ciudadanía de los territorios que resultarán duramente impactados por el golpe de la contribución, dentro del área de influencia de la Vía al Mar y la Circunvalar de la Prosperidad, en el eje vial Cartagena-Barranquilla, despierte, reaccione y cierre filas en torno a la que debe convertirse en una causa común para rechazar la nueva afrenta calculada del Gobierno nacional.

En primer lugar, es preciso aclarar que no se pretende satanizar el mecanismo de la valorización, que ha demostrado ser un instrumento ciertamente útil para financiar proyectos estratégicos de infraestructura cuando se ha cobrado en el ámbito local. Obras trascendentes hablan por sí solas.

En el caso puntual de la Contribución Nacional de Valorización, lo que de ninguna manera se puede tolerar es la forma o el método usado por el Ministerio de Transporte para diseñar, estructurar o justificar el gravamen, con el que aspira recaudar casi $2,4 billones pasando por encima de la Constitución, y con evidente descaro.

Esta lógica lo único que ha hecho es generar malestar y desconfianza entre quienes han encendido alertas por las manifiestas inconsistencias.

En el rosario de abusos o atropellos de una contribución que a todas luces viola principios constitucionales en materia tributaria, en concepto de distintos equipos jurídicos, destaca el de la no retroactividad en los tributos. En ella se incuba la mayor ilegalidad, porque Invías cobrará un gravamen sobre un proyecto de doble calzada que, al margen de que esté inconcluso, lo cual no es menor, tuvo en su momento cierre financiero, se entregaron las actas de terminación en diciembre de 2021 y entró en operación en mayo de 2022. ¿Por qué son importantes las fechas?

Porque aunque el Ministerio de Transporte soporta jurídicamente el cobro en el artículo 249 de la Ley 1819 de 2016, una de nuestras muchas reformas tributarias, este fue ajustado en el Plan Nacional de Desarrollo (PND), aprobado en 2023, cuando se habilitó para que se pudiera hacer efectivo antes, durante y hasta cinco años después de entregada la obra.

En otras palabras, quieren imponerle en el 2025 a decenas de miles de personas el pago de una valorización retroactiva que no estaba regulada ni reglada cuando en 2013 se presentó el proyecto, y que tampoco fue socializada ni notificada con las comunidades, a las que ahora se les obliga a tributar.

Invías expidió un cartapacio de resoluciones para echar a andar su embeleco que por ningún lado tiene cómo sostenerse ni salir bien. A estas alturas no existe certeza alguna de que el recaudo, como pregonan voceros del instituto en sus raquíticas socializaciones, se reinvierta en las obras que demandan los habitantes de Atlántico y Bolívar.

Mucho menos se tiene claro a cuánto ascendería el monto de la contribución, estimado en fórmulas arbitrarias basadas insólitamente en avalúos comerciales, no catastrales, carentes de legalidad e incluso de sentido común, como la distancia del inmueble a la vía en cuestión: ¿dos o tres veces lo que hoy se paga por el predial?

Por mucho que se esfuercen en mostrar con eficiencia las supuestas bondades del proyecto piloto de su Contribución Nacional de Valorización, en el que terminamos siendo escogidos de rebote, aunque cabría pensar que también fue por pura inquina, la iniciativa que se clava directamente en la yugular de las comunidades afectadas, en sus aspiraciones de desarrollo turístico e inmobiliario, luce improvisada.

Convencidos como están de que la inconclusa vía le cambió la vida a sus vecinos se revelan profanos de la realidad socioeconómica que nos atraviesa.

El precio que nos quieren hacer pagar podría ser excesivamente alto. Quien no tribute, corre el riesgo de perder su predio. ¿Esta es, acaso, una forma de expropiación? O, ¿tratan de cuadrar caja haciéndonos pagar los platos rotos del reducido recaudo tributario y de sus cuentas alegres?

Solo queda aferrarse, cuál náufrago a su tabla, a las acciones jurídicas en curso que buscan frenar o tumbar el cobro. Por un lado, las interpuestas ante el Consejo de Estado que podrían suspenderlo, vía medidas cautelares. Por el otro, la admitida por la Corte Constitucional, presentada por el senador Mauricio Gómez, contra el artículo del Plan Nacional de Desarrollo que lo habilitó. Los ciudadanos pueden coadyuvar o sumarse a ella. Confiamos en una pronta justicia.

Que se oiga nuestra voz de profunda indignación, de un no rotundo a esta medida abusiva ante la que no cabe pasividad ni transigencia, en especial de los gobernantes. Se les nota apáticos. No nos entreguemos ni nos resignemos, declarémonos en pie de lucha, sobre todo por tanta gente desmoralizada por sus crisis que no aguanta un sablazo más.

EL UNIVERSAL y EL HERALDO juntamos fuerzas para visibilizar tan demoledor asunto que más temprano que tarde golpeará a otras regiones como destino inexorable. Les conviene estar atentos. ¡Es el momento de la unidad!