El sector de la construcción, puntualmente la vivienda, continúa sin levantar cabeza en Colombia. Luego de un fugaz repunte en agosto, cuando las ventas de vivienda nueva crecieron 5,7 % después de 25 meses de encadenar caídas, en septiembre la descolgada fue dura, de 15,6 %, el peor registro para ese mismo período de los últimos 10 años, según datos de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) que esta semana realiza su congreso anual en Barranquilla.

Esta crisis tan profunda como prolongada, que impacta a 36 subsectores a los que la construcción les demanda insumos, debería tener una respuesta desde la política, escenario propicio para construir los consensos necesarios que coadyuven a resolverla. Sin embargo, las señales que se perciben desde el Ejecutivo apuntan a generar más incertidumbre, a tal punto que la sensación que queda es que el Gobierno no puede o no tiene cómo materializar su compromiso de impulsar la vivienda como uno de los ejes de su ruta de reactivación para el desarrollo económico del país.

Pese a que el recorte de las tasas de interés del Banco de la República, a un ritmo más lento de lo esperado, y la llamada ‘guerra de tasas’ del sistema financiero allanaban el camino para incentivar la demanda y, de paso, reactivar las ventas del sector, el anuncio de una reducción en la disponibilidad de subsidios requeridos para el 2025 desinfló a las familias que desean comprar.

La alerta la lanzó hace unos días la ministra de Vivienda, Helga Rivas. Los interesados en adquirir su hogar propio quedaron notificados de que para el próximo año, únicamente, están asegurados 20.500 subsidios para el programa Mi Casa Ya, de los 50 mil anunciados por su cartera

En plata blanca, esto significa que el presupuesto se reduciría en un 39 %, pasando de $4,3 billones en 2024 a $2,6 billones en 2025. Si a esto le sumamos que al menos 6 mil ya están preasignados, la situación se torna aún más compleja para quienes apenas se lo están pensando.

Son tiempos de una apremiante estrechez fiscal por las razones que todos conocemos. Entre otras, las cuentas alegres hechas por el Gobierno que ahora por ningún lado le cuadran. En consecuencia, el Ministerio de Vivienda, sin recursos, deposita su confianza para honrar sus metas en una segunda reforma tributaria, la ley de financiamiento, que con el ambientazo que se respira en el Congreso la verdad no tiene su futuro garantizado. ¿Cuál es el plan B? ¿Regalías?

Buscar soluciones a un problema que golpea directamente al empleo tiene que ser una prioridad. Sin subsidios, Camacol anticipa un nuevo aumento en los desistimientos que lo más seguro es que se traduzca en una caída en los inicios de obra en 2025, que podría situarse por debajo de las 55 mil viviendas de interés social, un nivel que no se ve en el país desde los años 2010 y 2011.

Lamentable retroceso que destruiría unos 200 mil puestos de trabajo durante el próximo año en un sector que ya acumula serios estragos en esta materia. Solo en agosto, el Dane confirmó que la construcción sumó 84 mil nuevos desempleados, de ellos 79 mil en el segmento de vivienda, 59 % de ellos obreros, oficiales de obra y operarios de construcción que se fueron a la calle. Son los más humildes los que se llevan la peor parte de una crisis que aún espera soluciones rápidas, efectivas, al igual que concertadas, y que no admite groseros chantajes de ninguna naturaleza. Como si fuera poco el esfuerzo de este menguado sector que ha resistido los embates de la menor disposición de subsidios, elevadas tasas de interés y contracción de la demanda, ahora se ve obligado a lidiar con recientes medidas arancelarias, salvaguardias y gravámenes a productos importados de hierro, acero y aluminio, esenciales en construcción, que estiman aumentará sus costos, sobre todo para producir vivienda VIS, lo que podría desestimular proyectos de este tipo.

Programas como ‘Mi Techo Propio’, en el que el Distrito invierte $260 mil millones para entregar 10 mil subsidios, o los mejoramientos de vivienda, 30 mil en el cuatrienio por $720 mil millones, para familias de estratos 1 y 2 de Barranquilla. O ‘Mi Casa Bacana’, con el que la Gobernación hace lo propio, destinando $467.500 millones para los municipios, hacen del Atlántico un territorio resuelto a dignificar la vida de su gente, en tanto reactiva un sector que genera inclusión, empleo y crecimiento económico. Es un círculo virtuoso en el que todos son ganadores.

De poco sirve lanzar alertas cada cierto tiempo sobre las dificultades de un sector apaleado si no se actúa con decisión, concertando una estrategia responsable que encauce el rumbo. Indispensable la autocrítica. Esto no va de unos constructores codiciosos, como alguna vez dijo el jefe de Estado, sino de obreros sin trabajo, de familias sin casa digna, de una economía que perdió uno de sus grandes motores. Hacemos votos para que en Barranquilla se hallen las salidas que deberán adaptarse, en cualquier caso, a las limitadas asignaciones presupuestales de 2025 y 2026.