La opacidad o falta de transparencia con la que sus responsables han manejado a Air-e la han hecho prácticamente inviable. Con tan escasas garantías de futuro se hace indispensable alertar de la forma más enfática sobre esta situación antes de que sea tarde y nos sorprendan con el anuncio de una irreversible liquidación, lo cual sumiría a sus usuarios en un auténtico desastre.

Es indiscutible que la crisis de las tarifas de energía es de lejos, junto a la alarmante inseguridad ciudadana, la principal preocupación de la gente en el Atlántico. Desasosiego recalcitrante que muta en angustia cuando se acerca la fecha límite de pago y no se tiene con qué hacerle frente.

Así ha sido durante los últimos tres años, mientras la precariedad derivada de los altos costos de la energía consume a hogares, pequeños negocios e incluso grandes empresas. De manera que la urgencia de encontrar soluciones estructurales a un problema serio, de carácter económico, con enorme impacto social, se había convertido en un gran árbol que no nos dejaba ver el bosque.

La intervención de la empresa el 10 de septiembre comenzó a mostrar con claridad el laberinto sin salida en el que se encontraban sus usuarios, debido a prácticas incomprensibles, por decir lo menos, de quienes supuestamente exhibían capacidad y eficiencia para el manejo del negocio por su acreditada experiencia. Ahora sabemos que se metió un elefante en la habitación y no nos dimos cuenta. Aunque, también valdría decir, que algunos decidieron por voluntad propia mirar hacia otra parte, mientras este se pavoneaba por todos lados causando un tremendo estropicio.

Air-e, le aseguró a EL HERALDO su ex agente interventor, Carlos Diago, le fue entregada “sin sistemas comerciales, ni operativos, ni de gestión”, entre otras insólitas situaciones derivadas de un supuesto hackeo informático, a todas luces sospechoso, que habría desaparecido reveladora información financiera, contable y de facturación de la empresa. En esa misma línea, el ex superintendente de Servicios Públicos Dagoberto Quiroga nos dijo que Air-e no había hecho las inversiones acordadas en su contrato con el entonces gobierno de Iván Duque, para “disminuir pérdidas, mejorar redes de distribución, torres y transformadores”, en aras de optimizar servicio.

Vergonzante. También se habla de racionamientos programados disfrazados de mantenimientos o de intermediarios que incidieron en los precios especulativos de la energía, como lo investiga la Superservicios. ¿Qué otras maniobras desconocemos que repercutieron en la profunda crisis financiera, de calidad y cobertura en la prestación del servicio de Air-e? Su exgerente Santiago Posso desmiente los señalamientos, en tanto confirma deudas del sector oficial y de usuarios por 5,6 billones de pesos que, al final, los asfixiaron. Les haría bien una posición más autocrítica.

Digan lo que digan la gestión de Air-e ha sido calamitosa. El penoso espectáculo de acusaciones cruzadas, del que ahora somos testigos, aumenta la desconfianza y el hartazgo general ante los muchos asuntos pendientes que la empresa de energía debe solucionar para seguir siendo viable.

Su actual interventor, el ex viceministro de Trabajo Edwin Palma, dice estar comprometido con su saneamiento financiero, la solución de las crisis de tarifas y el servicio. Llama al diálogo para generar consensos. Pues, lo primero debe ser hablar con la verdad acerca de la realidad de la compañía, porque nos sentimos engañados, manoseados, además de maltratados. Usuarios, proveedores y demás agentes del sector tienen responsabilidades con Air-e para tratar de mantenerla a flote, eso es innegociable, pero la compañía debe dar el paso inicial siendo honesta sobre su realidad.

Demasiados signos nos causan desconcierto e indignación. Y no somos los únicos. Una recién conformada veeduría de los Intergremiales y las ANDI de Atlántico y Magdalena y las cámaras de Comercio de Barranquilla, Santa Marta y La Guajira hará seguimiento a la toma de posesión. EL HERALDO también conoció que la Creg investigará las inversiones de Air-e, su sistema de gestión de activos, eventos de discontinuidad para calcular indicadores de calidad, sus pérdidas y gastos.

No, el Gobierno nacional tampoco lo ha hecho bien en su intervención, que se inició hace dos meses. Persisten todos los problemas del primer día, entre estos el de la facturación. Diago, que funge ahora de ventilador, asegura que el Gobierno lo dejó a la deriva, pese a que sus decisiones, como la suspensión del cobro a terceros, acataban instrucciones del presidente Petro para reducir el costo de la tarifa. Niega lo de diferir la opción tarifaria a 10 años, que otros sí confirman.

Lo dicho, cuesta creer quién dice la verdad o quién aviva el fuego con nuevas mentiras. Entre tanta incoherencia, una actitud responsable. La del personero de Barranquilla, Miguel Alzate. Anticipa que la Creg, única entidad competente para solventar la crisis de tarifas, está a punto de desmontar el lacerante régimen especial para el Caribe y de regular la formación del precio en bolsa, dando cumplimiento a las medidas cautelares ordenadas por el Tribunal del Atlántico.

No había que reformar la Ley 142 de Servicios Públicos. Bastaba voluntad política, decisiones técnicas y, sobre todo, concertación con los agentes del sector. No podemos cantar victoria, pero gracias a la acción popular que liberó de ataduras o coacciones a los comisionados de la Creg se ve algo de luz al final del túnel. Claro que aún nos queda la penumbra de Air-e que la verdad nos espanta.